«Que no continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de UGT-A».
Macías está citado a comparecer en el juzgado el próximo 28 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos.
Una platatorma de activistas y alertadores de corrupción en España ha pedido al sindicato UGT que retire los cargos contra el ex trabajador de UGT-Andalucía Roberto Macías, que se sentará en el banquillo el próximo jueves acusado de filtrar datos sobre la supuesta trama de facturas falsas del sindicato.
En un comunicado recogido por Efe, esta plataforma solicita que «no continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de UGT-A, investigada por su participación en casos de corrupción como los ERE y el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente falsa para justificar ayudas concedidas por la administración andaluza».
Roberto Macías está citado a comparecer en el juzgado el próximo 28 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos, por el que fiscal solicita tres años de prisión y una indemnización de 60.000 euros por los supuestos daños morales causados a la UGT-A, que ejerce la acusación particular y pide cuatro años de cárcel.
Según esta plataforma, con la aprobación de la Directiva Europea en materia de protección a los alertadores de corrupción, la acusación de la UGT –A «solamente persigue causar más dolor y daño a la persona que consideran que informó de un fraude millonario, 48,7 millones que investigan en el juzgado número 9 de Sevilla y un reintegro en firme por parte de la Consejería de Ejemplo por valor de 18 millones».
«Es inaceptable, lamentable y vergonzoso que en una de las comunidades autónomas más corruptas de Europa se mantenga abierta una causa penal contra un alertador de corrupción», según esta plataforma de activistas.
Por todos estos motivos, solicitan al secretario general de la UGT, José María Álvarez, que «tome como referencia la Directiva Europea, y en un acto de justicia, retiren los cargos contra este honesto ciudadano que desde hace 5 años es objeto de una persecución injusta y cruel»
No podemos permitir que continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías, por parte de la Federación Andaluza de UGT, investigada por su participación en actos gravísimos de corrupción como los ERE fraudulentos o el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente “falsa y fraudulenta” para justificar ayudas concedidas por la administración andaluza.
Nuestro compañero Roberto Macías, está citado para comparecer en el juzgado el próximo 28 de noviembre, para responder de un presunto delito de revelación de secretos al sindicato. En este momento, con la aprobación de la Directiva Europea en materia de protección a los alertadores de corrupción, consideramos que, la acusación de UGT –A, solamente persigue causar más dolor y daño a la persona que consideran que, informó de un fraude millonario, 48,7 millones de euros que investigan en el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, y un reintegro en firme por parte de la Consejería de Ejemplo por valor de 18 millones de euros.
Es inaceptable, lamentable y vergonzoso que en una de las Comunidades Autónomas, más corruptas de Europa, se mantenga abierta una causa penal contra un alertador de corrupción. Y lo que resulta más escandaloso que, pidan 4 años de prisión y el pago de 60.000 mil euros.
Por lo tanto, solicitamos al Sr. José María Álvarez, Secretario General de la UGT, que tome como referencia la Directiva Europea, y en un acto de justicia, retiren los cargos contra este honesto ciudadano que, desde hace 5 años es objeto de una persecución injusta y cruel. No permitan que arrastren más tiempo por el fango de la corrupción el nombre de una organización que debería estar del lado de Roberto Macías y no amparando a presuntos corruptos.
A la sociedad española, le pedimos que, salgan en la defensa de Roberto Macías y de todos los alertadores de corrupción que sacrifican sus vidas en defensa de la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la información y de nuestra democracia.
Firmantes:
Zahara Peralta Bravo, denunciante caso ACUAMED; Teodoro Montes, denunciante cursos de FORMACIÓN en Andalucía; Maite Morado Iglesias, denunciante causa Can Balsach; Gracia Ballesteros, denunciante caso ACUAMED; Jaime Gonzalez, denunciante caso INFOCA (Cártel del fuego); Fernando Urruticoechea, denunciante corrupción caso Castro Urdiales; Ana Garrido, denunciante caso Gurtel; Francisco José Sánchez del Águila Ramón, denunciante operación Poniente; María Serrano, denunciante de corrupción en la Guardia Civil, Seprona; Luis Gonzalo Segura, denunciante corrupción en el ejército; Francisco Javier Perejón, denunciante corrupción Junta de Andalucía; Miguel Ángel Ándelo, denunciante Escuela de Hostelería, Granada; Paloma Coiduras, denunciante de subvenciones agrarias ilegales y la pesca de tallas mínimas; María José Alarcón Vicente, denunciante de corrupción Bbservice; Angel M. Prada, denunciante de corrupción en Sanabria, Zamora; Ana Varela, denunciante fraude formación empleo; José María Castillejo, denunciante de corrupción caso POCOYÓ; María Antonia Pacheco Cumbre, denunciante de corrupción en Cádiz. Julita Gómez Salas, denunciante corrupción tutela de mayores en Amta, Madrid; Carles Martínez, denunciante cursos de formación desempleados en Cataluña; María Dolores Mesa, denunciante fraude T.G.S.S. Cádiz; Gerardo Gandía Sánchiz, denunciante Formación para el Empleo, Comunidad Valenciana; Sonia Peral, denunciante corrupción sistema educativo Málaga; Eva Liria, Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia; Martín Rodríguez, Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar); Robert Martínez, Coordinador Plataforma de afectados BB Service; José Manuel Cantó, Alianza contra la corrupción; Consuelo García del Cid Guerra, Presidenta asociación «desterradas hijas de Eva»; Activistas y defensores de los derechos humanos whistleblower; Fruitós Richarte i Travesset, Jurista, ex magistrado y Cofundador de Judilexlegal; Jordi Morato-Aragones Pamies, Jurista; Carlos Gonzalez, Pirates de Catalunya, ex candidato parlamento europeo; Jordi Margarit, Presidente de Radio Asociación de Cataluña-RAC; Josep Jover, Abogado, auditor y Gestor de conflictos; Antonia Alba Ortega, Abogada, portavoz Movimiento Femenino por la Igualdad Real; Eva Durán Jiménez, Activista por la sanidad pública en Andalucía; María Victoria Holgado Orozco, Activista; Lidia de Gracia Reina, Activista por la sanidad pública en Andalucía; Esperanza Triana Cuervo, Activista medioambiental Huelva; Mar Estaban Guiote, Activista por la sanidad pública en Andalucía; Adelaida Rousseau, Activista por anticorrupción en Andalucía; Plataforma de apoyo a Roberto Macías: Liz Auxiliadora Prieto Britez, Jaime Molina López, Ana María García López, Andrés Segundo Rodríguez., Antonio Pérez Capote ,Manuel Monje Hurtado, Ana Romero Bernal, Eva Rosario Ballesteros Torres, Aroa Macarena Carmona Porto, Raquel Calvente Martín, María José Rodríguez González, Isabel González Benítez, Victoria Guirado, Elena Balsera Sánchez, Francisco Durán García ,Jesús Serrano Durán, Carmen López Martínez, Josefa Gómez Rodríguez ,Andrea González Gómez, Juan Carlos Ruiz Rodríguez, Luis Aznar Ruiz, Rocío Aznar Ruiz, Carlos Aznar Ruiz, Ana Cristina Aznar Ruiz, Luis Joaquín Aznar Zaforas, Miguel Ángel Becerra Moya, Carme Rodríguez, Alvaro Areaga García, Pilar P.
La versión de UGT
En un comunicado hecho público en enero de este mismo año, el sindicato UGT aseguraba que Roberto Alejandro Macías Chaves fue objeto de despido por causas objetivas en fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. Según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, Roberto Alejandro Macías Chaves realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo».
Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Roberto Macías Chaves acordada, como no podía ser de otra forma, por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal.
Es el informe pericial de la Policía Nacional el que establece que la fecha de creación de los archivos encontrados es muy posterior a la fecha de despido de Roberto Macías Chaves, por lo que esa versión que el interesado va lanzando, en la que dice que se le despidió tras denunciar la corrupción, carece de fundamento alguno. Insistimos, su despido fue muy anterior al registro en su domicilio.
Como resultado de la Instrucción practicada, el propio Juzgado competente ha considerado acreditados indiciariamente unos hechos constitutivos de infracción penal, siendo autor de los mismos Roberto Macías Chaves, formulándose los correspondientes escritos de acusación tanto por parte de UGT Andalucía como por parte del Ministerio Fiscal contra Roberto Macías Chaves.
Asimismo, resaltar que Roberto Macías Chaves en ningún momento ha formulado denuncia alguna ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ante los órganos judiciales competentes, más allá de lo que pudiera ser su presunta intervención en la publicación de informaciones de nula veracidad en los medios de comunicación acaecidas desde su despido.
Como tampoco ha sido testigo o “alertador” de absolutamente nada que haya originado un ataque contra su persona. Su declaración como testigo ante la Guardia Civil, al igual que la de otros trabajadores y extrabajadores de este Sindicato, se produce casi seis meses después de haberse iniciado el procedimiento judicial tramitado por el Juzgado competente y ya con las Diligencias Previas contra su persona incoadas en el Juzgado de Instrucción núm. 11.
UGT Andalucía siempre ha mantenido un escrupuloso respeto a la justicia, por ello nunca ha querido intervenir en las declaraciones que lleva realizando a diversos medios de comunicación en los últimos años, pero la falta de veracidad de sus intervenciones nos obliga a aclarar cuál es la verdad de todo lo que ha pasado.
Reiterar que, el procedimiento judicial instado contra el Sr. Macías se inició con anterioridad a su declaración como testigo, por lo que es irreal afirmar que dicho procedimiento es una represalia por su declaración, como también es irreal calificarse de denunciante de corrupción cuando ninguna denuncia se ha interpuesto contra esta organización ni ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni ante el Ministerio Fiscal, ni ante los Juzgados.
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