El trabajo periodístico, realizado junto a la Asociación de Mujeres Migrantes en Acción (Amia), aportó pruebas audiovisuales y documentales decisivas.
Los detenidos son el propietario y la responsable administrativa de SolyFres.
La información facilitada por La Mar de Onuba y Amia a la UCRIF incluye a más empresas y la investigación sigue abierta.
Jueves, 30 de octubre de 2025. La Policía Nacional ha detenido en Huelva a dos personas —el propietario y la responsable administrativa de la empresa Solyfres— por presuntos delitos de estafa, coacciones, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de las personas trabajadoras. La actuación policial, dada a conocer este jueves por la Policía Nacional, se basa en diligencias iniciadas tras la entrega, el pasado 24 de junio, de un expediente de investigación realizado por La Mar de Onuba ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de Huelva.
La documentación entregada por el director de esta revista incluye material audiovisual y documental aportado por víctimas y reunido en el marco de una investigación conjunta con la Asociación de Mujeres Migrantes en Acción (Amia), cuya colaboración permitió identificar, proteger y animar a varias personas trabajadoras para que denunciaran las prácticas que ahora motivan la actuación policial.
El procedimiento que describen las víctimas, y que figura acreditado en el material aportado por La Mar de Onuba a la Policía Nacional, combinaba ofertas laborales formalizadas por las empresas a petición de los empresarios ante la Subdelegación del Gobierno —resoluciones administrativas que habilitan a la persona trabajadora a solicitar el visado de entrada por motivo de trabajo— con exigencias económicas de cobro previo al acceso real al empleo. Varias personas han declarado haber abonado cantidades de hasta 6.000 euros por la formalización de estos contratos o por gestiones relacionadas con la regularización por arraigo laboral.
Además de esos pagos, los testimonios y la documentación entregados por esta revista y verificados por la UCRIF acreditan que el empresario obligaba a las víctimas a abonar de su bolsillo conceptos que corresponden a obligaciones empresariales —cotizaciones por Contingencias Comunes e IRPF—. Bajo esta práctica de llegaban a dar situaciones en las que no se alcanzaban las peonadas necesarias en un mes para la cuota establecida por el propietario de SolyFres, por lo que las nóminas salían “a devolver”, lo que obligaba a la persona trabajadora a abonar al empleador sin percibir salario real alguno por el trabajo realizado. El material aportado por La Mar de Onuba incluye grabaciones en las que se ve y escucha a las personas detenidas exigir esos pagos y mantener discusiones con empleados por las retribuciones y la falta de trabajo.
El conjunto probatorio implica a más de una empresa del sector, de modo que la instrucción policial permanece abierta en varias líneas y no se descarta la continuidad de detenciones a medida que avancen las diligencias. Según fuentes verificadas por La Mar de Onuba, las detenciones comunicadas esta semana corresponden a la parte de la investigación que afecta específicamente a SolyFres, cuyo expediente ya ha sido instruido y remitido al Juzgado. Paralelamente, la UCRIF mantiene otras actuaciones abiertas que afectan a otras personas y empresas del sector agrícola en la provincia.
Las víctimas identificadas en la investigación son personas migrantes procedentes de países no comunitarios que, por su situación administrativa o por el miedo a represalias, se mostraron inicialmente reticentes a denunciar de forma directa. La colaboración con Amia facilitó que estas trabajadoras accedieran a aportar pruebas y testimonios en condiciones de mayor protección; la documentación entregada y los testimonios protegidos han sido claves para que la investigación policial avanzara y se pudiera constatar la existencia de indicios suficientes de delito.
La operación se enmarca en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que contempla mecanismos de denuncia confidencial y medidas de protección a las víctimas. La intervención policial busca ahora clarificar el alcance de los hechos denunciados, determinar responsabilidades penales y localizar a todas las personas afectadas para garantizar su protección y acceso a las medidas que procedan.
La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando la llamada registrada en la factura telefónica.
Sea el primero en desahogarse, comentando