El Dr. José Manuel Cantó, experto de reconocido prestigio internacional, asegura que el riesgo no es solo medioambiental y que podría afectar a la navegabilidad de la Ría.
Gavilán denuncia que el Comité de Expertos no tiene acceso a las balsas.
Mesa de la Ría volverá a proponer al Pleno la creación de un órgano interadministrativo que integre al Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital.
Huelva, 22 de marzo de 2018. La balsa 2 de los fosfoyesos acumulados a menos de un kilómetro de Huelva “está cediendo día a día”. Es algo comprobado por el Comité de Expertos en la medida que tiene acceso a determinados datos. De hecho, se ha rebajado la altura de la montaña en cinco metros, y por el efecto del diapirismo (efecto del peso sobre el terreno) que hay en esa base, hace que los materiales sobre los que reposan los fosfoyesos se deformen y salgan por otro lado. Es lo que está ocurriendo en la parte del estuario del Tinto, donde se aprecia cómo se han levantado hasta 70 centímetros en sólo tres meses, y sigue elevándose.
Así lo ha relatado este miércoles el concejal de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva, Rafael Gavilán, durante la presentación de la Moción que defenderá en el próximo Pleno para solicitar nuevamente la creación de un órgano interadministrativo que acelere la solución de los fosfoyesos e inste al gobierno a denegar el proyecto de tapado que pretende realizar la empresa Fertiberia.
Gavilán ha lamentado que el rechazo de ésta moción por todos los grupos políticos hace dos años, “ha venido a demostrar que se ha perdido ese tiempo, porque la Comisión de Expertos creada al amparo del órgano de participación de los fosfoyesos, no tiene capacidad administrativa siquiera para acceder a las balsas”.
“Es una cuestión gradual que va a llegar irremisiblemente al colapso”, asegura el Dr. José Manuel Cantó sobre la situación de la balsa 2, que refiere por “razones de tipo geotécnico”. El Dr. Cantó, un reconocido experto en la materia a nivel mundial, constata que “ese efecto está produciéndose: las balsas se están deformando”.
Cantó asegura que las balsas “pueden romperse mañana mismo, o hacerlo dentro de cinco años”. Tampoco descarta que resistan cien años, pero cree que hay motivo para la alarma y reivindica su experiencia en el tema (el Dr. Cantó es un experto reconocido a nivel mundial) para aseverar que “lo que garantizo es que se rompe”. Y recuerda que esta misma apreciación la hizo hace algunos más 10 años sobre la balsa de decantación de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Bolidén AB, que cedió el 25 de abril de 1998, tras romperse la presa que retenía los residuos almacenados por la empresa, causando la mayor una enorme catástrofe ecológica en el río Guadiamar, que, además, costó más de 89 millones de euros a la Junta de Andalucía para pagar la limpieza de los seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que afectaron a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana.
Cantó describe la situación actual de las balsas de fosfoyesos de Huelva como “exactamente el mismo problema” del que advirtió hace más una década sobre Aznalcóllar. “Se ha sobrepasado la capacidad portante del terreno y se está deformando y cediendo y en cualquier momento pueden salir decenas de millones toneladas de fosfoyesos a la Ría”. Para Cantón no solo hay riesgo de medioambiental, sino que se puede llegar a colapsar el canal de navegación del Puerto de Huelva. El doctor también recuerda que ya hay realizado estudios geofísicos con sísmica de reflexión en los que aprecia con claridad cómo se deforma el subsuelo bajo las balsas y cómo sube el terreno en la zona de la ría del Tinto. “Esto no es un invento”, añade Cantó, “las deformaciones se están produciendo y las balsas van a romperse, antes o después”.
Cantó no es el primero que advierte de este tipo de peligros. Ya en 1999 el periodista Joaquín Fernández afirmaba en su libro El ecologismo español (Alianza Editorial S.A., Madrid, 1999) que “lo sorprendente es que ante la permisividad de las administraciones y la irresponsabilidad de las empresas, no ocurran [este tipo de desastres] con mayor frecuencia”.
Ante esta alerta, Mesa de la Ría ha pedido este miércoles en rueda de prensa al Ayuntamiento que inste al Ministerio de Medio Ambiente a que requiera a Fertiberia los datos de los controles periódicos de topografía del apilamiento de la zona 2 de las balsas de fosfoyesos, así como los datos de mediciones de piezómetros e inclinómetros a los que se hace referencia en el Proyecto Constructivo proporcionado para su Evaluación Ambiental, actualizados a día de hoy y que éstos les sean enviados al Comité de expertos.
Del mismo modo, se solicitará que se inste al Ministerio de Medio Ambiente a que resuelva “de una vez, y por supuesto de manera negativa”, la Evaluación Ambiental del proyecto de enterrado de las balsas presentado por Fertiberia.
COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA
Mesa de la Ría planteará nuevamente en el próximo pleno municipal la creación de una comisión interadministrativa, en la que debe participar el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva, “para que se le encomiende la gestión para avanzar
administrativa, jurídica y técnicamente en la solución definitiva a las balsas de fosfoyesos”.
Para Mesa de la Ría, esta comisión interadministrativa sería la única opción para que “de una vez por todas” se alcance con urgencia una solución a la problemática de las balsas de fosfoyesos, ya que nos encontramos ante un típico caso de competencias concurrentes de distintas administraciones, en las que ninguna de ellas, por sí sola, puede alcanzar una decisión o dictamen definitivo, pues las competencias individuales de cada una de ella, se solapan a la hora de alcanzar una posible solución definitiva.
Por un lado, la Administración del Estado está ejerciendo las competencias encomendadas por la Audiencia Nacional a la hora de evaluar el proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia y las que le corresponden en la pertinente evaluación de impacto ambiental del citado proyecto. Al mismo tiempo, la administración autonómica, en el marco de sus competencias en materia medioambiental, debe tramitar la correspondiente Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto que se pretenda ejecutar, así como la pertinente evaluación de impacto sobre la Salud. Por último, el Ayuntamiento de Huelva, como único órgano competente en el planea miento urbanístico de la ciudad, deberá evaluar si el proyecto que se pretenda llevar a cabo encaja en las directrices urbanísticas existentes para la zona afectada. Dictamen, que por otro lado, de resultar negativo sería de carácter vinculante.
“Por todo ello”, defiende Gavilán, resulta más que evidente la necesidad de coordinación entre las tres administraciones implicadas para lograr alcanzar una solución de manera conjunta, para lo que la figura del convenio interadministrativo de colaboración, con la creación de un órgano ‘ad hoc’ al que se le encomiende la gestión del problema, y la capacidad de tomar decisiones con carácter vinculante, solucionaría esta posible disparidad de decisiones.
El portavoz de Mesa de la Ría asegura que “resultan evidentes las carencias y la falta de efectividad” del actual órgano de participación municipal, ya que dicho órgano carece de la capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento para las partes implicadas, tratándose ésta poco menos que de una «mesa de oyentes».
Es más, denuncia Gavilán, “el comité de expertos emanado de dicho órgano, ni siquiera cuenta con la disponibilidad presupuestaria para poder ejercer su labor, tampoco podría imponer la solución o soluciones que propongan, ni tan siquiera tiene en la actualidad la posibilidad de acceder a las balsas de fosfoyesos para desarrollar la necesaria labor de estudio y medición sobre el terreno.
El concejal ha resaltado que el comité de expertos carece tanto de disponibilidad económica como de capacidad jurídica, ambas necesarias para que sus estudios puedan desarrollarse. A modo de ejemplo, actualmente ni siquiera pueden recepcionar la aportación económica de 100.000 euros aprobada en el último pleno, ya que al carecer de forma jurídica, la misma sólo podría entregarse a título particular a alguno de los investigadores, con los perjuicios fiscales que ello podría ocasionarle. Todos estos inconvenientes quedarían solventados, asegura Gavilán, “si los gastos económicos fuesen sufragados desde la mencionada comisión interadministrativa que Mesa de la Ría propone”.
Sea el primero en desahogarse, comentando