Mediadores del denominado plan Prelsi exigen a las trabajadoras firmar, bajo amenazas y coacciones, un misterioso documento del que no se entrega copia ni traducción.
la interprofesional de la fresa andaluza niega rotundamente los hechos, a pesar de múltiples audios y testimonios que confirman la veracidad de los mismos.
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Martes, 3 de marzo de 2026. Temporeras marroquíes contratadas en origen bajo el régimen Gecco llevan semanas (prácticamente desde el primer día de su llegada a España) contactando con organizaciones independientes para denunciar las condiciones de alojamiento, trato y trabajo que soportan en algunas fincas de frutos rojos de la provincia de Huelva. En la mayoría de los casos describen alojamientos indignos, trato humillante y jornadas laborales que, según relatan, no siempre se corresponden con lo establecido en la normativa vigente.
Las organizaciones que acompañan a las trabajadoras han trasladado varios de estos casos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y, en determinados supuestos, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Algunas explotaciones ya han sido objeto de inspecciones administrativas y advertencias formales, y en determinados casos se han visto obligadas a introducir mejoras en los alojamientos o afrontar sanciones económicas.
Es en ese contexto donde, según múltiples testimonios y más de una veintena de grabaciones de audio en poder de esta revista, comienzan a aparecer mediadores vinculados al Prelsi, el denominado Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad impulsado por el lobby patronal Interfresa. Su intervención no se dirige a investigar las condiciones denunciadas, sino a localizar a las trabajadoras que han contactado con asociaciones externas al sistema patronal.
Ese modo de actuación no es una descripción teórica. El pasado mes de enero, en una finca de la empresa Global Berries, el coordinador del dispositivo PRELSI, Youssef El Yaddoune, llegó a incautar el teléfono móvil de una trabajadora marroquí y revisar sus mensajes, fotografías y contactos delante del resto del contingente, en un intento de identificar quién había contactado con organizaciones externas y había hecho públicas determinadas condiciones de alojamiento.
En otras explotaciones agrícolas, las grabaciones en poder de esta revista muestran el mismo tipo de intervención. En varios de los audios aparece la voz del propio El Yaddoune dirigiéndose a las trabajadoras y reclamando información sobre quién ha hablado con asociaciones externas y advirtiendo de «consecuencias» por ejercer sus derechos libremente.
Las conversaciones siguen un patrón reconocible. Los mediadores recuerdan a las temporeras que el Prelsi es el único canal de mediación establecido por el propio sector y advierten de que recurrir a organizaciones independientes puede perjudicarlas. Sin embargo, esa afirmación es falsa: las trabajadoras son libres de solicitar asesoramiento, apoyo o mediación a las asociaciones, colectivos o personas que consideren oportunas. Ninguna norma limita ese derecho ni otorga al dispositivo patronal el monopolio de la mediación.
A continuación insisten en la necesidad de identificar a las trabajadoras que han hablado con colectivos ajenos al sistema. En algunos de los audios se llega a plantear la posibilidad de que el comportamiento de unas pocas tenga consecuencias para todo el grupo.
En ese mismo contexto, y según los testimonios y audios recabados por La Mar de Onuba, las trabajadoras son instadas a firmar un misterioso documento cuyo contenido desconocen. Según los testimonios recogidos, las temporeras reciben el papel para firmarlo sin que se les permita leerlo con detenimiento ni solicitar traducción. Tampoco se les facilita copia una vez firmado, lo que impide conocer posteriormente su contenido o consultar el documento con personas de su confianza. La exigencia de la firma se produce en presencia del conjunto del contingente y va acompañada de advertencias sobre las consecuencias de acudir a organizaciones externas o trasladar denuncias fuera de los canales controlados por las propias empresas.
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En algunos de los audios recopilados por esta revista se escucha incluso a responsables de explotaciones agrícolas expresar su malestar por las inspecciones recibidas tras las denuncias trasladadas por los colectivos de apoyo. Fuentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional han confirmado a esta redacción que en determinados casos ya se han producido intervenciones relacionadas con estas situaciones.
El lobby patronal niega los hechos
Mientras tanto, desde Interfresa se ha negado rotundamente a esta revista que el dispositivo Prelsi esté actuando de esa manera. Sin embargo, las grabaciones, los testimonios de las trabajadoras y el material documental recopilado a lo largo de las últimas semanas dibujan un escenario muy distinto, en el que el mecanismo de dizque mediación presentado por el lobby patronal aparece asociado a la identificación y presión sobre las temporeras que han decidido buscar ayuda fuera de los canales controlados por las propias empresas.
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