El caso revela nuevamente los fallos estructurales del sistema de contratación en origen, donde la apariencia de legalidad y mediación oculta una red institucional que deja sin protección efectiva a trabajadoras vulnerables, incluso ante enfermedades graves.

La trabajadora repatriada no ha sido abandonada por un fallo individual ni por una negligencia aislada. Ha sido expulsada del país en plena fase de diagnóstico y tratamiento oncológico por decisión coordinada entre varios niveles del sistema institucional y patronal que rige la contratación en origen en Huelva.

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Miércoles, 4 de junio de 2025. Z.B., trabajadora agrícola marroquí contratada en origen mediante la conocida como Orden GECCO que regula la migración circular (o con «compromiso de retorno» tras el trabajo realizado), ha sido devuelta a Marruecos este martes, 3 de junio de 2025, tras una decisión ejecutada por el sistema PRELSI (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad de Interfresa). En el momento de su expulsión del país, y según consta en la documentación y testimonios a los que ha tenido acceso La Mar de Onuba, Z.B. había entrado en seguimiento activo por el servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva tras haber sido diagnosticada clínicamente con un carcinoma epidermoide de cérvix en estadio IVB, con hallazgos compatibles con diseminación metastásica pulmonar y otras lesiones asociadas.

El parte de alta hosptalaria emitida el 22 de mayo y las consultas posteriores confirmaron la gravedad del cuadro clínico, así como la necesidad de tratamiento paliativo bajo supervisión del comité de tumores del propio hospital. La paciente contaba con prescripción activa de medicación oncológica y analgésica, con validez extendida hasta el mes de septiembre. A pesar de ello, ha sido retirada del campo en el que residía y devuelta a su país de origen antes de que pudiera iniciar el tratamiento indicado por los servicios especializados del sistema público de salud español.

Z.B. fue atendida en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez tras varios meses de sangrado vaginal persistente y dolor pélvico. La exploración clínica inicial permitió detectar una lesión en el cuello uterino con signos de infiltración profunda, lo que activó de inmediato el circuito oncológico. En los días siguientes se realizaron diversas pruebas diagnósticas, incluidas exploraciones radiológicas y anatomopatológicas, que confirmaron un carcinoma de cérvix en estadio IVB, con afectación de órganos próximos y presencia de lesiones compatibles con diseminación metastásica pulmonar.

El equipo médico dejó constancia expresa de que se trataba de un proceso oncológico avanzado, y que la paciente debía ser evaluada por el comité de tumores para recibir tratamiento con quimioterapia paliativa. En la última consulta recogida, del 29 de mayo, se señala que la paciente vive sola, sin red de apoyo, y que acudió a la cita trasladada desde el campo por una persona que colaboró como intérprete. Se trababa de una de laspersonas mediadoras del Prelsi, contratadas por Interfresa.

Z.B. se encontraba por tanto en seguimiento activo por el servicio de Oncología Médica y a la espera de iniciar el tratamiento indicado por el hospital. Aun así, ha sido devuelta a Marruecos sólo cinco días después.

La temporera Gecco ha venido trabajando durante al menos siete campañas consecutivas en la empresa Berrys La Fontanilla S.L., en el marco del sistema de contratación en origen regulado por la Orden GECCO. Cuenta con tarjeta de identidad de extranjera (TIE) en vigor hasta el año 2028, lo que la sitúa formalmente dentro del régimen de trabajadora fija-discontinua.

Según los certificados de emitidos por Berrys La Fontanilla S.L., Z.B. acumula más de 180 días cotizados en los últimos cinco años. Este umbral legal le otorga, como a cualquier persona cotizante en el Reino de España, derecho a prestaciones contributivas, entre ellas la Incapacidad Temporal (IT) en caso de enfermedad o accidente, o pensión de invalidez por incapacidad permanente. Sin embargo, no consta que se le haya emitido parte de baja médica, a pesar del diagnóstico confirmado de cáncer en fase avanzada y de la indicación de tratamiento paliativo por parte del hospital.

El último Certificado de Empresa, indica como causa de extinción del contrato el “fin de la actividad” correspondiente a su condición de fija-discontinua, sin mención alguna al proceso clínico ni al estado de salud que, en el momento de su repatriación, ya era plenamente conocido por el sistema sanitario.

La ejecución de la repatriación ha sido dirigida, una vez más, por Youseff, el Coordinador del sistema PRELSI de Interfresa. Según un testimonio manuscrito remitido por una compañera de contingente, que obra en poder de La Mar de Onuba, fue Youseff quien ha obligado en la mañana de este martes a la trabajadora a subir al autobús que la ha llevado ya a Marruecos, desoyendo su voluntad expresa de permanecer en España para iniciar el tratamiento oncológico prescrito por el Hospital Juan Ramón Jiménez. La escena ha sido presenciada y confirmada por otras trabajadoras alojadas en la misma finca, que atestiguan la coacción sufrida.

Youseff, el brazo ejecutor del Prelsi

Youseff no es un nombre nuevo para quienes investigan los abusos estructurales del sistema GECCO. Su presencia aparece documentada, directa o indirectamente y desde hace varios años, en numerosos episodios de presión, control e intimidación a trabajadoras, especialmente en contextos de denuncia, enfermedad o conflicto laboral. Bajo su coordinación, el sistema PRELSI ha intervenido en situaciones donde el resultado ha sido la expulsión, aislamiento o silenciamiento de temporeras en situación de vulnerabilidad extrema.

Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad del lobby patronal Interfresa

El PRELSI no es un servicio público ni una herramienta de protección social. Se trata de un dispositivo privado creado por Interfresa, el lobby empresarial del sector del fruto rojo onubense, cuya función declarada es “garantizar la paz social y el bienestar sociolaboral” de las trabajadoras contratadas en origen. Sin embargo, su trayectoria operativa —y especialmente su actuación en este caso— refuerza la percepción de que su verdadero papel es contener, invisibilizar y neutralizar cualquier elemento que pueda cuestionar el modelo productivo dominante, incluso a costa de la salud, los derechos o la vida de las temporeras.

Que haya sido precisamente el PRELSI —y en concreto su máximo responsable operativo, Youseff— quien ha ejecutado el retorno forzado de una paciente oncológica diagnosticada con cáncer en estadio IVB no puede entenderse como un incidente aislado. Es la expresión más nítida de lo que ocurre cuando el poder institucional y económico se impone sobre el principio de humanidad.

La trabajadora repatriada no ha sido abandonada por un fallo individual ni por una negligencia aislada. Ha sido expulsada del país en plena fase de diagnóstico y tratamiento oncológico por decisión coordinada entre varios niveles del sistema institucional y patronal que rige la contratación en origen en Huelva.

Berrys La Fontanilla S.L., empresa empleadora directa, figura como responsable legal del contrato, del alojamiento, de la vigilancia de la salud laboral y de la extinción de la relación contractual. En su certificado oficial de empresa no se menciona en ningún momento que la trabajadora estuviera enferma, ni se activa el procedimiento legal correspondiente a una baja por incapacidad, a pesar de que su estado clínico está diagnosticado y documentado por el sistema sanitario público.

Interfresa, la gran patronal del fruto rojo andaluz, es la entidad promotora y financiadora del PRELSI. El retorno forzado ha sido ejecutado por su coordinador del sistema PRELSI, Youseff, bajo conocimiento de la situación médica de la trabajadora y en presencia de compañeras que atestiguan su oposición a marcharse. La figura institucional del PRELSI, en lugar de servir como red de apoyo, ha operado aquí como instrumento de expulsión encubierta.

El Servicio Andaluz de Salud, por su parte, había diagnosticado ya un cáncer de cuello de útero en estadio IVB, con sospecha de metástasis, y había activado la medicación correspondiente. La trabajadora ha dido repatriada cpntra su voluntad y antes de poder iniciar el tratamiento previsto. No consta que desde el hospital se activaran mecanismos para garantizar la continuidad del tratamiento en España ni para alertar a otras instituciones de la imposibilidad de retorno. El seguimiento asistencial quedó truncado.

Por último, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, autoridad competente en la gestión del sistema GECCO, fue advertida con antelación de la situación por la Asociación Amia. O al menos, su presidenta hizo varios intentos, a todas luces infructuosos, para lograrlo Pese a ello, no hay constancia pública de que se activara ninguna medida para frenar la repatriación ni para garantizar los derechos básicos de la trabajadora como paciente… y como cotizante en España.

Todo lo anterior permite afirmar que el retorno de esta mujer marroquí enferma de cáncer, cotizante del sistema, contratada en origen y con tarjeta TIE en vigor, ha sido, una vez más, producto de una cadena institucional perfectamente engrasada, que ha fallado en todos sus niveles. Una cadena que prioriza la gestión silenciosa del conflicto sobre la vida y la salud de una trabajadora en situación de extrema vulnerabilidad.

Como diría el clásico, un caso aislado.

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