Los Técnicos del Ministerio de Hacienda recuerdan que las presuntas irregularidades tributarias del monarca aún no han prescrito, por lo que pueden ser investigadas y sancionadas.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido a la Agencia Tributaria (AEAT) que investigue a Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Los funcionarios han hecho esta petición después de que la Mesa de Congreso haya rechazado la creación de una comisión de investigación sobre las actividades económicas del rey emérito y después de que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, llamada ahora Corinna Larsen, afirmase que la donación de 65 millones de euros que recibió desde una cuenta suiza fue un regalo del monarca.
Juan Carlos I todavía ocupaba la jefatura del Estado cuando realizó esa donación por lo que gozaría de inviolabilidad para iniciar acciones penales contra él, pero tras su abdicación en 2014 perdió la inmunidad o privilegio que impida la apertura de una causa penal contra él fuera de España incluso en relación a los presuntos delitos cometidos durante su mandato.
La donación de Juan Carlos I a Corinna “llevaría a conformar un presunto delito fiscal en el último ejercicio no prescrito administrativamente, es decir, el IRPF de 2015”, según aclara Gestha.
El fiscal Yves Berossa investiga la trama de los testaferros que salpica al rey emérito y el blanqueo de capitales que puede afectar también al primo del rey emérito, Álvaro de Orleans y Borbón. También mantiene abierta una causa desde 2018 en la que halló evidencias de una supuesta donación de 100 millones de dólares al monaca por parte del rey saudí Abdul Aziz Al Saud.
Gestha afirma que las declaraciones de varios implicados en el “caso de los testaferros y de los papeles de Ginebra” ante la Fiscalía helvética confirman sospechas “sólidas y suficientes” para que la AEAT ordene iniciar una investigación sobre Juan Carlos I, tal como haría con cualquier otro contribuyente, demostrándose así que ya no existen “escudos fiscales” ni siquiera para proteger a la Familia Real.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda recuerdan que las presuntas irregularidades tributarias del monarca, investigadas por el fiscal suizo Yves Bertossa, aún no han prescrito, por lo que pueden ser investigadas y sancionadas.
Gestha también se plantea investigar el “presunto delito fiscal agravado del IRPF de 2012”, que podría investigarse penalmente hasta 2023. Aunque los técnicos admiten que esas pesquisas dependen en buena medida de la “amplitud que el Tribunal Supremo, y en su caso el Tribunal Constitucional, otorguen a la inviolabilidad anterior a su abdicación el 19 de junio de 2014”.
El sindicato de funcionarios de Hacienda recuerda que el rey emérito podría haber incurrido en “infracciones tributarias muy graves e incluso además de un posible delito de fraude fiscal agravado” y considera que “podría determinarse un presunto delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones”.
Todas las personas implicadas tanto por su posible colaboración en los supuestos delitos como por no haber denunciado los hechos a pesar de ser conocedores de los supuestos negocios del rey emérito, deberían ser investigadas según los funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Gestha señala también la conveniencia de que el resto de los miembros de la Familia Real hagan públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que “zanje cualquier especulación o implicación en este caso o en el futuro”, especialmente tras haberse conocido la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Don Juan de Borbón, padre del rey emérito, dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas, en 2013.
Según la revista Forbes, la fortuna del rey emérito podría ascender a más de 2.000 millones de euros gracias a los negocios privados que el monarca ha mantenido a lo largo de los años.
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