Viernes, 7 de febrero de 2025. El pasado 30 de enero de 2025, el sacerdote de Valverde del Camino condenado en mayo de 2023 por abuso sexual a una menor fue expulsado de España. La sentencia, dictada hace casi dos años, establecía la expulsión del país como parte de la condena, pero en todo ese tiempo el religioso ha seguido en su puesto sin que el Obispado de Huelva tomara medidas.
Según comunicó la propia institución eclesiástica, no tuvo «conocimiento» de la sentencia hasta el 30 de enero de 2025, el mismo día de la expulsión del sacerdote. Un silencio llamativo para una organización que mantiene una red estructurada de comunicación interna y que no suele mostrar desconocimiento ante otras cuestiones que afectan a sus intereses. Apenas unas días antes, el obispo de Huelva manifestaba en una homilía su preocupación por la «pérdida de influencia» de la Iglesia y la «persecución» de la fe católica. Sin embargo, en este caso concreto, la Iglesia onubense sólo reaccionó cuando la expulsión del condenado se hizo efectiva y trascendió públicamente.
Tras la difusión del caso, el Obispado anunció la apertura de un expediente canónico sancionador y su remisión al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el órgano del Vaticano encargado de juzgar delitos graves dentro de la Iglesia. Además, indicó su intención de contactar con la víctima para «ofrecerle apoyo» y expresó su «condena enérgica» de los hechos.
El problema no es nuevo. La reacción tardía y la inacción ante casos de abusos por parte del clero han sido una constante en la Iglesia, tanto en España como a nivel internacional. En enero de 2025, el Tribunal de la Rota autorizó la reincorporación al ejercicio pastoral de un sacerdote de Valladolid condenado en 2021 por ciberacoso y abuso sexual a una menor de 13 años. Aunque el religioso cumplió su pena, la decisión generó polémica al permitir su vuelta a la actividad con menores bajo ciertas restricciones. Por otro lado, en Barcelona, un párroco fue detenido recientemente por presuntos tocamientos a dos jóvenes, uno de ellos menor, mientras seguía en activo dentro de su parroquia.
Estos casos reflejan un patrón preocupante: la Iglesia no actúa hasta que el escándalo es inevitable. La opacidad sigue siendo la norma, y las medidas disciplinarias, cuando llegan, lo hacen tarde y bajo presión externa. En Huelva, un sacerdote condenado por abuso sexual a una menor ha podido seguir en su puesto durante casi dos años sin que el Obispado lo «supiera». La pregunta que queda en el aire es si realmente no lo sabía o si, simplemente, prefirió no enterarse hasta que ya no hubo otra opción.
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