Docentes se concentran en Huelva contra el decreto de Zonas de Transformación Social por el bloqueo de plazas y la financiación de la compensatoria

CSIF, ANPE, CCOO y UGT rechazan el texto en tramitación al considerar que puede inmovilizar miles de puestos y limitar la movilidad del profesorado

Las organizaciones cuestionan la falta de transparencia en la designación de centros ZTS y advierten de que el modelo no garantiza financiación estable con fondos propios más allá de 2027

ACTUALIDAD | EDUCACIÓN

Docentes se concentran en Huelva contra el decreto de Zonas de Transformación Social por el bloqueo de plazas y la financiación de la compensatoria

CSIF, ANPE, CCOO y UGT rechazan el texto en tramitación al considerar que puede inmovilizar miles de puestos y limitar la movilidad del profesorado

Las organizaciones cuestionan la falta de transparencia en la designación de centros ZTS y advierten de que el modelo no garantiza financiación estable con fondos propios más allá de 2027

Los sindicatos CSIF, ANPE, CCOO y UGT se han concentrado este miércoles ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva en defensa del mantenimiento de los recursos destinados a los centros de educación compensatoria y del derecho a la movilidad del profesorado, en el marco del rechazo al Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) que la Consejería mantiene en tramitación.

La convocatoria en la capital onubense se ha desarrollado de forma simultánea ante las delegaciones territoriales en las ocho provincias andaluzas. Las cuatro organizaciones, presentes en la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía, han expresado su oposición al texto normativo al considerar que, tal y como está planteado, afecta a derechos laborales del profesorado y no garantiza la dotación de recursos con la que cuentan actualmente los centros de compensatoria .

Según han trasladado las centrales sindicales, la red de educación compensatoria ha sido durante décadas una herramienta destinada a garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado en contextos de especial dificultad, por lo que sostienen que cualquier modificación normativa debería reforzarla y ampliarla, y no sustituirla ni debilitarla .

El núcleo del conflicto se sitúa en el decreto de Zonas de Transformación Social en tramitación. Los sindicatos denuncian que la Administración ha adoptado de forma unilateral una medida que permite que, en los centros ZTS considerados de difícil desempeño, la cobertura en comisión de servicios de puestos del equipo directivo pueda conllevar el bloqueo de miles de plazas docentes cada curso dentro de los procedimientos de colocación .

Además, critican que el modelo carece de transparencia suficiente para determinar qué centros podrían acogerse a esta figura. Según exponen, no se hacen públicos los centros afectados ni se cuantifican ni facilitan datos objetivos a la parte social que permitan verificar qué centros cumplen los criterios establecidos por la Administración. A juicio de las organizaciones, esa ausencia de información elimina mecanismos de control y abre la puerta a decisiones discrecionales .

En el plano de los recursos, las organizaciones sindicales sostienen que el texto supone un retroceso respecto al modelo actual de compensatoria, al no asegurar financiación estable con fondos propios de la Junta de Andalucía. Señalan que gran parte de las medidas previstas se sustentan en fondos europeos cuya vigencia alcanza hasta 2027, sin que el decreto garantice su continuidad con financiación autonómica una vez concluido ese marco temporal .

CSIF, ANPE, CCOO y UGT han subrayado que la mejora de la calidad educativa del alumnado más vulnerable es un objetivo irrenunciable, pero han advertido de que la reducción de recursos y las limitaciones a la movilidad del profesorado no contribuyen a ese fin y afectan a derechos como la conciliación familiar y laboral .

Asimismo, recuerdan que cualquier medida relativa a la provisión de puestos y a la organización interna de los centros debe ajustarse a los principios de objetividad, transparencia y publicidad. Desde su posición, la mejora de los centros de especial dificultad pasa por reforzar las condiciones laborales del profesorado y de los equipos directivos destinados en ellos, atendiendo a la complejidad del desempeño y dotando adecuadamente los proyectos educativos adaptados a las necesidades del alumnado .

Las centrales sindicales aseguran haber mantenido una actitud de diálogo y negociación hasta el último momento, pero sostienen que, ante la falta de receptividad de la Consejería a sus propuestas para salvaguardar derechos ya adquiridos y garantizar los recursos actuales de los centros, se han visto obligadas a impulsar movilizaciones. No descartan intensificar el calendario de protestas si el decreto definitivo no incorpora los cambios que reclaman .