La Agencia Tributaria cifra en 137.610 las personas trabajadoras por cuenta propia con ingresos mensuales iguales o inferiores a 670 euros en la comunidad.
UPTA atribuye esta situación a las políticas de fomento indiscriminado del autoempleo y propone facilitar la salida hacia empleo asalariado.
Jueves, 8 de enero de 2026. Más de 86.000 personas trabajadoras autónomas en Andalucía sobreviven con rendimientos netos mensuales inferiores a 900 euros, según los datos trasladados esta semana por UPTA España, una situación que la organización encuadra en el crecimiento sostenido del colectivo de los denominados “autónomos pobres”: personas que mantienen una actividad económica frecuente y única, pero cuyos ingresos no alcanzan niveles suficientes para garantizar unas condiciones de vida dignas ni estabilidad futura.
La dimensión del fenómeno queda reflejada en los datos de la Agencia Tributaria, a los que hace referencia UPTA en su comunicado. Según esas cifras, en Andalucía existen 137.610 autónomos con ingresos mensuales iguales o inferiores a 670 euros. De ese total, más de 86.000 desarrollan una actividad económica habitual como única fuente de ingresos, mientras que el resto corresponde a situaciones de pluriactividad, colaboración o trabajo autónomo de carácter temporal.
UPTA sitúa este escenario en un contexto que considera especialmente relevante: el crecimiento del empleo por cuenta ajena. Según la organización, aunque los salarios no son elevados, los sueldos mínimos en el trabajo asalariado se sitúan, de media, al menos 500 euros por encima de los rendimientos que declaran cientos de miles de personas trabajadoras autónomas. Una diferencia que, a juicio de UPTA, pone de relieve el desequilibrio existente entre ambos regímenes laborales y cuestiona la viabilidad económica de una parte significativa del autoempleo. La organización añade que una parte importante de las personas afectadas procede del sector del pequeño comercio.
El análisis de UPTA se apoya también en los datos de su Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, que estima que el 25 % de los autónomos en el conjunto del Estado español se encuentra en situación de pobreza laboral. En el caso concreto de quienes se han acogido a la tarifa plana, la organización sostiene que más del 60 % declara rendimientos inferiores a 700 euros mensuales, un dato que, según UPTA, evidencia que estas medidas no están generando actividades económicas sostenibles.
En este punto, la organización vincula directamente la expansión del colectivo de autónomos con ingresos insuficientes a las políticas de fomento del autoempleo aplicadas de forma indiscriminada en la última década. UPTA señala que instrumentos como la tarifa plana, las ayudas al inicio de actividad o determinados incentivos públicos han generado expectativas infundadas y han empujado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a personas sin un proyecto definido, sin estructura empresarial suficiente o sin las competencias necesarias para desarrollar un negocio viable. Según la organización, lejos de consolidar iniciativas económicas estables, estas políticas han derivado en trayectorias marcadas por la precariedad y el endeudamiento.
Esta valoración es desarrollada por el presidente de UPTA, Eduardo Abad, quien sostiene que los datos disponibles muestran que se está “bonificando pobreza en lugar de ayudar a consolidar actividades viables”. Abad afirma que la tarifa plana y otras políticas de impulso indiscriminado al autoempleo se están utilizando, en la práctica, como una vía para maquillar las cifras de desempleo, empujando a miles de personas a darse de alta en el RETA sin garantías reales de viabilidad. Según el presidente de UPTA, esta dinámica condena a muchas de ellas al fracaso, a la acumulación de deudas y al desarrollo de actividades que no les reportan ingresos suficientes ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, lo que califica como un fracaso de la política de fomento del autoempleo de la última década.
Ante este escenario, UPTA plantea la necesidad de articular mecanismos que permitan una salida ordenada del autoempleo hacia el trabajo asalariado. La organización propone que el Servicio Público de Empleo Estatal impulse un sistema basado en programas específicos de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, con el objetivo de facilitar que estas personas transiten hacia empleos por cuenta ajena acordes con su experiencia y capacidades. UPTA señala que este modelo podría ser trasladable al conjunto de comunidades autónomas.
Según la organización, impulsar estas medidas no supone una renuncia al apoyo al trabajo autónomo, sino una actuación basada en la responsabilidad con las personas trabajadoras. En su planteamiento, defender la dignidad del trabajo implica reconocer cuándo un proyecto económico resulta inviable y ofrecer alternativas reales y seguras que permitan cerrar etapas marcadas por la precariedad y abrir nuevas oportunidades laborales con estabilidad, derechos y salarios suficientes.
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