Los diputados de la extrema derecha se abstienen en la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía (Podemos-IU), que frena la tramitación de la ley, «uno de los proyectos legislativos clave de la legislatura».
Miércoles, 26 de mayo de 2021. Vox acaba de pinchar la «burbuja» de la «Andalucía encapsulada», esa imagen que el Gobierno de PP y Ciudadanos habían construido para preservar su estabilidad a salvo de las turbulencias políticas que agitan el resto de España, y que enfrentan a sus propios líderes nacionales más allá de Despeñaperros.
«Es incompatible la exigencia de unas elecciones anticipadas por parte de nuestro grupo con la tramitación de esta ley. Tras las próximas elecciones podrá haber otra correlación de fuerzas para entendernos mejor». Esta vez no era un farol. El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha dejado caer este miércoles la nueva ley del suelo del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla -Ley de Sostenibilidad Urbanística (LISTA)-, una norma que apoyaron en fase de decreto y que hace apenas tres semanas consideraban «uno de los proyectos claves» del mandato.
El Parlamento andaluz ha aprobado una enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía (Podemos-IU) que paraliza la tramitación y devuelve la ley del suelo al Consejo de Gobierno. PSOE, Adelante y los diputados no adscritos de Anticapitalistas suman 50 votos y se han impuesto a los de PP y Cs (47), gracias a la abstención clave de sus socios de ultraderecha.En la Cámara autonómica no triunfaba una enmienda a la totalidad contra la Junta desde 1995, durante la llamada legislatura de «la pinza» entre PP e IU, que también obligó al Gobierno en minoría del PSOE a adelantar los comicios.
El bloque de las tres derechas se ha resquebrajado y los discursos de concordia han dado paso a un cruce de acusaciones graves. Ahora los populares sostienen que Vox es «un partido poco fiable» -la misma acusación que estos lanzaban a Ciudadanos para convencer a Moreno de que rompiera con ellos tras la moción de censura fallida en Murcia- y hablan de la nueva «pinza» entre la izquierda y el partido de Santiago Abascal. La ultraderecha, en cambio, asegura que Moreno ha encontrado «nuevo socio de legislatura en el PSOE», que «apoyará las medidas de la Junta para evitar que un adelanto electoral le pille sin candidato consolidado y sin unidad en la izquierda».
El bloque de la nueva ley andaluza del suelo es el mayor golpe de Vox al Ejecutivo de PP y Cs en esta legislatura, que desbarata el escenario de estabilidad política a la que tantas veces ha aludido Moreno para descartar de plano un adelanto electoral e insistir en su empeño de agotar el mandato, en diciembre de 2022. Tras el debate, fuentes próximas al presidente andaluz han insistido en que «no habrá elecciones anticipadas»: «Quieren forzar el calendario, pero la Junta está centrada en superar la pandemia y reactivar la economía». El vicepresidente y líder regional de Cs, Juan Marín, ha sido más explícito aún: «Santiago Abascal ha venido a Sevilla a decir que quiere elecciones en octubre. Pero no va a haber adelanto electoral, lo siento, te aguantas en la oposición como mínimo un año».
El partido de extrema derecha que sustenta al Ejecutivo de PP y Cs anunció hace unos días que retiraba su apoyo, pero no era la primera vez que lo hacía. Este miércoles ha consumado su amenaza de ruptura tras el acogimiento de 13 menores inmigrantes de Ceuta, consecuencia de la crisis humanitaria en la frontera con Marruecos hace unos días. La política migratoria, que no forma parte de las competencias del Gobierno andaluz, es uno de los puntos de fricción más evidentes entre PP, Cs y Vox desde el principio del mandato, cuando la ultraderecha exigió la deportación de 52.000 inmigrantes a cambio de apoyar la investidura de Moreno (el punto se retiró finalmente del pacto).
A las 17.52 horas, Vox ha anunciado su abstención ante la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía (Podemos-IU) para frenar la tramitación de esta norma, que consideran «el regreso al ladrillo y al urbanismo salvaje». El portavoz de Vox en este debate, Alejandro Hernández, ha enmarcado la decisión «en la falta de confianza» que se ha instalado entre las tres derechas, después de que el Gobierno andaluz «haya firmado ese documento infamante y antidemocrático» que «silencia» sus ideas, en relación al acuerdo entre la Junta y el Ejecutivo central para acoger a los 13 niños marroquíes. «Después de esto, es difícil culpar a Vox de endurecer el tono», subraya Hernández.
Retraso en la votación, negociación in extremis
La votación estaba prevista para las 18.30 horas. Pero tras anunciar su abstención, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha aplazado la votación una hora más sin previo aviso, ganando tiempo para que PP y Cs negociasen directamente con el portavoz nacional de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explican fuentes próximas al presidente. El diálogo in extremis se ha abierto al más alto nivel, con llamadas a la dirección nacional de PP y Vox para reconducir la alianza de las tres derechas. “Con respecto a la ley del suelo, no podemos ofrecerles nada más, porque hace apenas tres semanas su portavoz decía que estaba perfecta”, se lamentaban desde la Consejería de Fomento.
En pocos minutos se ha desatado el nerviosismo en los pasillos del Parlamento, con reuniones entre los portavoces de PP, Cs y Vox, miembros del Ejecutivo andaluz y llamadas de teléfono a Madrid. Vox había sido claro al argumentar su abstención, vinculada al acogimiento de los menores migrantes y su deseo claro de un adelanto electoral, pero también había dejado una pequeña rendija: se abstendrían «…salvo que a última hora se pueda determinar otra cosa”. No ocurrió. El aplazamiento de la votación no sirvió para que Abascal diera marcha atrás: «La decisión es inamovible». El PP se resignó a perder la ley y cambió de relato: «La Ley Celaá [de Educación] volvió al Congreso sin necesidad de iniciar todo el trámite parlamentario, la volveremos a traer al Parlamento». En paralelo, se ha empezado a construir una ofensiva contra Vox por si a partir de ahora mantienen el pulso: «Ellos quieren negociar la fecha electoral, y esa potestad es exclusiva del presidente y no se negocia», explican estas fuentes.
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