«Amaia bajo la lluvia» II — Vélez y Gómez despide como represalia a la trabajadora marroquí cuyo caso conmocionó en 2024 a la opinión pública

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Viernes, 4 de abril de 2025. La trabajadora marroquí de «contrato en origen» conocida por las lectoras y lectores de La Mar de Onuba como “Amaia” no ha sido llamada a trabajar esta campaña por la empresa Producciones Agrícolas Vélez y Gómez S.L., a pesar de contar con una autorización de residencia y trabajo vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y un contrato fijo discontinuo. Al solicitar apoyo al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha para aclarar su situación, la mujer remitió su documentación laboral. Entre ella, el Certificado de Empresa correspondiente a la campaña finalizada en mayo de 2024. El análisis de este documento ha revelado una realidad que la trabajadora desconocía por completo: la empresa la había despedido, y lo había hecho alegando una causa grave, sin habérselo comunicado jamás.

El certificado, emitido con fecha 31 de mayo de 2024 —el último día de trabajo de la campaña—, consigna como causa de extinción laboral un “despido por causas objetivas” (código 30). La afectada, que no domina el idioma español, recibió el documento junto con su última nómina, sin que nadie le explicara su contenido ni las consecuencias que este podía acarrear.

En marzo de 2023, uno de los encargados de Producciones Agrícolas Vélez y Gómez S.L. le comunicó verbalmente a la trabajadora que debía abandonar la finca al día siguiente. Ante el temor de ser expulsada de forma inminente, y con la posibilidad real de que ello conllevara la ruptura de su contrato GECCO y una deportación inmediata, Amaia decidió marcharse esa misma tarde, por su cuenta, sin dinero, sin transporte y sin saber adónde ir. Pasó más de doce horas bajo la lluvia, escondida bajo unos plásticos en una finca cercana, sin cobijo, sin comida ni agua. No había avisado a nadie de que se marchaba, y nadie supo de ella hasta la mañana siguiente, cuando se activó su búsqueda.

A la mañana siguiente, tras conocerse lo ocurrido y la alarma generada en colectivos como Mujeres 24H o Jornaleras de Huelva en Lucha, la empresa reconoció que todo había sido «un error», desautorizó al encargado responsable y le garantizó a la trabajadora que conservaría su empleo. Le aseguraron que ella no había hecho «nada malo». La Subdelegación del Gobierno en Huelva acreditó posteriormente que la actuación del encargado fue injustificada y que, supuestamente, la empresa no tenía nada en contra de la trabajadora. El caso fue revelado por La Mar de Onuba (VER) y generó una fuerte conmoción pública, apreciable, especialmente, en las redes sociales.

Amaia reanudó su jornada ese mismo día y finalizó la campaña sin incidencias, con todos los días cotizados y sin que conste parte alguno, ni sanción, ni expediente.

Despido oculto tras la barrera idomática

Los datos de cotización de 2024 corroboran que trabajó con absoluta normalidad hasta el final: 72 jornadas declaradas entre marzo y mayo, sin faltas, sin interrupciones, sin amonestaciones. No hay indicio alguno que justifique una extinción contractual por causas atribuibles a su conducta o desempeño profesional.

Sin embargo, el Certificado de Empresa entregado el 31 de mayo —documento imprescindible para acceder a las prestaciones por desempleo— atribuye a Amaia un despido que nunca conoció, nunca firmó y nunca ocurrió como tal. En él se dizque justifican las causas con el código 30: “ineptitud, falta de adaptación y faltas de asistencia al trabajo”.

El caso plantea serias dudas sobre la legalidad y ética de los procedimientos empleados. La inserción de una causa de despido falsa en un documento oficial sin notificación, sin procedimiento previo y dirigida a una persona extranjera sin dominio del idioma, constituye un indicio grave de irregularidad. El uso de esta fórmula —oculta tras una aparente normalidad y sin conocimiento de la trabajadora— revela una maniobra deliberada de represalia, ejecutada en silencio y sellada en un documento que no podía comprender.

La pregunta inevitable es si esta maniobra no busca castigar precisamente el hecho de que Amaia se atreviera a hablar. A visibilizar públicamente lo que tantas otras temporeras no se atreven a denunciar. A sobrevivir bajo la lluvia y regresar al tajo, digna y en pie. A señalar con su simple existencia que no todas agachan la cabeza. Lo que el documento administrativo parece sellar no es un cese laboral, sino un castigo. Un correctivo administrativo disfrazado de trámite, para dejar constancia de que quien alza la voz no volverá.