No nos dejen solos. No ahora. No cuando más falta nos hacen.
Miércoles, 2 de julio de 2025. Desde 1963, cuando Fertiberia se implantó en la zona de servicio del Puerto de Huelva —sin acogerse a los beneficios del Polo de Promoción Industrial— y hasta que su actividad se dio por finalizada en diciembre de 2010, conforme al Auto dictado un año antes por la Audiencia Nacional, esta empresa del sector de fertilizantes ha depositado en las marismas de Huelva una cantidad de residuos que se niega a cuantificar, pero que podría alcanzar los 150 millones de metros cúbicos, sumando los vertidos de sus distintas filiales.
La concesión original sólo autorizaba un espesor máximo de 3 metros, es decir, 21,6 millones de metros cúbicos. Si finalmente se vertieron 150 millones, estaríamos ante una violación masiva del límite autorizado, multiplicando por siete el volumen legal. Y ello sin contar que la Ley de Costas de 1988 prohíbe expresamente cualquier actividad incompatible con la naturaleza del dominio público marítimo-terrestre.
Este desastre ambiental ha sido consentido —y en algunos casos expresamente autorizado— por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, la misma que hoy afirma que los residuos no se pueden mover. Ha sido facilitado por la Junta de Andalucía, que otorgó la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la actividad y su cese, permitiendo que se vertiera más y por más actores. El Ayuntamiento de Huelva, por su parte, otorgó licencias de obras en la marisma, basándose en informes urbanísticos “no desfavorables”, incluso para obras de consolidación de vertidos que ejecutó el propio Ayuntamiento en un bien de todos como es la marisma, asumiendo su condición de vertedero.
En paralelo, la Abogacía del Estado informó favorablemente sobre transmisiones de titularidad de la concesión, pese a graves incumplimientos de la empresa que legalmente impedían tales operaciones.
La Audiencia Nacional, mientras tanto, ha mantenido durante más de 20 años el procedimiento judicial 563/2004 —un auténtico agujero negro jurídico—, y ha acabado resolviendo que los yesos vertidos ilegalmente permanezcan donde están. Ha validado que las instituciones conserven los millones cobrados en concepto de cánones por vertidos en un vertedero no controlado. Ha ignorado los informes rigurosos de la Universidad de Huelva y ha dado por válidos otros informes mucho menos fundamentados.
Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional está, pero como si no estuviera. Su inacción resulta, cuanto menos, alarmante.
Todo esto lo sabe mejor que nadie WWF, personada en el procedimiento desde sus inicios y conocedora de muchos aspectos que permanecen aún ocultos para la ciudadanía. Y lo conoce también Greenpeace, que en el pasado sostuvo litigios con la Dirección General de Costas sobre estos mismos temas, con notable acierto jurídico y éxito en los tribunales.
¿Qué ha ocurrido entonces?
¿Por qué WWF ha perdido la iniciativa?
¿Por qué Greenpeace no activa a su equipo jurídico para esta causa?
¿Por qué, con su silencio, ambas organizaciones parecen avalar una actuación institucional claramente nociva, ilegal y lesiva para el medio ambiente, cuando aún podrían impugnarla en instancias superiores, fuera del ámbito de influencia de la administración española?
No nos dejen solos. No ahora. No cuando más falta nos hacen.
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