Lunes, 24 de marzo de 2025. La inminente subida de las tarifas del agua por parte de la empresa pública Giahsa ha reavivado viejas tensiones en la provincia de Huelva. El pleno de la Mancomunidad de Servicios (MAS) –de la que dependen Giahsa y 67 municipios onubenses– votará este jueves unos presupuestos que incluyen un “tarifazo” del agua, tras cinco años de precios congelados. La medida llega envuelta en polémica: alcaldes que dimiten, acusaciones de “pucherazo” en la votación y advertencias sobre un posible intento de privatización futura del servicio. No es un episodio aislado. Al contrario, sirve de hilo conductor para repasar más de una una década larga de decisiones financieras discutibles y gestión opaca en Giahsa, una constante que ha trascendido los colores políticos tanto bajo gobiernos del PSOE como ahora del PP.
Giahsa-MAS: más de una década de polémicas bajo PSOE y PP
Un repaso cronológico permite identificar hitos clave que han mantenido a Giahsa en el ojo del huracán durante la última década:
2011-2013: Tarifas al alza y plan de adelanto de canon. Tras años de incrementos superiores a la media (solo en 2012 la factura subió un 25%), la MAS aprobó en 2013 la operación de adelanto de cánones hasta 2025 por ~90 millones. Esto disparó las tarifas de Giahsa muy por encima de las de Huelva capital y sentó las bases de la deuda actual.
2015-2018: Tensiones políticas y salida de municipios. Varias localidades mostraron su malestar con Giahsa; algunas, como Moguer o Palos, amagaron con abandonar el servicio público para concesionarlo a empresas privadas que ofrecían dinero inmediato. La dirección socialista de Giahsa negoció para retener a la mayoría, a veces con más concesiones financieras. También en este periodo se apunta a un incremento de personal en Giahsa previo a elecciones, lo que generó sospechas de nepotismo.
2019: Rebaja electoral de tarifas y refinanciación. Con vistas a las municipales de mayo, la MAS (PSOE) aprobó una reducción del 9% en las tarifas del agua, congelándolas hasta 2024, a la par que renegociaba deuda bancaria. La medida fue bien recibida por los usuarios pero comprometió aún más los ingresos de Giahsa en un contexto de aumento de costes. A corto plazo, sirvió para rebajar temporalmente el recibo; a largo plazo, agravó el déficit.
2020-2021: Rebelión por la refinanciación y crisis interna. La propuesta de capitalizar el canon 2026-2037 a través de un nuevo préstamo provocó una revuelta inédita: numerosos alcaldes del PSOE, así como de IU, Cs e independientes, expresaron su desconfianza y ausencia en el pleno de diciembre de 2020. La alcaldesa de Cañaveral de León, Mercedes Gordo, denunció “falta de transparencia” e “irregularidades” en la tramitación, llegando a impugnar la sesión. Pese a todo, en febrero de 2021 se aprobaron los polémicos presupuestos y se mantuvo la hoja de ruta hacia la refinanciación.
Abril 2022: Aprobación del préstamo de 91 millones. En un pleno controvertido, la MAS (aún presidida por el PSOE) dio luz verde a la macro-operación con Banco Santander . Las advertencias de ilegalidad por parte de PAGMAS y de Hernández Cansino quedaron registradas en acta, pero la mayoría de alcaldes votó a favor, influenciada por las urgencias económicas de sus ayuntamientos. Se consumó así una de las decisiones financieras más arriesgadas de la historia de Giahsa.
Junio 2023: Cambio de gobierno en la MAS. Las elecciones municipales alteraron el mapa político: el PP ganó alcaldías suficientes para controlar la Mancomunidad por primera vez en décadas. Diego del Toro (PP) asumió la presidencia de la MAS, heredando una Giahsa fuertemente endeudada. Se encargó una auditoría que cifró la deuda en 167 millones y reveló pérdidas importantes. El nuevo equipo directivo, con Santiago Ponce al frente ejecutivo, prometió “poner orden” en la empresa y garantizar “el mejor servicio al precio más justo”, aunque pronto matizó que sería inevitable subir tarifas.
Finales 2023: Primer intento de subir tarifas y oposición. En octubre se presentó un presupuesto para 2024 con una subida significativa de las tarifas (se habla de entre un 15% y un 20% de media). Sin mayoría asegurada –el PP aún no había incorporado a los nuevos municipios aliados–, la propuesta fue bloqueada por la oposición en bloque . La MAS tuvo que prorrogar las cuentas de 2023 y crear una mesa de trabajo para consensuar una alternativa, aunque dicho consenso nunca llegó.
Marzo 2025: “Tarifazo” en camino y ruptura total. Con Cartaya, Palos y La Palma ya en la MAS, el PP reactiva la subida de tarifas, esta vez con los votos garantizados. El resultado es una ruptura institucional: Punta Umbría inicia su salida de Giahsa por desacuerdo, el PSOE emprende acciones legales y acusa maniobras ilegítimas, mientras el PP insiste en la necesidad del alza para salvar a la empresa. La aprobación del tarifazo parece inminente, pero augura batallas judiciales y quizás más deserciones de municipios en el corto plazo.
El pleno extraordinario convocado para aprobar el presupuesto de 2025 de la MAS, y con él la subida de tarifas del agua, se prevé más que tenso. En febrero de 2024 ya se intentó sin éxito dar luz verde a un aumento de tarifas –unos “presupuestos del tarifazo”, como los calificó entonces el PSOE, pero el plan fue bloqueado. Ahora, con el PP al mando de la Mancomunidad y nueva mayoría absoluta, todo indica que el incremento de la factura saldrá adelante.
La clave ha estado en la incorporación estratégica de tres municipios gobernados por el PP –Cartaya, Palos de la Frontera y La Palma del Condado– a la Mancomunidad . Estas localidades se han adherido solo al ciclo del agua “en alta” (abastecimiento mayorista), por lo que sus vecinos no sufrirán la subida de tarifas, que afecta al ciclo “en baja” (distribución y saneamiento). Sin embargo, sus votos sí cuentan para aprobarla. El PSOE denuncia que el PP “ha buscado votos a costa de saltarse los estatutos” de la MAS, ya que ninguno de esos ayuntamientos ha cedido el ciclo integral completo, requisito teórico para formar parte. Los socialistas han llevado a los tribunales la entrada de Cartaya y anuncian lo mismo para Palos y La Palma. En Giahsa defienden la legalidad de la maniobra con un informe jurídico y alegan que “solo persigue ensanchar la base de la Mancomunidad, hacerla más fuerte y atractiva para los bancos”. Con todo, la jugada ha abierto una fractura interna sin precedentes.
El ejemplo más claro es Punta Umbría. Su alcalde, José Carlos Hernández Cansino, perteneciente al propio espectro conservador local, presentó su dimisión como consejero de Giahsa tras aprobarse preliminarmente la subida en el consejo de administración . Hernández Cansino anunció además que iniciará los trámites para sacar a Punta Umbría de Giahsa y municipalizar el servicio de agua . En una dura providencia, denunció que la gestión mancomunada “supone un coste añadido” para sus vecinos –vía tarifas e inversiones no proporcionales– y que el nuevo tarifazo “perjudica” gravemente al municipio . Por ello, plantea recuperar el servicio bajo un modelo propio que dé “el mayor beneficio… a los ciudadanos de Punta Umbría” .
El PSOE provincial apoya a los alcaldes críticos y advierte que esta subida es solo el primer paso de un plan oculto. A su juicio, “la única lógica es que el PP quiere cargarse Giahsa para decir que no funciona y privatizarla”, en palabras del portavoz socialista en la MAS, Juan Antonio García. De hecho, los socialistas temen que tras asfixiar financieramente a la empresa, se intente justificar su venta o concesión a manos privadas. Por eso, anuncian que “no se quedarán quietos” y que estudian incluso modelos alternativos de gestión pública del agua para frenar una eventual privatización. Todo apunta a un pleno bronco y a un escenario de confrontación judicial y política en torno al recibo del agua.
Las tarifas más altas: el agua onubense, a precio de oro
Más allá de la pugna política, los 150.000 abonados de Giahsa encaran una realidad incuestionable: ya pagan el agua más cara de la provincia, e incluso entre las más elevadas de España. Un estudio comparativo de FACUA Huelva publicado en 2024 reveló que, de las tres principales suministradoras onubenses (Giahsa, Aguas de Huelva y Aqualia), Giahsa es la más cara en todas las modalidades de consumo analizadas. Por ejemplo, para un hogar con consumo medio (9 m³ mensuales), un recibo de Giahsa ronda los 31,86 euros, frente a solo 22,04 € con Aguas de Huelva –un 30,8% menos–, según dicha comparativa . Con 13 m³ consumidos, la factura de Giahsa asciende a 44,76 €, un 25% más que la de la capital onubense.
Esta brecha tarifaria no es nueva. En 2013 ya se constataba la paradoja de que el agua en los pueblos era más cara que en la capital: las cuotas fijas de Giahsa resultaban hasta un 49% más gravosas que las de Aguas de Huelva , y la progresión de precios entre 2010 y 2013 alcanzó un +57% en municipios de la MAS, por un +30% en la ciudad de Huelva. En otras palabras, los vecinos de decenas de localidades llevan años soportando uno de los recibos más altos del país, pese a tratarse de una empresa 100% pública.
La inminente subida de 2025 llega, por tanto, sobre una base ya elevada. De aplicarse, encarecerá aún más un servicio básico que, en teoría, la gestión pública conjunta debería abaratar por economías de escala. Las quejas de asociaciones de consumidores y plataformas vecinales no se han hecho esperar. FACUA, por ejemplo, lleva tiempo denunciando las diferencias tarifarias en Huelva, e Izquierda Unida y otras formaciones han exigido sin éxito abaratar las tarifas en los últimos años. Ahora, ante un nuevo e inminente tarifazo, se reactivan plataformas de usuarios como PAGMAS (Plataforma de Afectados por Giahsa-MAS) y se anuncian movilizaciones para frenar el incremento. Muchos abonados se preguntan por qué pagan más que otros andaluces por el mismo agua y adónde ha ido a parar todo ese dinero.
Préstamos, refinanciaciones y cánones adelantados: la montaña de deuda
La respuesta a esa pregunta nos lleva al laberinto financiero de Giahsa. Detrás de las tarifas desorbitadas hay una losa de deuda acumulada tras sucesivas operaciones de crédito y fórmulas de financiación extraordinarias. Durante la década pasada, Giahsa –bajo la tutela de la MAS, entonces controlada por el PSOE– recurrió a una práctica controvertida para inyectar liquidez a los ayuntamientos mancomunados: el adelanto de los cánones demaniales. En esencia, la empresa pública abonó por anticipado a los municipios las contraprestaciones por la gestión del agua de muchos años futuros, a cambio de que dichos consistorios cedieran o renovaran sus concesiones.
La operación más sonada se cerró a partir de 2013, cuando Giahsa adelantó en un solo pago unos 90 millones de euros que las arcas municipales habrían debido recibir escalonadamente a lo largo de 15 años . Los alcaldes –de distintos signos políticos– aceptaron encantados esa inyección inmediata de dinero, que pudieron gastar libremente en sus pueblos . Pero nada es gratis: para obtener esos 90 millones, la empresa tuvo que asumir costes financieros muy elevados. Según investigaciones posteriores, los municipios consintieron una penalización cercana al 37% sobre el valor real de sus cánones . De hecho, si hubieran cobrado año a año hasta 2025, habrían ingresado más de 156 millones; al optarse por el pago adelantado, dejaron de percibir unos 64 millones en total . Esa diferencia se tradujo en deuda para Giahsa: de aquel macro-préstamo aún quedaban 54 millones por amortizar en 2021, con la deuda total de la empresa por encima de 70 millones de euros.
Lejos de enmendar el rumbo, en 2021 la dirección de Giahsa planteó repetir la jugada financiera. Con la concesión vigente hasta 2025, propuso capitalizar por adelantado el canon del periodo 2026-2037, es decir, volver a endeudarse para entregar dinero inmediato a los ayuntamientos a cambio de futuros ingresos. La operación implicaba otro desembolso millonario y un fuerte incremento de la deuda de Giahsa , a cambio de un “alivio” efímero de liquidez para los consistorios. Aunque esta vez se intentó maquillar destinando un tercio de lo cobrado a inversiones en redes de agua, muchos vieron el plan como pan para hoy y hambre para mañana.
Finalmente, en abril de 2022, y tras intensos debates, la MAS aprobó una nueva macro-refinanciación de la deuda, que incluía también ese canon adelantado. Se acordó un crédito de casi 91 millones de euros con Banco Santander. El desglose de la operación es revelador: 45 millones sirvieron para pagar deudas bancarias previas con la misma entidad (refinanciación de la refinanciación) y casi 19 millones se destinaron a pagar por adelantado el canon concesional 2026-2037 a los ayuntamientos . Es decir, más de la mitad del nuevo préstamo ni siquiera fue a mejoras del servicio, sino a tapar agujeros antiguos y a generar nueva deuda futura. Otros 27 millones cubrirían diversas inversiones y gastos, con un coste financiero global elevado.
Expertos y opositores critican que Giahsa optara por este endeudamiento privado cuando, al ser una entidad 100% pública, podría haber accedido a créditos oficiales con intereses mucho más bajos. La empresa, sin embargo, se escudó en considerarse “sociedad de mercado” (una empresa pública comercial) para eludir los límites de endeudamiento del sector público. Como garantía, se han llegado a hipotecar infraestructuras públicas –las redes de abastecimiento de los municipios– en favor de los bancos. Son movimientos financieros temerarios y poco comunes en una entidad pública de agua, y han generado profunda inquietud.
Círculo vicioso, deuda insostenible
Las consecuencias de este modelo financiero se sufren ahora. Giahsa se ha visto atrapada en un círculo vicioso de deuda: cada anticipo de canon proporciona liquidez a corto plazo, pero hipoteca ingresos futuros y exige asumir préstamos onerosos; unos años después, al faltar esos ingresos comprometidos, necesita nuevas refinanciaciones o subidas tarifarias para cuadrar las cuentas. Es, en efecto, una huida hacia adelante.
La propia dirección actual de Giahsa lo reconoce en parte. El PP asumió el control de la MAS tras las elecciones municipales de 2023 y, al auditar la empresa, declaró encontrarse un “pasivo financiero de más de 167 millones” de euros y pérdidas de 34 millones solo en 2022. “El auténtico lastre”, afirma el director ejecutivo, Santiago Ponce, “han sido las refinanciaciones y sus correspondientes comisiones e intereses”. Y es que Giahsa ha acometido en los últimos años hasta tres procesos de refinanciación, con un coste financiero altísimo en forma de intereses bancarios y gastos asociados. Por si fuera poco, en 2019 (bajo gestión socialista) se decidió rebajar un 9% las tarifas del agua y mantenerlas congeladas, coincidiendo con la reestructuración de la deuda. Aquella bajada “populista”, como ahora la tildan sus sucesores, redujo los ingresos justo cuando empezaban a subir los costes (impacto de la pandemia, inflación, etc.). El resultado: agravamiento del déficit operativo, estimado en más de 10 millones de euros anuales con las tarifas vigentes, lo que ha llevado a la “necesidad” de plantear la subida actual.
Así, la subida de 2025 no es sino el último capítulo de un modelo insostenible. Cada euro adelantado a los ayuntamientos acaba saliendo del bolsillo de los usuarios con creces, ya sea vía tarifas más altas o vía impuestos si la empresa necesita rescate. Los adelantos de canon generaron deuda; la deuda obligó a refinanciar; las refinanciaciones dispararon los costes financieros; y ahora esa losa se pretende aligerar con un tarifazo al consumidor. Es una cadena que muchos califican de círculo de deuda perverso, muy difícil de sostener a largo plazo en una empresa pública.
Opacidad y críticas desde todos los frentes
ℹ El PP de Huelva ya tiene fecha y hora para subirnos a todos el recibo del agua sobreinflado ya de por sí.
📌 Será este…
Publicada por Plataforma Afectados de Giahsa Y MAS en Lunes, 24 de marzo de 2025
Al margen de las cifras, Giahsa arrastra también un historial de gestión opaca que ha sido señalado repetidamente tanto por cargos públicos como por ciudadanos. Varios episodios han minado la confianza en los gestores de la empresa. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto de 2021 de Giahsa se realizó sin facilitar previamente la documentación completa a los alcaldes de la MAS, con la excusa de que algunos informes eran “confidenciales”, según admitió el entonces director ejecutivo, Manuel Domínguez Limón . Esto llevó a alcaldes de distintas siglas a protestar y, en un hecho poco usual, 16 regidores del PSOE (críticos con su propia dirección provincial) plantaron aquel pleno en señal de descontento . También ediles de Ciudadanos e independientes votaron en contra de unos presupuestos que consideraban poco explicados y faltos de información detallada.
La legalidad de algunas operaciones de Giahsa ha sido igualmente cuestionada. La refinanciación de 91 millones de 2022 se aprobó con informes en contra: un integrante de la plataforma PAGMAS y la alcaldesa de Cañaveral de León elevaron escritos advirtiendo que la operación “carece de base legal” y vulnera los principios de prudencia financiera exigibles a las empresas públicas . Argumentaban que, al no ser Giahsa una sociedad plenamente de mercado (opera en monopolio local y es 100% pública), no podía endeudarse libremente ignorando los límites normativos . Estas alegaciones fueron desoídas por la dirección de la MAS, que siguió adelante reivindicando para Giahsa el estatus de “productor de mercado” . Pero dejaron un poso de dudas. El propio Hernández Cansino –hoy uno de los abanderados contra el tarifazo– advirtió en 2022 a los miembros del pleno que, si votaban a favor de esa refinanciación millonaria, lo harían “a sabiendas de la ilegalidad” de la misma, y prometió acciones judiciales . La votación siguió adelante, pero aquella frase quedó resonando como seria advertencia.
Las críticas por la gestión de Giahsa han llegado de todos los ámbitos políticos y sociales, dependiendo del momento. Hubo un tiempo en que el PP arremetía contra el PSOE acusándolo de convertir Giahsa en su “caja chica”: se denunciaba que la empresa pública sirvió para financiar campañas municipales mediante esos cánones adelantados, e incluso que se infló la plantilla de trabajadores antes de elecciones para contentar a alcaldes y allegados. De hecho, Giahsa incrementó notablemente su número de empleados en vísperas de algunos comicios, una práctica que hoy investiga la oposición. Ahora, con el PP al frente de la mancomunidad, es el PSOE (junto a IU y asociaciones ciudadanas) quien denuncia opacidad en las decisiones, posibles incumplimientos legales (como la entrada de municipios “parciales” en la MAS) y el riesgo de que la empresa termine en manos privadas. El intercambio de acusaciones evidencia que, independientemente de quién gobierne, la gestión de Giahsa ha dejado mucho que desear en términos de transparencia y buen hacer.
La historia reciente de Giahsa evidencia que el problema trasciende el partidismo: tanto con gestores socialistas como populares, la empresa ha estado marcada por un manejo financiero temerario y poca transparencia. Las decisiones de adelantar fondos y endeudarse han tenido costes ocultos que ahora pagan los usuarios en sus recibos . Las sucesivas cúpulas directivas han priorizado a menudo resolver urgencias políticas o presupuestarias inmediatas –adelantando dinero a los ayuntamientos para cuadrar cuentas o ganar apoyos– en vez de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del servicio público de agua.
Mientras, el ciudadano de a pie se enfrenta a facturas elevadas y a la incertidumbre sobre el futuro del suministro. ¿Se estabilizará Giahsa saneando sus cuentas, o se usará su delicada situación como excusa para privatizarla? ¿Servirá la subida de tarifas para mejorar el servicio y reducir deuda, o será otro parche temporal? Son interrogantes legítimos tras años de promesas incumplidas.
Lo cierto es que Giahsa, concebida para gestionar de forma solidaria y eficiente el agua de decenas de pueblos, se ha convertido en sinónimo de controversia. La lección que deja esta larga década turbulenta es clara: sin una gestión responsable, transparente y orientada al interés público, ni las tarifas ni la confianza de los usuarios encontrarán el cauce adecuado. Por ahora, el “tarifazo” inminente vuelve a poner a prueba tanto el bolsillo de los onubenses como la credibilidad de sus gobernantes. Las próximas semanas dirán si este capítulo supone el principio de una rectificación en la trayectoria de Giahsa o simplemente otro eslabón en la cadena de errores que la han llevado a esta situación límite.
Giahsa, más allá del relato simplista
Por Juan Ignacio Tomico Santos – Gerente de GIAHSA entre 1992 y 2023
He leído con atención el artículo del señor Perico Echevarría, donde se ofrece un relato sombrío sobre la historia de GIAHSA y la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS). Agradezco el interés por una empresa pública que lleva más de tres décadas garantizando el acceso al agua y la gestión de residuos a miles de ciudadanos onubenses. Sin embargo, como responsable de su dirección desde su nacimiento hasta hace apenas dos años, me veo en la obligación de aclarar algunos aspectos fundamentales que ese artículo ignora o distorsiona.
1. ¿Qué es Giahsa y por qué se creó?
El artículo parte de una premisa incompleta: analiza Giahsa como si fuera el producto de una inercia política o un instrumento partidista, pero omite su razón de ser. Giahsa no es una casualidad ni una ocurrencia. Nació en 1992 para gestionar el ciclo integral del agua de forma pública, transparente y coordinada entre los ayuntamientos de la provincia. Entre 2007 y 2010 se impulsó la creación de la MAS para consolidar esa gestión pública a nivel provincial, frente al creciente interés de multinacionales del agua por hacerse con esos servicios.
En ese proceso, algunos ayuntamientos liderados por el PP, como Lepe, Moguer, La Palma o Bollullos, decidieron no integrarse en la nueva Mancomunidad y firmar contratos con empresas privadas por 25 años, a cambio de importantes sumas económicas. El artículo de Echevarría obvia esta parte esencial de la historia.
2. Los anticipos de canon: ¿pan para hoy, hambre para mañana?
El artículo carga contra las operaciones financieras de 2013 y 2022, describiéndolas como una «hipoteca a largo plazo». Pero no explica por qué se hicieron: fueron la respuesta legítima y avalada a un momento de extrema presión, en el que hasta siete municipios abandonaron la MAS, dejando la viabilidad de Giahsa en entredicho. Fue gracias a esas operaciones —transparentes y auditadas— que se pudo blindar la permanencia de más de 60 ayuntamientos y evitar la disolución del modelo público.
3. La deuda: ¿producto de la mala gestión o de la defensa de lo público?
Es fácil hablar de deuda sin explicar su origen. Giahsa ha impulsado infraestructuras clave que muchos municipios no habrían podido asumir individualmente: depuradoras, renovación de redes, mejoras ambientales, gestión de residuos. Sí, se asumió deuda, pero para estabilizar los servicios, no para tapar agujeros ni contentar a intereses privados. Además, esa deuda ha sido gestionada con rigor: en 2018 se rebajaron las tarifas un 9% gracias a la buena evolución financiera. Este dato también desaparece del análisis del señor Echevarría.
4. El presente: manipulación contable y mayoría artificial
El artículo termina alertando de una subida de tarifas provocada por la “herencia recibida”. Pero oculta que la propuesta actual de subida —cercana al 20% en recogida de residuos— se sustenta en una reestructuración de votos y una interpretación contable alterada, que hoy benefician a una nueva mayoría formada con municipios recién incorporados que ni siquiera reciben el servicio que votan. Una subida de tarifas no justificada técnicamente ni equilibrada territorialmente.
5. ¿Quién pone en riesgo GIAHSA?
Decir que Giahsa está al borde del colapso por su pasado es una conclusión apresurada. El verdadero riesgo para la empresa pública viene de quienes han intentado desde hace más de una década privatizarla pieza a pieza. Si la situación actual degenera en ruptura, no será por una deuda manejada con responsabilidad, sino por una visión que antepone el control político y el beneficio privado a la gestión solidaria de los servicios básicos.
En resumen, no se trata de negar errores ni de defender una gestión sin matices. Pero sí de exigir un análisis riguroso, con contexto y memoria. Giahsa no es solo una empresa pública: es el resultado de una apuesta colectiva por un modelo de gestión solidaria, que ha resistido ataques externos y presiones internas. Y merece algo más que un relato cómodo construido desde la distancia.