El Decreto de la Junta aviva el debate sobre la VPO
Jueves, 20 de marzo de 2025. El Decreto-Ley 1/2025, aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 24 de febrero, ha generado una intensa polémica al introducir modificaciones en la clasificación de municipios y los coeficientes aplicados al precio de las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Diversos colectivos y formaciones políticas han denunciado que la norma, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, provoca un incremento de precios que afectará a las familias con menos recursos.
El decreto reduce de cuatro a dos los grupos en los que se dividen los municipios andaluces para calcular el precio de las VPO, elevando el coeficiente máximo del 1,45 al 1,50 y estableciendo un mínimo de 1,30. Además, la medida amplía el límite de ingresos máximos para acceder a estas viviendas, pasando del 5,5 al 5,7 del IPREM en el régimen de precio limitado.
La consecuencia más inmediata es el encarecimiento del metro cuadrado en varias localidades andaluzas. En municipios como Alcalá de Guadaíra, San Fernando, Jerez de la Frontera, Moguer o Huelva capital, el precio máximo por metro cuadrado podría subir de 1.700 a 2.144 euros, lo que supone un incremento de hasta el 26% en algunas zonas. En términos prácticos, una vivienda de 90 metros cuadrados pasaría de 153.000 a 192.000 euros.
El decreto ha sido convalidado por el Parlamento andaluz el pasado 5 de marzo, en medio de críticas de sindicatos y colectivos sociales, que advierten de una posible especulación con las VPO si se permite que los precios sigan aumentando. Desde el Gobierno andaluz defienden la medida argumentando que busca adaptar la normativa a las necesidades actuales del mercado, aunque las voces disidentes insisten en que lo que realmente se necesita son políticas públicas que frenen la escalada de precios y garanticen el derecho a una vivienda digna.
La polémica sigue abierta y las protestas contra la normativa no cesan. Mientras tanto, los ciudadanos que aspiraban a acceder a una VPO en Andalucía se enfrentan a una realidad cada vez más costosa y difícil de asumir.
Desde Andalucía Por Sí (AxSí) han expresado su firme rechazo a esta medida, argumentando que contradice el objetivo de la vivienda protegida y perjudica a quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar.
«Instamos a la Junta de Andalucía a reconsiderar esta normativa y a trabajar en soluciones que realmente faciliten el acceso a la VPO sin aumentar su precio, garantizando así el derecho fundamental de todos los andaluces a una vivienda digna. Con esta medida lo que se consigue es ir contra el principio y el espíritu de la Vivienda Pública», ha declarado Christopher Rivas, Coordinador Nacional de AxSí.
Los andalucistas consideran que, lejos de ayudar a los jóvenes y familias en situación vulnerable, este decreto supone un retroceso en la política de vivienda pública en Andalucía. Según su comunicado, la solución pasa por fomentar la construcción de viviendas asequibles sin elevar los costes, asegurando así un acceso equitativo a la vivienda.
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