La patronal del pequeño comercio denuncia competencia desigual entre plataformas digitales y comercio de proximidad
Domingo, 4 de enero de 2026. Comercio Andalucía, la confederación que agrupa a asociaciones del pequeño y mediano comercio de Andalucía, ha puesto este domingo el foco en un problema concreto del comercio electrónico: la ausencia de una regulación específica que obligue a informar al consumidor cuando los precios se fijan o modifican mediante algoritmos.
El planteamiento del sector parte de una realidad que la normativa actual no aborda de forma expresa. La legislación reconoce la libertad de fijación de precios, pero no establece obligaciones claras cuando esos precios se determinan de forma automatizada, varían en función del perfil del usuario o se ajustan en tiempo real mediante sistemas que el comprador no puede conocer ni auditar.
Desde el pequeño comercio se señala que esta laguna normativa no existe en la venta presencial. En los establecimientos físicos, los precios deben ser visibles, estables y verificables, y están sujetos a controles administrativos. En el entorno digital, en cambio, pueden cambiar sin aviso y sin que el consumidor tenga información suficiente para saber por qué paga más o menos por el mismo producto.
Comercio Andalucía sostiene que esta situación genera una doble distorsión. Por un lado, afecta a los derechos de las personas consumidoras, que pierden capacidad de decisión informada. Por otro, introduce una competencia desigual entre el comercio de proximidad y las grandes plataformas digitales, que operan bajo exigencias informativas y de control sensiblemente inferiores.
La confederación no cuestiona el uso de herramientas tecnológicas ni la digitalización del comercio. Su reclamación se sitúa en el terreno regulatorio: definir qué límites deben tener los precios personalizados, qué información debe recibir el consumidor cuando intervienen algoritmos en la fijación de precios y qué mecanismos de supervisión pública deben aplicarse para evitar prácticas opacas.
El pequeño comercio andaluz reclama así que el mercado digital deje de operar en un marco de indefinición normativa y que las reglas que rigen la transparencia de precios y la protección del consumidor sean equivalentes para todos los operadores, con independencia de que vendan desde un escaparate físico o a través de una plataforma on line.
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