Ni el pretendido diálogo que reclaman los populares, ni el dinero que anuncian, ni las obras que prometen se sostienen en la gestión real de la Junta de Andalucía.
Sábado, 12 de abril de 2025. El Partido Popular de Andalucía ha difundido este viernes un comunicado en el que, al tiempo que acusa al Gobierno central de levantar “muros” institucionales, se presenta como garante del entendimiento y defensor estratégico del campo andaluz. Lo hace en pleno contexto de tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras el anuncio del presidente Donald Trump —el pasado 2 de abril— de aplicar nuevos y elevados aranceles a una serie de productos europeos. A los pocos días, el 9 de abril, el propio Trump decretó una moratoria de 90 días para todos los países afectados salvo China, con el objetivo de dar margen a las negociaciones diplomáticas en curso.
Durante esa tregua comercial, la Unión Europea ha suspendido también las represalias previstas, mientras se activa el diálogo bilateral. En ese proceso, el Gobierno de España participa directamente, no solo como Estado miembro, sino como actor diplomático. De hecho, este mismo viernes, el presidente Pedro Sánchez se encontraba en China, en el marco de una visita oficial en la que la política comercial global —incluido el conflicto arancelario con Washington— forma parte de la agenda. Pero nada de esto aparece en la diatriba del PP andaluz. El comunicado se limita a utilizar la amenaza arancelaria como coartada para exigir “unidad” y cargar contra Sánchez, al tiempo que omite el papel activo que el Ejecutivo español está desempeñando.
El vicesecretario de Agricultura del PP andaluz, José Carlos Álvarez, ha comparecido en El Portil para instar al presidente del Gobierno a “derribar su muro” y “tender puentes”. Pero el discurso del PP ignora deliberadamente que el Gobierno de Juan Moreno Bonilla, desde 2019, ha basado buena parte de su acción política en una confrontación sistemática con el Ejecutivo central: desde la propuesta de legalización de regadíos en Doñana, que vulneraba competencias estatales, hasta el rechazo a los planes de empleo, los fondos europeos o las actuaciones compartidas en materia migratoria. Que ahora el PP reclame “colaboración institucional” mientras omite su propia trayectoria de bloqueo resulta, cuanto menos, contradictorio.
Como prueba del supuesto compromiso de la Junta con el sector agroalimentario, Álvarez ha destacado un paquete de ayudas por valor de 11 millones de euros para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas. La cifra, sin embargo, queda empequeñecida al ponerla en contexto. Según datos oficiales publicados por la Junta el pasado mes de febrero, las exportaciones agroalimentarias andaluzas alcanzaron un récord histórico de 15.700 millones de euros en 2024, un 21,7 % del total nacional. Solo en la provincia de Huelva, las ventas de productos agrícolas superaron los 1.700 millones. En este escenario, una ayuda de 11 millones supone el 0,07 % del volumen exportador. No se especifican criterios de adjudicación, sectores prioritarios ni resultados de convocatorias anteriores.
El contraste es más llamativo si se compara con otras partidas presupuestarias gestionadas por el propio Gobierno andaluz. En 2023, la Junta destinó 24 millones de euros a publicidad institucional, más del doble de lo que ahora anuncia como apoyo económico a todo el sector agroalimentario andaluz. Esa proporción revela una vez más las prioridades del ejecutivo de Moreno Bonilla, más orientado a la gestión de imagen que al refuerzo real del tejido productivo.
El comunicado menciona también una inversión de 576 millones de euros en obras hidráulicas previstas para 2025. Pero la experiencia reciente invita al escepticismo. La Intervención General de la Junta ha señalado reiteradamente la infraejecución de las partidas de inversión, y muchas de las obras anunciadas en años anteriores no han pasado de la fase de planificación. En la provincia de Huelva, por ejemplo, sigue sin ser una realidad el anillo hídrico del Condado, una infraestructura clave dentro del ámbito competencial de la Junta, comprometida desde 2021, y cuyo retraso afecta directamente a los regantes de la zona. El proyecto figura en sucesivos documentos presupuestarios, pero no ha sido licitado ni cuenta con calendario de ejecución conocido.
El PP andaluz exige ahora al Gobierno central la convocatoria urgente de la mesa sectorial del agro, como si fuera la única administración con responsabilidades. Lo cierto es que diversas organizaciones del sector —incluidas COAG y UPA— han reclamado sin éxito a la propia Junta espacios de diálogo específicos sobre internacionalización, transición ecológica o condiciones laborales. Tampoco han sido atendidas las peticiones de colectivos sociales que trabajan con personas jornaleras, como Jornaleras de Huelva en Lucha, Asnuci o Cáritas, para constituir una mesa autonómica sobre vivienda y condiciones de trabajo en el campo andaluz. La exigencia de diálogo por parte del PP se produce, por tanto, en paralelo al silencio institucional que mantiene la Junta ante problemas estructurales de los que también es responsable.
El PP andaluz habla de “pacto de Estado” sin definir contenido alguno. Se mencionan políticas estructurales, incentivos fiscales, ayudas directas y promoción internacional, pero no se especifican recursos, fuentes de financiación ni competencias. Mientras tanto, en el Parlamento andaluz, el propio PP ha votado en contra de iniciativas encaminadas a mejorar la inspección de trabajo en el campo, reforzar la contratación estable o facilitar el acceso a vivienda para temporeros. Pedir reformas sin aplicarlas allí donde se gobierna resulta poco coherente.
En un intento de apelar a la identidad regional, Álvarez se dirige a los ministros andaluces del Gobierno —Luis Planas y María Jesús Montero— pidiéndoles que “se acuerden de su tierra”. La sugerencia de que no están defendiendo los intereses de Andalucía por una cuestión de lealtades partidistas carece de fundamento y desnaturaliza el marco institucional del Estado. Ni el Ministerio de Hacienda ni el de Agricultura han sido ajenos a los problemas del sector, ni sus titulares pueden ser evaluados en función de su lugar de nacimiento. Ese tipo de apelaciones, además de vacías, alimentan la narrativa antipolítica y la desconfianza pública en las instituciones.
El cierre del comunicado apela a la “tranquilidad y certidumbre”, justo después de haber lanzado un mensaje de alarma institucional y económica. La contradicción entre el tono general del discurso —crítico, hostil, urgente— y su desenlace tranquilizador refuerza la impresión de que lo prioritario no es informar, ni contribuir a resolver una crisis comercial, sino instrumentalizarla políticamente.
Las declaraciones que este viernes ha hecho circular el Partido Popular de Andalucía no aportan ni una sola medida concreta, ni una autocrítica sobre la gestión autonómica, ni un dato nuevo que justifique su exigencia de unidad institucional. Presentarse como alternativa de diálogo mientras se bloquea la interlocución y se recurre al alarmismo sin propuestas solo demuestra una cosa: que ni los muros ni los puentes están donde el PP andaluz pretende.
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