El coordinador en la FAMP Cristóbal Fernández escribe sobre cómo la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), gracias a la abstención del PSOE, va a dificultar a Moreno Bonilla justificar un posible adelanto electoral esgrimiendo “el bloqueo o pinza a la que supuestamente quieren someter al ejecutivo andaluz los partidos políticos de la oposición”.
Lunes, 13 de diciembre de 2021. Se ha publicado en el BOJA la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), recientemente aprobada por el Parlamento de Andalucía y que entrará en vigor el próximo día 23 de diciembre.
Antes de comentar algunos aspectos sobre la misma quiero destacar una primera conclusión: la aprobación de esta importante norma jurídico-urbanística deja al descubierto la estrategia que el Gobierno andaluz viene repitiendo en los últimos días para ir preparando el relato a un posible adelanto electoral: el bloqueo o pinza a la que supuestamente quieren someter al ejecutivo andaluz los partidos políticos de la oposición.
La LISTA se ha modificado con enmiendas del principal partido de la Cámara andaluza y de la oposición, es decir, el PSOE. Si en esta Ley del Suelo ha sido posible incorporar enmiendas para que el PSOE se abstenga, parece razonable pensar que en situaciones similares pueda ocurrir lo mismo.
Moreno Bonilla va a tener difícil convencer a la opinión pública de que sufre ningún tipo de bloqueo o pinza si la posición del nuevo secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, sigue siendo la de tender la mano siempre para atender las prioridades básicas de los andaluces y andaluzas.
Sobre el contenido de la LISTA hay que destacar que el texto aprobado no es la Ley que entró en el Parlamento. La negociación con el PSOE (ocho enmiendas aceptadas y veintidós transaccionadas) ha mejorado el articulado de la norma, que coincide en buena parte con el anteproyecto redactado por el anterior Gobierno socialista, aunque existen algunos aspectos fundamentales en los que PP y PSOE están muy alejados.
Será el reglamento de la LISTA (se espera para el año próximo) el que clarificará y desarrollará diferentes cuestiones importantes como la construcción de viviendas en el campo. Las dimensiones mínimas de las parcelas en las que se podrá edificar una vivienda, el porcentaje de ocupación máxima que esa vivienda podrá ocupar en relación a la parcela, si podrán o no tener más de una planta o la distancia entre linderos, serán cuestiones que deberán concretarse. Por sentido común, no sería entendible que los condicionantes para la construcción de nuevas viviendas en el suelo no urbanizable sean más flexibles que las que el mismo reglamento de desarrollo recoja para la regularización de las viviendas ya existentes desde hace años.
Se ha perdido una buena oportunidad para dotar a la ley de mayor agilidad en los trámites administrativos, porque no evita la duplicidad de informes de diferentes administraciones a lo largo de la tramitación de un expediente. Y los ayuntamientos no han visto reforzadas sus competencias puesto que los expedientes necesitan de un informe final de ratificación por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.
Ciudades más resilientes al cambio climático, mayor protección del patrimonio histórico, la mejora de la red viaria ciclista y peatonal o la rehabilitación del parque de viviendas, son algunas cuestiones en las que se podía haber profundizado más.
Que una ley con la trascendencia de la nueva Ley del Suelo de Andalucía se haya tramitado por urgencia es un grave error, que ha repercutido en la calidad de la norma y ha mermado la participación. Un buen ejemplo de ello es que ha habido organizaciones que han remitido al Parlamento su análisis de la Ley una vez finalizado el periodo de enmiendas. Hubiera sido deseable analizar con mayor serenidad la opinión de los agentes sociales.
Cristóbal Fernández es Graduado en Derecho y coordinador en la FAMP.
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