Aunque Valle García no está encausada judicialmente, sí está siendo investigada por presunta prevaricación en los contratos de emergencia que ha hecho el SAS desde 2021 hasta 2024, un caso denunciado por la asociación Justicia por la Sanidad que adelantó Luis Escribano en exclusiva en EL LIBRE hace años. Este mantenimiento en el cargo contradice la ley contra el fraude y la corrupción de Andalucía, que deja claro que «la actividad pública lleva aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular».
Jueves, 26 de junio de 2025. «Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha. La actividad pública no es una actividad cualquiera, debe llevar aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular». Estas tres frases están en negro sobre blanco en la página 5 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.
El Gobierno de Juanma Moreno impulsó esta ley con declaraciones contundentes del propio presidente de la Junta y del entonces consejero de Presidencia, Elías Bendodo (ahora diputado del Congreso por el PP): «Se acabó la época de la corrupción en Andalucía; «el copyright y los derechos de autor de la corrupción en Andalucía lo tiene el PSOE«; «todo se va a hacer, a partir de ahora, con transparencia y rigor»… Y, de repente, salió el escándalo de los contratos fraudulentos del Servicio Andaluz de Salud.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, del PSOE andaluz y teniendo en cuenta que la asociación Justicia por la Sanidad fue la primera que denunció judicialmente estas prácticas irregulares, el juez de instrucción 13 de Sevilla, Javier Santamaría, informó en noviembre del año pasado a la actual gerente del SAS, Valle García y a los exgerentes Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán que iban a ser investigados por un delito de prevaricación administrativa en los contratos de emergencia que ha hecho el SAS desde el año 2021 hasta 2024.
Diligencias por presunta prevaricación
Santamaría ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si, en el curso de las pesquisas, se aprecian otros delitos. De hecho, el PSOE andaluz considera que también existe «el delito de malversación de fondos públicos».
En una providencia, Santamaría también requiere a la Junta de Andalucía para que aporte todo expediente tramitado para su aprobación en Consejo de Gobierno desde el 6 de octubre de 2020 por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente.
Lo que dice la ley
La ley contra el fraude impulsada por el equipo de Juanma Moreno en 2021 deja claro que personas procesadas judicialmente no pueden ocupar un alto cargo en la Junta de Andalucía: «Con el fin de reforzar los medios de disuasión, prevención y actuación frente a la corrupción, la disposición final segunda modifica diversos preceptos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. Para ello se parte del principio de que los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía deben estar libres de cargos judiciales, estableciéndose la previsión de que no puedan ser nombradas para desempeñar un alto cargo las personas que se encuentren encausadas judicialmente o condenadas por su implicación en delitos relacionados con la corrupción, así como en otros delitos dolosos castigados con penas graves, o que conlleven la inhabilitación especial para empleo o cargo público o suspensión de empleo o cargo público, determinándose, en el supuesto de incompatibilidad sobrevenida, que la consecuencia será el cese en el nombramiento de alto cargo, lo que implica, a su vez, la necesidad de modificar la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo cual se realiza en la disposición final tercera».
Falta de ética
Ni Valle García, actual gerente del SAS, ni sus predecesores investigados están procesados a día de hoy, por lo que no se vulnera este párrafo de la ley. Pero sí están investigados por un juez. El espíritu que recorre los 38 folios que componen este texto, que en su día se tildó de «histórico», va en un solo sentido: el comportamiento de un servidor público debe ser intachable y debe estar «fuera de toda sospecha», como dice la propia ley, por lo que se infiere que García no debería seguir al frente del Servicio Andaluz de Salud. Los indicios encontrados por la Fiscalía Anticorrupción para que un juez realice una investigación formal en el SAS dista mucho del «proceder ético singular» del que habla la ley.
Valle García también debería haber dimitido (o haber sido cesada) por los malos resultados, por la mala gestión que se desprende de los últimos resultados de las listas de espera, por la opacidad con la lista de pruebas diagnósticas y por el malestar generado entre los pacientes y los profesionales sanitarios. «Mala gestión» son las dos palabras más declaradas a este periódico por médicos, TCAE, enfermeros, celadores y auxiliares en los últimos años.
La intención del Gobierno de Moreno Bonilla sería buena cuando se elaboró la ley, pero no ha impedido que la falta de ética y de transparencia sigan campando a sus anchas en la Junta de Andalucía.
@Francisconuba
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