
Un acuerdo judicial pone fin a uno de los casos más polémicos de la política municipal de Huelva.
Miércoles, 16 de octubre de 2024. El denominado, caso Aljaraque ha llegado a su fin tras un acuerdo judicial que evita la celebración del juicio previsto para finales de 2024, según adelantaba este martes COPE Huelva. El caso, que salió a la luz en 2017, implicó a dos concejales de Sí Se Puede Aljaraque y a miembros del sindicato CCOO, acusados de ofrecer un puesto de trabajo a cambio de apoyo en una moción de censura, que permitió al PSOE mantener el control del Ayuntamiento. A pesar de las graves acusaciones, las penas impuestas han sido leves y no implican prisión efectiva para los acusados.
El «Caso Aljaraque» comenzó cuando dos concejales de Sí Se Puede se vieron implicados en una presunta oferta de empleo como parte de un pacto político que buscaba asegurar la continuidad del PSOE en el poder local. La moción de censura en 2017 fue el punto álgido del conflicto, y generó un gran revuelo en la política onubense.
Los audios que destaparon la supuesta trama fueron cruciales para revelar el posible delito de cohecho. En las grabaciones, se escuchan conversaciones clave que incriminan a los implicados en la oferta ilícita. A pesar de las pruebas, el proceso judicial ha concluido con penas considerablemente leves para los implicados.
Fuentes solventes consultadas por La Mar de Onuba confirman que los acusados, Pedro Escalante Gilete, Francisco Martín Orta y José Luis Rodríguez Vega, han reconocido los hechos, lo que ha permitido cerrar el caso sin juicio. Los acusados recibirán penas de un año de prisión (suspendida), inhabilitación para ejercer cargos públicos, y una multa simbólica. El retraso en el proceso judicial, que se extendió durante siete años, ha sido una de las claves para la aplicación de atenuantes en la condena.
El «Caso Aljaraque» ha dejado una mancha en la política local onubense, exponiendo las relaciones opacas entre partidos y sindicatos que, en muchos casos, continúan sin esclarecerse del todo. También ha sacado a la luz prácticas cuestionables en la política local, que han quedado en evidencia gracias a audios filtrados que mostraron las maniobras detrás de la moción de censura. Aunque las condenas se limitan a penas leves que no implican penas de cárcel, el impacto de este caso sigue resonando en el ámbito político de Huelva.
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