Izquierda Unida denuncia que la falta de control institucional deja en situación de vulnerabilidad estructural a miles de jornaleros migrantes en Huelva.
Podemos reclama un marco legal riguroso y controlado para frenar los abusos laborales en el campo onubense
Martes, 10 de junio de 2025. Izquierda Unida ha expresado este amartes su “más firme condena ante cualquier intento de vulneración de la dignidad y los derechos de todas las personas trabajadoras”. Así lo ha señalado su coordinador provincial en Huelva, Marcos Toti, en un comunicado oficial en el que la formación reclama una respuesta institucional urgente frente a las denuncias que vienen realizando sindicatos, colectivos sociales y medios de comunicación sobre la situación laboral en el campo onubense.
La organización afirma llevar años denunciando las condiciones que se producen en muchas fincas de la provincia, especialmente en lo que respecta a la recolección de frutos rojos. IU reclama “un mayor compromiso de la Inspección de Trabajo, las empresas, los sindicatos y los servicios públicos” para hacer frente a las malas prácticas descritas en múltiples informes y testimonios.
A juicio de Izquierda Unida, las evidencias demuestran que el modelo actual “no protege de manera eficaz los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, con especial impacto sobre los jornaleros migrantes del sector agrícola andaluz. En lo referente al sistema de contrataciones en origen, el comunicado advierte que “todo apunta a que el sistema GECCO perpetúa una relación de desigualdad extrema entre las empresas y las trabajadoras y trabajadores”. Según IU, este desequilibrio propicia posibles vulneraciones del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Extranjería y tratados internacionales firmados por el Estado español.
El documento también denuncia la falta de inspección, la pasividad institucional y la carencia de vías efectivas de denuncia, factores que, en conjunto, sitúan a miles de personas “en una situación de vulnerabilidad estructural”. Para IU, esta situación requiere una reacción política decidida. “Consideramos urgente una respuesta política e institucional a la altura de la gravedad de la situación”, señala el texto.
Marcos Toti afirma que la organización está promoviendo distintas iniciativas desde el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía y la Diputación Provincial para erradicar estas situaciones. “Huelva no puede consentir ser una provincia en la que se vulneren sistemáticamente los Derechos Humanos”, concluye el comunicado.
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