por Daniel Hellinger, Webster University.
Las constituciones delimitan el poder y los límites que un gobierno no puede sobrepasar, y recogen la filosofía general del Estado constituido. Sin embargo, las constituciones contienen ciertas ambigüedades que están sujetas a interpretación. Además, no tienen la capacidad de anticipar todas las posibles circunstancias que pueden surgir en torno a las reglas del juego político, especialmente si hablamos de sociedades extremadamente polarizadas, como es el caso de Venezuela. Desde el mes de enero, el país latinoamericano presenta una curiosa situación: dos presidentes que, consideran, gozan de total legitimidad para dirigir la nación. Por si fuera poco, Venezuela tiene dos asambleas nacionales y numerosas dudas acerca de cómo debería ser aplicada la Constitución.
El presidente, Nicolás Maduro, afirma ser el presidente constitucional tras ganar las últimas elecciones presidenciales, celebradas en mayo de 2018. El 23 de enero de este año, menos de un mes después de convertirse en el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó impugnó la legitimidad de Maduro y declaró la presidencia vacante para, acto seguido, tomar juramento como presidente interino de Venezuela.
Aunque presente desde 2009, Guaidó era poco conocido fuera del círculo político venezolano. Miembro del partido Voluntad Popular, era el suplente de Leopoldo López, líder de la formación encarcelado por, supuestamente, instigar a la violencia en las protestas para derrocar a Maduro.
Una de las promesas que realizó Hugo Chávez durante su campaña presidencial fue el relevo de la Constitución de 1991. De esta manera, en el primer año de su administración fue redactada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que muchos venezolanos percibían como una careta democrática que servía a los intereses de las élites corruptas que controlaban los dos únicos partidos con posibilidades reales de ascender al poder mediante elecciones.
El sucesor de Chávez
Como vicepresidente, Maduro fue la primera opción para suceder a Chávez tras su muerte en marzo de 2013, tan solo cinco meses después de ganar las elecciones para un tercer mandato consecutivo.
Durante la época de Chávez, distintos observadores internacionales (entre los que se encontraba el Centro Carter) fueron críticos con los comicios por la parcialidad favorable al Gobierno durante las campañas electorales. A pesar de esto, el recuento de votos fue considerado legítimo por la mayoría de observadores. Chávez arrasó en las elecciones gracias al apoyo sin condiciones de los sectores de población más pobres, que se beneficiaron de los programas sociales financiados debido al rendimiento económico producido por las reservas de petróleo del país, cuyas ganancias, antes de la llegada de Chávez, iban a parar a las clases medias y a las más poderosas, principalmente.
Maduro no solo se ha enfrentado a las crecientes dudas acerca de la imparcialidad de las campañas electorales, sino también a la veracidad de los resultados oficiales. A pesar de contar con el legado de Hugo Chávez, Maduro consiguió legitimarse en el poder a duras penas, obteniendo el 50,6% de los votos en el referéndum para sustituir al desaparecido líder.
El prestigio político de Maduro sufrió otro duro revés a mediados de 2014 cuando el precio del petróleo, que en un año normal puede oscilar entre el 20 y el 40% del PIB de un país, se desplomó: el valor del barril descendió de 130 a 30 dólares a finales de 2015.
En diciembre de ese mismo año, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sufrió una dolorosa derrota en las elecciones a la Asamblea Nacional, en las que la oposición consiguió hacerse con la mayoría de los escaños, lo que le daba la oportunidad de deshacer los programas llevados a cabo durante los años de Chávez.
Gran parte de la oposición había participado en un golpe de estado fallido en 2002 y nunca aceptó la Constitución de 1999, pero, tras alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional, la Carta Magna impulsada por el Gobierno chavista fue vista como un instrumento para deshacerse de Maduro.
La oposición recogió una cantidad de firmas suficiente para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente, a lo que el PSUV respondió con una estrategia que pretendía retrasar la convocatoria, asegurándose de que una victoria de la oposición tuviera como resultado el ascenso a la presidencia del número dos de Maduro, Diosdado Cabello. Finalmente, el llamamiento a las elecciones revocatorias se fue diluyendo poco a poco.
Una asamblea paralela
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, comenzó a ralentizar y poner fin a las políticas de Chávez, limitando de esta manera el poder de Maduro.
Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, entre cuyos miembros se encontraban algunos designados directamente por el PSUV, aprovechó una disputa acerca de la elección de tres diputados de la Asamblea para decretar que esta estaba abusando inconstitucionalmente de su poder. El TSJ amenazó con suspender la Asamblea unicameral, pero Maduro decidió crear un nuevo cuerpo, la Asamblea Nacional Constituyente, para modificar la Constitución y crear lo que Chávez llamó el “Estado comunal”, que en teoría tendría la potestad de otorgar el poder sobre las políticas y los presupuestos nacionales (generados casi en su totalidad por la exportación de petróleo) a consejos regionales y locales de ciudadanos.
Para crear el nuevo órgano, Maduro se valió de una ambigua sentencia recogida en el artículo 348 de la Constitución: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”. La participación en la elección de representantes de la ANC fue del 41%, ya que la oposición se negó a participar, por lo que está compuesta en su gran mayoría por adláteres de Maduro. El 8 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, independiente de la Asamblea Nacional de Venezuela, adquirió plenos poderes legislativos amparándose en el artículo 349 de la Constitución, que pretende evitar la obstrucción del funcionamiento de una asamblea constitucional.
Las autoridades electorales de Venezuela fijaron las elecciones presidenciales en mayo de 2018, medio año antes de lo que correspondía. Esta decisión, aunque encuadrada en el marco constitucional, generó una gran complicación para elegir un candidato en una oposición dividida. Una facción extensa boicoteó la votación, mientras que otra respaldó a su candidato, el gobernador de un estado importante.
Maduro ganó con el 67,8% de los votos y una participación del 46,7%, una cifra baja en comparación con anteriores comicios. El candidato del PSUV asegura que estas elecciones le convierten en el presidente legítimo y acusa a la oposición, a Estados Unidos y a otros gobiernos extranjeros de promover un golpe de estado en Venezuela.
Por su parte, Guaidó se erigió en presidente interino legitimado por la Constitución después de que la Asamblea Nacional declarase la presidencia “vacante” según el artículo 233, que permite a un presidente interino sustituir al líder elegido en referendo por “abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
Guaidó defiende su actuación como una vía constitucional para sacar al país de la crisis económica y política en la que se encuentra inmerso, decisión que fue reconocida y apoyada por gran parte de los medios de comunicación de las democracias liberales. Maduro recuerda que él ganó unas elecciones y que Guaidó no lo hizo, y este último promete que las convocará cuando tenga el control del Gobierno.
¿Por qué ambos presidentes pusieron tanto empeño en justificar su estatus de “constitucional” cuando casi todo el mundo estaba de acuerdo en que es el Ejército Bolivariano quien tiene la llave para llegar al poder? Por una simple razón: muchos de los miembros del Ejército consideran que defender la Constitución es su trabajo, por lo que resulta importante recalcar el carácter constitucional de sus acciones. Además, ambas partes abogaban por hacer un llamamiento a la opinión internacional sin olvidarse del apoyo de los venezolanos de los barrios pobres y del campo, que conciben la Constitución de 1999 como una garantía de su derecho, conquistado bajo el mandato de Chávez, a ser incluidos en las discusiones acerca del futuro del país.
Daniel Hellinger, Professor Emeritus of International Relations, Webster University. Profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Ph.D. de la Universidad de Rutgers. Ha publicado numerosos artículos sobre asuntos latinoamericanos, así como sobre política en los Estados Unidos. Sus libros y artículos académicos incluyen varios libros sobre la historia y la política de Venezuela, un texto más general sobre la política latinoamericana y un libro reciente que examina el conspiracismo en los Estados Unidos en la era de Trump. Pasó la mayor parte de su carrera a tiempo completo en la Universidad de Webster en St. Louis y actualmente está investigando movimientos populistas en España.
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Consuelo Giménez Pardo, Universidad de Alcalá
Aquellos que no estén familiarizados con la acción humanitaria quizás piensen que ayuda es todo y que es bienvenida venga de donde venga. Quizás les sorprenda y les interese saber que está regulada perfectamente por normas y resoluciones.
La Resolución A/RES/46/182 de la 78ª sesión plenaria de Naciones Unidas de 19 de diciembre de 1991 indica que ayuda es todo lo que comprende esas condiciones que aparecen recogidas en dicha resolución y que solo puede ser referido a ellas.
Se define como Acción Humanitaria (AH) al conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (catástrofes naturales, epidemias y conflictos armados o emergencias complejas), cuya magnitud supera la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales. Implica no solo la provisión de productos y servicios básicos para la subsistencia, sino también, especialmente en situaciones de conflicto, la protección de las víctimas y sus derechos fundamentales a través del trabajo en la defensa de los derechos humanos (advocacy), el testimonio, las demandas, la presión política (lobby) y el acompañamiento.
Los principios que rigen esa ayuda son claros:
- Universalidad: cualquier víctima de un desastre natural o humano debe ser socorrida, independientemente de toda diferencia política, étnica o de otro tipo,
- Humanidad: trata de adoptar todas las medidas posibles para evitar o aliviar el sufrimiento humano provocado por conflictos o calamidades,
- Independencia: las organizaciones humanitarias deben desempeñar sus funciones sobre la base de sus propias decisiones,
- Neutralidad: trata sobre la abstención de todo acto que, en cualquier situación conflictiva, pueda interpretarse como favorable a una de las partes implicadas o en detrimento de la otra,
- Imparcialidad: principio por el que la ayuda humanitaria debe proporcionarse a las víctimas en función de sus necesidades, no en función de cualquier otro criterio que suponga discriminación por raza, sexo, o ideología política.
Mucho más que paquetes y tiritas
La ayuda humanitaria es mucho más que repartir paquetes o poner tiritas. Se pretende precisamente salvar vidas, curar enfermedades y aliviar el dolor de las víctimas.
Las personas que bajo protección de Naciones Unidas (Resolución A/RES/717129) trabajan en este campo son profesionales altamente cualificados y las organizaciones para las que trabajan realizan una evaluación previa de la situación, un diagnóstico que pone de relieve a los más vulnerables, mujeres y niños.
Además, trabajan con buenas prácticas, transparencia y rendición de cuentas, y basan sus actuaciones en condiciones de calidad construidas por consenso durante años a base de trabajo y esfuerzo a nivel internacional.
Los mecanismos para poner en marcha una ayuda humanitaria ocurren cuando el gobierno legítimo de un país entiende que la situación supera sus capacidades y solicita ayuda internacional. En el caso de que no haya gobierno, esta ayuda humanitaria la impulsan los organismos de Naciones Unidas que tienen competencias en este asunto.
Asumir los acuerdos internacionales
Esa ayuda debe cumplir los acuerdos internacionalmente asumidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, los Principios de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas y el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria.
Hemos visto recientemente ejemplos que parecen apoyarse en una base que nada tiene que ver con la ayuda humanitaria. La crisis económica, político-institucional y sociosanitaria que sufre Venezuela tiene efectos muy graves en la población que precisan atención. Conviene precisar que muchas organizaciones ya están en el país trabajando en el acceso de medicamentos y alimentos desde hace tiempo.
Sin embargo, es necesario aportar el dato de INFORM, tal y como cita el IECAH, en el que Venezuela aparece en el año 2019 en el puesto 64 como país con riesgo medio de crisis humanitaria con un índice de 4,5, mientras que Colombia tiene un índice de 5,5, lo que le sitúa en riesgo alto.
Los medios se han volcado en la situación venezolana, y la posible distribución de ayuda humanitaria se utiliza como un instrumento para generar una legitimidad paralela. De esta forma se contravienen las normas internacionales y se genera más división, tensión y violencia entre la población.
Injerencia política
Aplicar la falsedad de la ayuda humanitaria a cuestiones que no lo son, si bien no es nada nuevo – ha sido utilizado muchas veces en la Historia–, es un hecho gravísimo que implica la utilización de los principios que la rigen con la finalidad de realizar injerencia política.
Es de extrema gravedad que se utilice la simbología, nomenclatura y conceptos propios del humanitarismo para otros intereses. Es irresponsable y las consecuencias son terribles, generando que el trabajo de años de organizaciones y trabajadores humanitarios sea visto como algo sometido a sospecha. Los que sufrirán las consecuencias a corto, medio y largo plazo, serán, como siempre, los más débiles.
Es necesario siempre el diálogo, luchar por la prevención de conflictos y por la búsqueda de la paz civil, no militar, tal y como refieren las Directrices de Oslo. Existen mecanismos nacionales e internacionales perfectamente habilitados para ello.
Decir que se trabaja en este sentido y actuar de otra manera escondiéndose detrás de la llamada “ayuda humanitaria” transmite mensajes erróneos a la población. Esto es algo que forma parte del aprendizaje de los errores del pasado, y ha de hacernos reflexionar sobre acciones que no buscan el bienestar de un pueblo, sino el control de los recursos de la población a cualquier precio.
Vivimos un momento social internacional en el que acuerdos, principios, normas, leyes y resoluciones que hasta ahora eran estables y suponían un punto de partida, se rompen o parecen cumplirse a criterio de los intereses de determinados líderes políticos. Utilizando la ayuda humanitaria también, algo que como sociedad no nos podemos permitir y no debemos consentir. Algo que, por supuesto, no puede ni debe hacerse en nombre de la ayuda humanitaria.
Consuelo Giménez Pardo, Profesora de Enfermedades Tropicales y Salud Global de la UAH, Directora del Máster Universitario en Acción Humanitaria Sanitaria, Universidad de Alcalá
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