UPA y ACCEM firman un “código de buenas prácticas” para la contratación de personal agrícola en la provincia de Huelva

  • La ONG asume responsabilidades habitualmente atribuidas a los sindicatos.

  • El texto fue adelantado en exclusiva por la Mar de Onuba el pasado 18 de mayo, y cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía.

Miércoles, 13 de junio de 2018. “Conscientes de la necesidad de mejorar la vida de los inmigrantes a través del empleo digno, construyendo marcos estables de colaboración y coordinación entre empresarios y trabajadores”, la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva (UPA) y Accem, ONG sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, han suscrito este miércoles el decálogo de buenas prácticas cuyo contenido adelantó, en exclusiva, La Mar de Onuba el pasado 18 de mayo.

El texto es un añadido al convenio de colaboración que mantienen desde hace varios años ambas entidades para la integración e inserción sociolaboral de personas inmigrantes en el sector agropecuario a través de la formación en el sector, y, como adelantó también esta redacción, cuenta con el aval de la Junta de Andalucía. De hecho, inicialmente estaba previsto que la firma se realizara el pasado 19 de febrero entre el secretario general de UPA y la directora nacional de la ONG, Julia Fernández Quintanilla en presencia de la Consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar. Finalmente no ha sido así y el convenio de colaboración ha sido suscrito con el coordinador de ACCEM en Hueva, Francisco Villa y sin presencia de autoridades.

El acuerdo incluye, por parte de la patronal el compromiso de vigilancia del “cumplimiento estricto” del Convenio Colectivo del Sector de Trabajadores del Campo de la Provincia de Huelva. También la obligación para las empresas contratantes de facilitar alojamiento a sus trabajadores de carácter gratuito no descontándose alquiler alguno al trabajador, que deberá reunir los requisitos adecuados de sanidad e higiene exigidos por la legislación vigente, para que los trabajadores puedan habitar en ellos de una forma digna, reuniendo, como mínimo, las condiciones de habitabilidad establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Asimismo, las empresas adheridas al convenio, cuyo texto adelantó La Mar de Onuba en mayo, se comprometen a “cumplir y hacer corresponder las horas dadas de alta al trabajador con las efectivamente trabajadas y cobradas”.

Por último, las empresas se comprometen también a entregar al trabajador una “carta de referencia laboral” al finalizar la relación contractual, siempre y cuando ambas partes hayan cumplido los objetivos establecidos, que ayude al currículo laboral de los jornaleros de cara a otras campañas agrícolas.

Por su parte, la ONG que suscribirá el acuerdo avalado por la Junta, tendrá acceso a los datos de los trabajadores para la “comprobación y revisión estricta” de su cualificación laboral y de su situación regular en España.

También participarán en la creación de una bolsa de empleo agrario reglada y documentada curricularmente, cuyo objetivo es priorizar la contratación de trabajadores afincados en los asentamientos pero que se encuentran en España en situación regular y disponen de permisos de residencia y de trabajo, como forma de aliviar la precariedad en la que viven, y fomentar su integración en la sociedad.

La ONG estará capacitada también para la “intermediación en caso de conflictos entre empresario y trabajador para llegar a la resolución del problema planteado de la forma más adecuada posible”, un papel que históricamente venían cumpliendo los sindicatos.

Finalmente, la ONG también emitirá “certificados de calidad” a las empresas participantes que “hayan cumplido los objetivos establecidos del certificado de cumplimiento del código suscrito”, con el compromiso tanto por parte de la patronal firmante de la propia organización no gubernamental de “dar publicidad, a través de sus publicaciones en cualquier medio de difusión, a la certificación de buenas prácticas obtenida por la empresa”.

En los dos últimos años, UPA y ACCEM han mantenido vigente un convenio a través del cual se han formado a un total de 251 inmigrantes (hombres y mujeres) en temas como manipulación de alimentos en el sector agrícola, protección de riesgos laborales o manipulación de carga y carretilla entre otros cursos. Además, se llevan a cabo seguimientos de las personas formadas, buscando su integración laboral en empresas del sector agrícola de onubense, realizándoles currículos y propiciándoles en la medida de lo posible un alojamiento digno.

El código de buenas prácticas suscrito este miércoles entre UPA y ACCEM supone un novedoso acuerdo de colaboración entre una de las patronales de los pequeños agricultores y la ONG de ámbito nacional con amplia experiencia en materia de extranjería, cuyo objetivo es poder realizar un seguimiento más eficaz de las relaciones entre agricultores y trabajadores. A través de convenios de estás características, organizaciones sin ánimo de lucro como ACCEM vienen asumiendo labores de formación, asesoramiento, seguimiento, y verificación que tradicionalmente ejercían los sindicatos mayoritarios, y que desde hace algunos años ha comenzado a asumir y realizar las ONG con el acuerdo de las organizaciones empresariales.


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