Lunes, 23 de junio de 2025. El 63 % de la población de Andalucía —unos 5,5 millones de personas— estuvo expuesta en 2024 a niveles de contaminación atmosférica superiores a los nuevos límites legales establecidos por la Unión Europea, que deberán cumplirse antes de 2030. Así lo concluye el último informe sobre calidad del aire presentado por Ecologistas en Acción, que analiza datos procedentes de cien estaciones de medición oficiales repartidas por toda la comunidad autónoma.
El documento, que evalúa la situación durante un año calificado como el tercero más cálido desde que existen registros y meteorológicamente muy inestable, pone de relieve numerosos episodios de contaminación por partículas en suspensión y por ozono. Las peores situaciones se registraron en localidades como Villanueva del Arzobispo (Jaén) y en áreas urbanas e industriales de elevado tráfico o actividad industrial.
Entre las ciudades andaluzas que incumplieron el nuevo valor límite anual para dióxido de nitrógeno (NO₂), fijado por la Directiva europea 2024/2881, se encuentran Algeciras, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Ecologistas en Acción advierte que muchas de las urbes con más de 50.000 habitantes siguen sin aplicar las obligatorias zonas de bajas emisiones, y en los casos en que se han implantado, su impacto ha sido «ineficaz». Es el caso de Almería, Córdoba, Estepona, Fuengirola, La Línea, Linares, Málaga, Sevilla y Torremolinos. En los dos últimos municipios, las zonas establecidas abarcan áreas mínimas o despobladas, como la isla de la Cartuja en la capital hispalense.
El informe indica que, con respecto a años anteriores, la calidad del aire ha mejorado de forma generalizada en Andalucía. Se registraron reducciones de entre el 7 % y el 44 % en los niveles de partículas PM10, PM2.5, dióxido de nitrógeno y ozono troposférico en comparación con los promedios del periodo 2012-2019. Sin embargo, la organización ambiental subraya que esta mejora no debe conducir a una relajación, ya que con los nuevos estándares europeos, la contaminación sigue afectando a una mayoría de la población y del territorio.
De acuerdo con los límites aún vigentes (anteriores a la directiva de octubre de 2024), solo unas 22.000 personas —localizadas en la zona de Villanueva del Arzobispo— respiraron aire que legalmente se considera contaminado. Por el contrario, si se adoptaran como referencia los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, mucho más estrictos, la totalidad de la población y del territorio andaluces habrían estado expuestos a contaminación atmosférica.
El cambio climático aparece en el informe como factor agravante. Las condiciones meteorológicas de 2024 —inviernos estables con polvo procedente del norte de África y veranos con olas de calor— favorecieron la acumulación de contaminantes como partículas y ozono. No obstante, también se señala como factor determinante en la mejora parcial de los datos la transformación del sistema energético. La disminución del consumo de gas y el crecimiento de las energías renovables (que cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica) han reducido las emisiones industriales, especialmente tras el cierre progresivo de centrales térmicas de carbón.
Por territorios, las partículas PM10 y PM2.5 siguen afectando de forma generalizada a la población andaluza. Las concentraciones más altas se dieron en Bailén, el polo industrial de Huelva, las áreas metropolitanas de Granada y Sevilla, y nuevamente Villanueva del Arzobispo. En el caso de la capital onubense, el informe subraya que por segundo año consecutivo se han superado los límites legales de arsénico en la zona industrial, como consecuencia de las emisiones de la fundición de cobre Atlantic Copper.
La organización ecologista reclama tratar la contaminación del aire como un problema sanitario prioritario. Recuerda que, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mala calidad del aire provocó en 2022 la muerte de hasta 30.000 personas en el Estado español, 5.700 de ellas en Andalucía. A ello se suman los elevados costes sanitarios y laborales, estimados por el Banco Mundial en 50.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 3,5 % del PIB del país.
Una de las advertencias más preocupantes del informe se refiere a la exposición de la población infantil. Durante 2023 y 2024, Ecologistas en Acción llevó a cabo tres campañas de medición de dióxido de nitrógeno en entornos escolares con alto tráfico motorizado en Alcalá de Guadaira, El Viso y Mairena del Alcor, Granada y Sevilla. Los resultados muestran niveles superiores a los que detectan las estaciones oficiales, lo que además pone en cuestión su localización y capacidad representativa.
Finalmente, la organización denuncia el reiterado incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de su obligación de aprobar planes de lucha contra la contaminación por ozono en prácticamente toda la comunidad, a excepción de la Bahía de Algeciras. También critica la falta de actualización de los protocolos municipales para actuar frente a episodios de mala calidad del aire.
Ecologistas en Acción valora como un avance la aprobación de la nueva directiva europea y confía en que obligue a todas las administraciones —estatal, autonómica y local— a aplicar sin más dilaciones políticas públicas eficaces. La organización pide además una rápida trasposición de la norma para que los planes de calidad del aire puedan entrar en vigor cuanto antes.
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