Lunes, 9 de junio de 2025. La fiscalización de los contratos adjudicados a dedo por el Gobierno de Moreno durante los ejercicios 2022 y 2023 será «suspendida temporalmente». Es la misma supervisión que solo durante el año 2021 destapó la llamada «trama del SAS», orquestada desde el principal organismo sanitario de la comunidad para el troceo masivo de licitaciones millonarias en contratos menores a 30.000 euros para sortear los concursos públicos y que fuesen otorgadas selectivamente a un grupo concreto de empresas privadas dirimidas discrecionalmente por el Ejecutivo andaluz.
Así lo comunicó esta pasada semana la Cámara de Cuentas, el ente público responsable de este examen de legalidad y legitimidad de las contrataciones de la Administración andaluza, que arguyó esta decisión en su deseo de «evitar interferir» en la investigación judicial en curso por un posible delito de malversación del fraccionamiento de contratos sanitarios durante el citado curso 2021 (a raíz de haber sido denunciada la cuestión por la organización Podemos), por la que ha sido imputada un alto cargo del Gobierno autonómico, el director económico central de compras del SAS en Cádiz, Demetrio González Mera, quien declaró como investigado el pasado 28 de abril.
Pese a que el órgano fiscalizador andaluz defiende su dictamen en que no es «de ninguna manera algo excepcional», recordando que «en otras ocasiones y ante situaciones similares, por ejemplo, durante campañas electorales, se ha procedido de la misma manera», por creer que es lo correcto, la realidad es bien diferente, puesto que el suspenso de la fiscalización de decenas de miles de contratos de los ejercicios venideros a 2021 (2022 y 2023) fue adoptada con los votos favorables de los miembros de este órgano elegidos por PP y Vox, que conforman mayoría en la dirección de este, y con la negativa de los integrantes elegidos por los grupos progresistas de la Cámara andaluza.
De hecho, no ha sido hasta que tanto PSOE de Andalucía como Por Andalucía, las dos formaciones con causas abiertas en los tribunales contra los entramados fraudulentos del Ejecutivo de Moreno por estas adjudicaciones a dedo millonarias a entidades privadas en términos sanitarios, han elevado la voz públicamente pidiendo explicaciones por esta pausa cuando la propia Cámara de Cuentas ha hecho pública su voluntad de detener el análisis de las licitaciones.
Cristian López Domínguez es Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
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