Asentamientos de la vergüenza: Bruselas alerta sobre la falta de Derechos Humanos y los ayuntamientos responden con excavadoras

Casos como los de Lepe (Huelva) y Níjar (Almería) ilustran cómo la reacción institucional ante la presión internacional ha sido el desalojo forzoso de asentamientos, sin ofrecer alternativas habitacionales a sus residentes.

Organizaciones sociales y colectivos independientes denuncian que los derribos, lejos de resolver la situación, agravan la vulnerabilidad de miles de personas trabajadoras migrantes que sostienen el millonario negocio de la fresa.

Domingo, 25 de marzo de 2025. Cuando Bruselas preguntó por qué se cultivaban fresas en el sur de Europa en condiciones comparables a la esclavitud, algunos ayuntamientos onubenses respondieron con lo que mejor saben usar: excavadoras. La presión internacional generada por las denuncias sobre vulneración de Derechos Humanos en los asentamientos de temporeros migrantes en Huelva y Almería no provocó una reflexión institucional, ni la articulación de un plan real de erradicación del chabolismo. Provocó ruido, incomodidad, y reacciones defensivas. Y, sobre todo, desencadenó un proceso de desmantelamiento de chabolas sin ofrecer alternativas habitacionales.

En 2023, el Ministerio de Trabajo de Bélgica alertó al Gobierno de España: si las condiciones de esclavitud moderna en la producción de fresa persistían, podría revisarse la importación del producto. La alarma cundó. La industria fresera onubense, que genera más de 1.300 millones de euros al año, entró en modo contención. En lugar de poner en marcha planes de vivienda digna, varios municipios se limitaron a ordenar el desalojo de asentamientos enteros. Lepe, epicentro histórico del chabolismo vinculado al campo, fue uno de los primeros en actuar.

En la localidad, numerosas construcciones precarias fueron demolidas a ritmo de excavadora. Cientos de personas quedaron literalmente en la calle. Algunas lograron refugiarse en nuevas chabolas improvisadas en los montes. Otras duermen a la intemperie. El mismo patrón se repitió poco después en Níjar (Almería), donde el Ayuntamiento justificó el desalojo de un asentamiento por encontrarse en una finca privada, obviando el mandato legal de protección de los Derechos Humanos y el deber de ofrecer alternativas.

Las ONG y colectivos independientes que trabajan sobre el terreno, como La Carpa, Asnuci y otras, coinciden en el diagnóstico: los desalojos, lejos de resolver el problema, lo han agravado. Personas trabajadoras, muchas de ellas con documentación regular, han pasado de la chabola al sinhogarismo más absoluto. Las promesas de planes integrales de erradicación del chabolismo han resultado ser, una vez más, papel mojado.

Aunque municipios como Lepe y Moguer han habilitado albergues para personas temporeras, estos recursos están sujetos a condiciones que excluyen a buena parte de la población afectada por el chabolismo, como la exigencia de contratos laborales en vigor o periodos de estancia restringidos. En la práctica, se convierten en dispositivos logísticos para facilitar a las empresas el alojamiento temporal de su mano de obra, más que en una herramienta de acogida social o de garantía habitacional.

En Moguer, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de recursos de acogida como parte de su estrategia para erradicar los asentamientos chabolistas. Sin embargo, en el momento de proceder a los derribos, no ofreció alternativas habitacionales a las personas expulsadas. La intervención se limitó, en la práctica, a la eliminación de chabolas, sin acompañamiento social ni garantía de alojamiento digno, en un contexto marcado por la falta estructural de infraestructuras permanentes para las miles de personas migrantes que viven en condiciones de extrema precariedad en la comarca.

Mientras tanto, los testimonios de quienes habitan los asentamientos siguen acumulándose. Personas como Charles Kwame, fallecido en un incendio en Lucena del Puerto, tras doce años viviendo en chabolas pese a tener su situación regularizada. O como las mujeres rumanas y marroquíes que explican, en reportajes como los de Sandra Camps en RNE, que no tienen acceso a agua, ni posibilidad de empadronarse, ni opción de alquilar una vivienda.

Según el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, Philip Alston, las condiciones en las que viven miles de migrantes en los campos andaluces son peores que las que pudo observar en campos de refugiados. Las calificó de «indignas de un país desarrollado».

La Junta de Andalucía anunció en 2023 el Plan EASEN (Estrategia Andaluza para la Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda), financiado con fondos europeos. Sin embargo, su diseño y aplicación han priorizado los intereses del sector agrícola, proporcionando soluciones que satisfacen las necesidades de disponibilidad de trabajadores por parte de las empresas, sin abordar las causas estructurales del chabolismo ni garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas afectadas. Como denuncian diversas ONG, se trata más de un plan de orden y suministro laboral que de una estrategia de justicia social.

La hipocresía institucional se evidencia cuando los fondos públicos no se orientan a garantizar derechos, sino a sostener la imagen del modelo productivo. No es un plan de erradicación del chabolismo. Es un plan de ocultación de la pobreza. Y como han denunciado las ONG, es también un plan de exclusión.

Europa sigue comprando fresas. Y en los pueblos freseros de Huelva y Almería, sigue corriendo el dinero. También la excavadora.