El PSOE denuncia que el PP ha aprobado la subida con “votos irregulares” y anuncia acciones judiciales.
Una década de deudas, refinanciaciones y promesas rotas desemboca en el golpe al bolsillo de los usuarios.
Martes, 29 de julio de 2025. El Pleno Extraordinario de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), celebrado este martes en Aljaraque, ha aprobado por mayoría el mayor incremento de tarifas del agua y los residuos de la última década. La subida, que oscilará entre el 22 % y el 106 % según los usos, afectará directamente a familias, pequeños negocios, comunidades de regantes y sectores productivos.
El equipo de gobierno del PP, que dirige la MAS, defiende que las nuevas ordenanzas aprobadas permitirán “asegurar la solidez económica de Giahsa” y “evitar nuevas deudas”, al tiempo que regulan la prestación patrimonial de los servicios de agua y residuos. También destacan que el paquete aprobado refuerza la digitalización y modernización de infraestructuras.
Para el PSOE, nada de eso justifica una votación que salió adelante gracias a 223 votos frente a 202, diferencia posible únicamente por los 51 votos de tres municipios (Cartaya, Palos y La Palma) cuya adhesión está impugnada judicialmente. El portavoz socialista, Juan Antonio García, ha denunciado que “se ha perpetrado lo que todos temían: el PP ha aprobado el tarifazo usando votos irregulares” y ha anunciado que acudirán a la vía administrativa y judicial.
García recuerda que dieciséis ayuntamientos presentaron alegaciones con base jurídica, técnica y social, todas rechazadas sin diálogo. El PSOE acusa al PP de incumplir su promesa de no subir el agua y de cargar su mala gestión “sobre el bolsillo de los ciudadanos”. La factura media de una familia de cuatro personas se incrementará en 6,95 euros al mes, según los propios cálculos de la Mancomunidad.
Los primeros avisos llegaron en 2011, cuando comenzaron las subidas drásticas, incluido un 25 % en 2012, seguidas en 2013 de un anticipo de cánones por 90 millones que hipotecó los ingresos futuros. Entre 2015 y 2018 se intensificaron las tensiones: municipios cuestionando el modelo y denuncias de contrataciones clientelares mientras la deuda crecía.
En 2019, en plena campaña, el PSOE aplicó una rebaja del 9 % y congeló las tarifas hasta 2024, una decisión que alivió temporalmente a los usuarios pero disparó el déficit. Las refinanciaciones de 2020 y 2021 aumentaron el malestar y en abril de 2022 se aprobó un préstamo de 91 millones con Banco Santander, advertido como ilegal por varios alcaldes y que agravó la carga financiera.
El cambio de gobierno en junio de 2023 llevó al PP a dirigir la MAS. Tras una auditoría que cifró la deuda en 167 millones, prometieron “poner orden”. Pero el primer intento de subida tarifaria a finales de ese año fracasó. En marzo de 2025, el pleno extraordinario aprobó el actual tarifazo, con subidas que llegan al 106 %, apoyado en los votos de municipios cuya incorporación está en los tribunales. Para el PSOE, es el desenlace de años de opacidad, refinanciaciones fallidas y promesas rotas.
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