El colectivo sindical onubense reclama a la empresa los listados de trabajadoras fijas-discontinuas de contratación en origen tras detectar irregularidades.
Frutas El Curi fue objeto de inspección conjunta de ITSS y Guardia Civil en 2020, con propuesta de sanción por faltas graves y muy graves.
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Miércoles, 25 de febrero de 2026. “El Curi” no es un nombre neutro en el sector del fruto rojo onubense. Es el empresario que en un famoso programa de televisión de máxima audiencia reconoció que aplicaba “arrestos psicológicos” a sus trabajadoras marroquíes de “contrato en origen” (régimen GECCO). Y es también el propietario de la explotación que en 2020 fue escenario de una inspección conjunta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la Guardia Civil realizada en plena campaña de frutos rojos y de tintes berlanguianos, en la que cuando los inspectores y agentes avanzaban hacia los tajos donde decenas de jornaleras y jornaleros recolectaban fruta, al menos 21 personas migrantes echaron a correr y abandonaron la finca, llegó a sostener que serían “trabajadores de otra empresa” que se habían “equivocado”.
Según ha denunciado este miércoles Jornaleras de Huelva en Lucha – Sindical Obrera Andaluza, el mismo empresario ha respondido ahora que “dais mucho por el culo” cuando el sindicato le ha reclamado información sobre la contratación en origen activa esta campaña y sobre el respeto al orden de llamamiento de las trabajadoras fijas-discontinuas. En el comunicado difundido públicamente a través de sus redes sociales, el colectivo sostiene que El Curi también les ha dicho que “lo que tenéis que hacer es callaros la boca” al insistir en el acceso a los listados.
El sindicato explica que su intervención no ha sido genérica ni retórica. Afirma que ha solicitado expresamente los listados de trabajadoras fijas-discontinuas y el escalafón de antigüedad para verificar si el llamamiento se está produciendo conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo del Campo de Huelva. Jornaleras de Huelva en Lucha sostiene que ha detectado irregularidades en ese proceso y que, en una finca con contratación en origen en marcha bajo el régimen GECCO, el acceso a esa documentación es imprescindible para comprobar el respeto a los derechos laborales.
En su comunicado, el colectivo ha enmarcado su actuación en la mediación sindical previa a cualquier denuncia formal y ha subrayado que su función es fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral antes de acudir a las “vías establecidas”. Es en ese contexto, según el propio texto difundido, donde se ha producido la conversación con el empresario y los exabruptos que vuelven a situar su nombre en el debate público. Jornaleras de Huelva en Lucha ha concluido afirmando que “la impunidad con la que contaban se acabó”.
No consta, a fecha de esta denuncia pública, la apertura de un nuevo procedimiento administrativo vinculado a estos hechos. Sí consta que la explotación mantiene activa esta campaña la contratación en origen de trabajadoras marroquíes bajo el régimen GECCO.
Antecedentes polémicos sin aclarar
Los antecedentes de 2020 no fueron menores. Como informó entonces La Mar de Onuba, la inspección conjunta de la ITSS y la Guardia Civil en aquella campaña derivó en una propuesta de sanción por faltas calificadas como graves o muy graves. Entre las irregularidades detectadas o relatadas por trabajadores figuraban el cobro de hasta 50 euros mensuales por alojamientos en la finca, viviendas sin lavadora o sin agua caliente suficiente y sanitarios descritos como “un agujero en el suelo”, así como incumplimientos del Convenio Colectivo del Campo. También trascendieron denuncias sobre jornadas sin salario mientras otros trabajadores recolectaban fruta sin registro ni cotización.
En aquel episodio de 2020 no sólo intervino la Inspección de Trabajo. También trascendió que una mediadora de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), entidad contratada por la Junta de Andalucía para labores de mediación intercultural en el marco de la «contratación en origen», se personó en la finca a petición del empresario y afirmó actuar “en nombre del Gobierno andaluz”. Según la información publicada entonces y acredita un audio que obra en poder de esta revista, la mediadora presionó a varias trabajadoras marroquíes que una nueva visita de la Inspección podría acarrear una sanción “tan gorda” que obligaría a despedir a toda la plantilla. Aquella intervención se produjo en pleno proceso inspector y generó una fuerte controversia pública.
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