“No pedimos caridad, exigimos justicia”: las asociaciones convocantes denuncian el abandono institucional y la explotación estructural que sostiene el modelo agroexportador andaluz.
Sábado, 12 de abril de 2025. La Asociación Multicultural de Mazagón, la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han convocado para este domingo, 13 de abril, a las doce del mediodía, una concentración en el asentamiento de Las Madres, en el término municipal de Moguer (Huelva). La cita tiene por objeto denunciar públicamente las condiciones de vida en las que se encuentra una parte de la población migrante empleada cada año en el sector agrícola andaluz, especialmente en las campañas de frutos rojos en la provincia de Huelva.
El manifiesto que acompaña la convocatoria describe un modelo de producción agroexportador basado, en parte, en el trabajo de miles de personas que malviven en asentamientos informales, sin acceso a agua potable, electricidad ni saneamiento básico. Denuncia jornadas laborales extenuantes, contratos que no siempre se cumplen, abusos y acoso, todo ello dentro de un sistema que, a pesar de los beneficios económicos que genera, no ha garantizado condiciones mínimamente dignas para todos sus trabajadores.
El texto cita los datos de la última campaña agrícola: más de 1.200 millones de euros en ingresos en Huelva y más de 2.700 millones en Almería, mientras entre tres mil y cuatro mil personas trabajadoras residen en condiciones de chabolismo en la provincia onubense. Las asociaciones convocantes sostienen que no se trata de casos aislados, sino de una realidad estructural y sistemáticamente ignorada por las administraciones.
El manifiesto recuerda que en 2020 el relator especial de la ONU sobre extrema pobreza, Philip Alston, visitó los asentamientos de Huelva y calificó las condiciones como comparables con “las peores que he visto en otras partes del mundo”. Denunció, además, que ni las administraciones ni las empresas asumen responsabilidades, a pesar de los beneficios que obtienen del sistema. “Todos hacen la vista gorda”, dijo Alston. Y añadió que mientras las empresas agrícolas se lucran, sus trabajadores “viven como animales”.
Desde esa visita, las asociaciones denuncian que apenas se han habilitado alojamientos institucionales para unas 250 personas en la provincia. El resto sigue viviendo en asentamientos levantados con materiales de desecho, sin que las políticas públicas hayan ofrecido soluciones habitacionales dignas. A ello se suma la negativa, reiterada por parte de numerosos ayuntamientos, a empadronar a quienes viven en estos asentamientos, lo que priva a estas personas de derechos sociales, sanitarios y administrativos.
El manifiesto también denuncia la destrucción de chabolas y asentamientos completos por parte de las administraciones sin ofrecer alternativas, y señala que estas actuaciones han contribuido a cronificar el sinhogarismo en zonas agrícolas como Lepe, donde cientos de personas duermen directamente en la calle durante las campañas de recolección desde hace más de cuatro años.
Además, las asociaciones convocantes cuestionan el discurso repetido por la patronal sobre la falta de mano de obra local. Señalan que esa afirmación oculta las razones reales por las que muchas personas rechazan trabajar en el campo: condiciones indignas, salarios bajos y falta de derechos. En ese contexto, miles de personas migrantes en situación de vulnerabilidad aceptan lo que otras no están dispuestas a aceptar.
El texto hace hincapié en que esta situación no es fruto del descontrol, sino de un modelo económico organizado para maximizar beneficios a costa de la precariedad. Denuncia también el impacto ambiental de los cultivos intensivos y la proliferación de vertederos incontrolados de plásticos y envases de productos fitosanitarios.
Las asociaciones convocantes afirman con rotundidad: no piden caridad. Exigen justicia. Reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos laborales, acceso real a una vivienda digna, protección frente a la violencia de género en el ámbito agrícola, corresponsabilidad pública y empresarial, y la regularización de todas las personas que actualmente trabajan sin permiso de trabajo. Acusan a las empresas de mirar hacia otro lado mientras se benefician del sufrimiento de estas personas, y a las instituciones, de desentenderse y delegar sus responsabilidades en ONGs y voluntariado.
Han manifestado su apoyo a la convocatoria ¡formaciones políticas como Adelante Andalucía o Podemos, así como otros colectivos sindicales y ciudadanos. Pero, como recuerdan desde la Asociación Multicultural de Mazagón, AMIA y APDHA, lo importante no es quién firma. Lo importante es que se escuche a quienes viven allí. Que se mire a la cara al sistema. Y que se deje de normalizar lo insoportable.
Firmantes: Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación de Mujeres Inmigrantes (AMIA), La Carpa, La Mar de Onuba, Podemos, Sindicato Unitario, Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Heriarte, La Plaza (Sevilla), Plataforma Somos Migrantes, Izquierda UNIDA, ASNUCI (Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad), Centro Andaluz del Pueblo, Ecologistas En Acción, Alianza por la Solidaridad, RED sos Refugiados Europa, Partido Comunista, Solidaridad Internacional Andalucía, Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global, Asociación de Malienses de Mazagón, Secretariado de Migraciones de Huelva, Iniciativa del Pueblo Andaluz, CGT Enseñanza Huelva, Ayre Solidario, Traperos Emaus, Asociación de Senegaleses Onubenses, Asociación de Mujeres Esmeralda, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Poetas de Huelva por la Paz, Plataforma Huelva con Palestina.
Sea el primero en desahogarse, comentando