La Asociación de Vecinos Santa Ana anuncia a La Mar de Onuba que no se cobrarán más alquileres y reclama al Consistorio que asuma de una vez su responsabilidad. Si no hay una solución institucional, advierte, la asociación renunciará a toda vinculación con las pistas municipales.
Vecinos y familias del barrio denuncian que los cobros ilegales continúan, que hay conflictos reiterados y que el supuesto gestor mantiene el control de las instalaciones sin autorización
El Ayuntamiento de Huelva asegura que no ha autorizado cobros por el uso de las pistas y recuerda que las asociaciones vecinales no pueden delegar esa gestión económica
El cobrador y responsable de mantenimiento de las pistas afirma que siempre ha actuado con conocimiento del Ayuntamiento y sin respaldo formal, niega las acusaciones de abuso y dice sentirse abandonado, al tiempo que responsabiliza al Consistorio de haber tolerado la gestión irregular.
Carta del Director…
Cuando nadie encienda las luces
Viernes, 2 de mayo de 2025. La situación en las pistas deportivas municipales del barrio onubense de El Matadero continúa sin resolverse. Así lo denuncian de nuevo vecinos y vecinas de la zona, que han remitido esta misma mañana un escrito a medios de comunicación para alertar de que persisten los cobros ilegales por el uso de las instalaciones, el control arbitrario del acceso y la inacción de las instituciones responsables. En el comunicado, las familias aseguran que han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento de Huelva una intervención urgente que garantice el uso libre y seguro de las pistas.
Según el comunicado, el detonante más reciente tuvo lugar este miércoles, cuando un grupo de jóvenes que se encontraba jugando fue interrumpido por otro que, según testigos, había pagado al supuesto responsable para alquilar la pista. La situación derivó en un conflicto que obligó a llamar en tres ocasiones a la Policía Local. Finalmente, los primeros usuarios abandonaron el lugar para evitar un enfrentamiento mayor. El supuesto gestor, señalan los vecinos, ni devolvió el dinero ni intervino para resolver la disputa. Al término del encuentro, y cuando los jóvenes que habían pagado pretendían seguir jugando sin realizar un nuevo pago, se limitó a apagar las luces y abandonar el lugar.
Según el escrito recibido este viernes, este mismo individuo continúa gestionando las instalaciones como si fueran de su propiedad. Cobros por jugar, decisión unilateral sobre quién accede y quién no, y uso preferente de la pista para él y su entorno los fines de semana a cambio de dinero, son algunas de las prácticas que los vecinos denuncian como cotidianas en un espacio de uso público que debería estar al servicio del barrio, especialmente de su juventud.
Una irregularidad sostenida en el tiempo
Esta no es la primera vez que la vecindad del Matadero denuncia la situación. En las últimas semanas, asociaciones, grupos políticos y residentes han alertado de que una persona ajena a la Administración ejerce el control de estas instalaciones, exige pagos y restringe el acceso según criterios propios. El Ayuntamiento, por su parte, ha reconocido que no existe ninguna autorización municipal para que se cobre por el uso de las pistas, y que las asociaciones de vecinos no pueden ceder su gestión económica a terceros. Lo hizo por escrito el pasado mes de marzo, en una comunicación firmada por la concejala de Deportes, María de la O Rubio Saavedra. A pesar de ello, y de que el problema es conocido desde hace tiempo, no se han adoptado medidas efectivas.
En conversación mantenida este viernes con esta redacción, José Luis Rebollo, representante de la Asociación de Vecinos Santa Ana, ha confirmado que la gestión de hecho la asume Miguel Ángel, vecino del barrio, quien cobra directamente a los usuarios, sin contrato ni fiscalización, y sin que la asociación reciba ingreso alguno. Rebollo reconoce que la práctica es irregular, pero defiende que fue una solución transitoria adoptada ante la ausencia de personal municipal y que ha sido trasladada al Ayuntamiento, sin objeciones por parte del Equipo de Gobierno.
El representante vecinal explicó además que la asociación ha dado, hoy mismo, instrucciones para que se suspenda cualquier cobro por el uso de las pistas a partir de este mismo viernes. Según indicó, la medida se mantendrá hasta que el Ayuntamiento formalice, por escrito, la fórmula de gestión de la instalación en la reunión prevista con la concejala de Deportes para el próximo martes. Si no hay una solución institucional, advierte, la asociación renunciará a toda vinculación con la pista.
“Esto es alegal”
En una grabación obtenida por esta redacción el pasado 26 de marzo, el propio Miguel Ángel reconoce que no tiene permiso formal para gestionar las pistas ni para cobrar por su uso. Asegura que fue la propia asociación vecinal la que le cedió la responsabilidad, tras ser autorizada informalmente por el Ayuntamiento para hacerse cargo de las instalaciones. “El Ayuntamiento te da permiso para que la asociación lo gestione… y como no hay dinero se lo cede a una persona”, afirma en el audio. A la pregunta sobre si tiene autorización para cobrar, responde: “Permiso exacto de que cobro y hago, no, eso no lo hay… Esto no es ilegal, es un poco alegal”.
En conversación telefónica mantenida también este viernes, Miguel Ángel insistía en la misma idea: “Eso está en conocimiento del Ayuntamiento, de la concejala de Deportes, y permitido”. Aunque admite que no existe autorización documentada, asegura que la gestión actual viene produciéndose desde 2013, tras la disolución del Patronato de Deportes, y que ocurre del mismo modo en otras pistas municipales. “Lo único que hacemos es cubrir la limpieza, abrir, cerrar, encender luces”, señala. Su versión, sin embargo, contradice el contenido explícito del comunicado firmado por la concejala: “No se ha autorizado, bajo ninguna circunstancia, el cobro de tasas por el uso de las pistas deportivas situadas en nuestros barrios por parte de personas en las circunstancias que se indican”.
Un vacío institucional que nadie cubre
A día de hoy, las pistas deportivas del Matadero permanecen bajo el control de una persona sin relación contractual con el Ayuntamiento, sin autorización formal y sin que exista un mecanismo oficial de control, supervisión o fiscalización de su actividad. La asociación de vecinos ha reconocido que no puede asumir esa tarea. El Ayuntamiento ha reiterado por escrito que no ha dado autorización para que se cobre. Pero ni una parte ni la otra han adoptado medidas para revertir una situación que se arrastra desde hace más de una década, y que en las últimas semanas ha generado episodios de tensión entre jóvenes, intervención policial y una campaña de recogida de firmas promovida por la propia ciudadanía.
Frente a esta realidad, los vecinos denuncian que las pistas están “secuestradas” por una gestión arbitraria, al margen de cualquier marco normativo. Y, como advierten en su nuevo escrito, seguirán reclamando lo que consideran justo: que el uso de este espacio público sea libre, gratuito y seguro, sin que nadie tenga que pagar por acceder a lo que ya es de todos.
Miguel Ángel afirma que siempre ha actuado con conocimiento del Ayuntamiento y sin respaldo formal
Niega las acusaciones de abuso y dice sentirse abandonado
Responsabiliza al Consistorio de haber tolerado la gestión irregular
Miguel Ángel, vecino del barrio de El Matadero, lleva años abriendo y cerrando la pista deportiva municipal, organizando los turnos para su uso y encargándose del encendido de las luces. En conversación con esta redacción, asegura que ha venido ejerciendo ese papel con conocimiento tanto del Ayuntamiento de Huelva como de la asociación vecinal Santa Ana. Sin contrato, sin sueldo y sin respaldo formal, sostiene que ha cubierto un vacío que ninguna institución ha querido asumir: “Esto debería estar regularizado, pero se ha hecho así para evitarle al Ayuntamiento un gasto”.
No niega que haya cobrado por el uso de la pista, pero insiste en que nunca ha sido con ánimo de lucro ni al margen de lo conocido por quienes tienen responsabilidad pública. “Ojalá me hubieran dado de alta y me hubieran dado un sueldo, y la pista fuera gratuita para todo el mundo”, mantiene. Según su relato, la gestión informal ha permitido que las pistas funcionaran, que no estuvieran abandonadas y que los usuarios supieran a quién dirigirse para utilizarlas.
Quien ha ejercido ese papel de gestor asegura que ha estado solo. “No tengo contrato, no tengo sueldo. Estoy tragando carros y carretas”, repite. Desde su punto de vista, quienes ahora le denuncian lo hacen sin conocer lo que ocurre realmente o con intenciones personales. “Me están acusando de cosas que no he hecho, y encima me dejan solo los que saben lo que hay”, sostiene.
Sobre los episodios de tensión descritos por algunos vecinos, niega con rotundidad que haya existido enfrentamiento con los jóvenes o que se haya producido intervención de la Policía Local. “Aquí no ha venido la policía nunca. Que lo compruebe quien quiera”, mantiene. También rechaza la versión que lo acusa de haber apagado las luces para expulsar a chavales tras un pago. “Por Dios, ¿voy a cobrar a unos niños, dejarlos sin jugar y quedarme con el dinero? Habría que ser muy sinvergüenza. Y no soy yo”.
Dice que la pista ha permanecido abierta siempre. “No hay puerta. Solo se cerró una vez por un robo”. Y niega también haber contratado personal de vigilancia, explicando que quienes han sido señalados como tales son, en realidad, personas derivadas por el Centro de Inserción Social para realizar tareas comunitarias. “Aquí vienen para echar horas de limpieza, nada más. No están contratados por mí ni por nadie”.
Miguel Ángel no oculta que se siente en el centro de un conflicto que no buscó. Asegura que todo lo que se le imputa parte de una sola persona, y que la mayoría del barrio ha seguido utilizando la pista sin problemas. Para demostrarlo, ha compartido con esta redacción mensajes recibidos por WhatsApp en los que varios vecinos defienden su papel, afirman que nunca se les ha impedido entrar con bebidas, y que cuando le han comprado refrescos a él, los precios han sido incluso más bajos que en las tiendas del entorno.
Desde su punto de vista, la denuncia no es representativa. “Aquí juegan montones de chavales. En un solo partido ya hay 10. ¿Dónde están esos miles de afectados de los que hablan?”. Cuestiona también que el problema se reduzca solo a El Matadero: “Hay 17 pistas municipales. Llame a todas. Pregunte quién las lleva, qué horarios tienen, qué se cobra. En todas se hace lo mismo. Pero parece que el problema solo soy yo”.
El encargado de las pistas mantiene que, si el Ayuntamiento quiere intervenir, él dará un paso al lado. “Si esto no se regulariza, me voy. Y la asociación también soltará la pista. Entonces que venga quien quiera y se haga cargo”. Dice que no se aferra a ningún papel, pero sí exige que se escuche su versión completa. “Que pregunten a los chavales, a los usuarios. Pero que no se cuente solo una parte”.
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