La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía reclama que las medidas planteadas por la Consejería se concreten en subidas reales del precio/plaza y un sistema de revisión definido.
El sector advierte de la asfixia económica y del problema estructural de liquidez en septiembre, sin ingresos pese a depender totalmente de los pagos públicos.
Martes, 5 de mayo de 2026. La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía que concrete de forma “real y cuantificable” las medidas planteadas por la Administración para garantizar la viabilidad de las escuelas infantiles del primer ciclo (0-3 años), tras la reunión mantenida este lunes con el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada.
Según el comunicado remitido por la organización, el encuentro ha servido para poner sobre la mesa tres líneas de actuación por parte de la Administración: la actualización del precio/plaza para el curso 2026/27, la implantación de un sistema de revisión automática a partir de 2027/28 y la búsqueda de soluciones al problema de liquidez que afrontan los centros al inicio del curso.
Desde el sector se reconoce que estas propuestas suponen “un paso en la dirección correcta”, en palabras de su presidente, José Luis Victorio, pero advierten de inmediato que resultan insuficientes si no se concretan en cifras, plazos y mecanismos verificables.
La principal reclamación se centra en la actualización del precio/plaza. CEI-A considera imprescindible conocer el porcentaje exacto de incremento que la Junta está dispuesta a aplicar. El comunicado señala que no es equiparable una subida cercana o superior al 20 % frente a planteamientos inferiores, que, según el sector, no resolverían la situación de “asfixia económica” que atraviesan actualmente los centros.
En relación con el sistema de revisión automática previsto a partir del curso 2027/28, la organización insiste en que debe definirse el índice de referencia que se utilizará. Reclaman claridad sobre si la actualización se vinculará a los conciertos educativos o al IPC, al considerar que la falta de definición impide evaluar el alcance real de la medida.
El problema de liquidez constituye otro de los ejes centrales de la denuncia. CEI-A ha planteado que se adelante a septiembre una parte de la liquidación que los centros reciben habitualmente a finales de octubre. Según expone Victorio, el modelo de gratuidad vigente implica que las escuelas dependen completamente de los pagos de la Administración, pero sin ese adelanto deben asumir los gastos del inicio de curso sin ingresos durante semanas.
La organización advierte de que esta situación compromete directamente la viabilidad de los centros, especialmente en un contexto en el que los costes se mantienen mientras los ingresos se retrasan.
CEI-A reitera su disposición al diálogo con la Administración autonómica, pero subraya que el sector “no puede seguir sosteniéndose sobre medidas sin terminar de definir” y reclama decisiones concretas y aplicables en el corto plazo ante una situación que, según trasladan, “ya no admite más demora”.
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