La Mar de Onuba entrega a la Fiscalía una grabación de 40 minutos en la que Francisco Javier Hernández Pérez y Youseff —director y coordinador del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social e Igualdad de Interfresa— participan en una reunión cerrada en la que un trabajador es presionado, humillado y castigado por compartir su experiencia en redes sociales. Hoy publicamos el primer fragmento. El resto será tratado con el rigor que exige su gravedad.🗂️ Esta revista pide a la Fiscalía activar medidas de protección para el trabajador presionado por el PRELSI.
Viernes, 6 de junio de 2025. “Escúchame, no estamos aquí por ti. Como persona, no nos interesas para nada. Estamos aquí porque los empresarios están molestos”.
Quien pronuncia esa frase es Youseff, coordinador del PRELSI, el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (sic) de Interfresa, el todopoderoso lobby patronal del sector de los frutos rojos onubenses. Lo hace en presencia de Francisco Javier Hernández Pérez, director del mismo plan, y de otros integrantes del programa. Están reunidos con un trabajador agrícola de origen de nacionalidad marroquí y ciudadano de pleno derecho en España, al que acusan de haber subido a sus redes sociales vídeos mostrando aspectos críticos de su experiencia laboral y recomendaciones a sus compatriotas que piensan emigrar a España pensando en la agroindustria onubense como objetivo primario. En su derecho avalado por Jurisprudencia del Tribunal Supremo, el trabajador registra la escena con su propio móvil. El resultado es una grabación de más de cuarenta minutos de duración a la que esta redacción ha tenido acceso y entregado íntegramente a la Fiscalía Provincial de Huelva tras apreciar la gravedad de lo que ella contiene.
A lo largo de la conversación se escucha cómo se le anuncia al trabajador la apertura de un “parte por falta grave”, la imposición de una sanción de tres días sin empleo ni sueldo, y se le insiste en que lo ocurrido le “va a perjudicar”. No hay expediente, no hay procedimiento, no hay defensa. Solo presión. Solo castigo inmediato. Solo el peso de una estructura que, bajo el nombre de “responsabilidad social”, actúa como un mecanismo de control fuera de los marcos legales que regulan las relaciones laborales en España.
El fragmento publicado recoge el núcleo del argumento: no se actúa por razones disciplinarias, sino por presión externa. “Otros empresarios están molestos”, repite Youseff. El objetivo es silenciar, no corregir. Y la herramienta no es el diálogo, sino la intimidación.
Los intervinientes no se ocultan. Hablan con naturalidad. Mencionan sus cargos, su poder, su capacidad de tomar decisiones y sus consecuencias. Y ejecutan. Esta redacción ni inferiere ni interpreta. Ha escuchado, ha verificado y ha decidido actuar.
Por eso, el archivo completo ha sido entregado a la Fiscalía, con la identificación clara de las voces y las funciones que cada una desempeña. Este medio considera que los hechos podrían ser constitutivos de ilícitos penales, pero corresponde al Ministerio Fiscal valorarlo.
Este primer fragmento se publica como adelanto de una documentación sonora más extensa que esta redacción ha entregado íntegramente a la Fiscalía Provincial de Huelva. No publicamos por impacto, ni por anticiparnos a ninguna investigación. Lo hacemos porque los hechos grabados y las personas que intervienen obligan a un ejercicio de transparencia informativa. Porque lo que se escucha —y quién lo dice— tiene implicaciones graves para la legitimidad del programa que Interfresa mantiene como escudo institucional frente a las críticas por las condiciones de trabajo en el campo onubense.
La publicación de nuevos fragmentos se realizará en el marco del seguimiento periodístico de este caso. Con el mismo rigor, la misma cautela y la misma determinación con la que este medio lleva años documentando lo que ocurre en los márgenes, en esa otra realidad de la poderosa industria del excelente fruto rojo onubense. Sin exhibiciones. Sin adornos. Y sin miedo.
Seguimos. Seguiremos.
En el escrito registrado el pasado 2 de junio ante la Fiscalía Provincial de Huelva, esta revista ha solicitado la activación de medidas de protección para el trabajador agrícola que grabó la reunión con responsables del programa PRELSI de Interfresa, en la que fue reprendido y sancionado tras compartir vídeos en redes sociales. La petición se enmarca en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en las garantías previstas por el Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015).
La Mar de Onuba solicita que se valore, en caso de confirmarse su exposición a presiones o represalias, la activación de medidas como la confidencialidad de su identidad, protección frente a represalias laborales o administrativas, acceso a información clara sobre sus derechos, asistencia jurídica gratuita si procede, y derivación a los mecanismos específicos previstos para víctimas especialmente vulnerables.
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