Un nuevo caso de presunta corrupción en la Diputación Provincial salpica al líder provincial del PSOE, Ignacio Caraballo

Un nuevo caso de presunta corrupción desvelado ayer por el diario ABC ha vuelto a convulsionar al PSOE de Huelva a escasos días de que arranque la campaña electoral de las elecciones andaluzas.

El asunto afecta al secretario provincial del partido y presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo y está relacionado con la gestión realizada por la entidad supramunicipal de la ayudas del PFEA (Programa para el Fomento del Empleo Agrario), el anterior PER (Plan de Empleo Eural). Según el diario sevillano, dichas ayudas fueron a parar a ayuntamientos gobernados por el PSOE en fechas preelectorales, y destinadas a obras que luego no se hicieron y fueron justificadas con facturas falsas e informes fabricados, que la propia Diputación habría validado mediante una trama de trabajadores afines, organizada expresamente para sortear los obstáculos legales y beneficiar con contratos subvencionados  a municipios y personas determinadas.

Así se desprende de las primeras diligencias  llevadas a cabo por la Guardia Civil, que lleva la investigación del caso para el juzgado de instrucción número 2 de Valverde del Camino. Las irregularidades fueron denunciadas en el juzgado por uno de los técnicos que tramitaba las ayudas, quien ha señalado a “políticos y técnicos de las tres administraciones intervinientes en el otorgamiento, control, seguimiento y pago de las subvenciones adscritas a este programa”. Estas instituciones son la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Huelva (SPEE), el Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y la propia Diputación onubense.

Según ABC, “el denunciante, que era una persona integrada en el propio sistema de concesión de las subvenciones, entregó a los agentes una copiosa documentación en la que alertaba de que se promovió un plan para que los técnicos contratados por la Diputación para el programa de Empleo Agrario realicen trabajos técnicos para el Servicio Provincial de Empleo Estatal en sus dependencias, cuyos informes técnicos son imprescindibles para determinar autorizaciones». La investigación ha detectado irregularidades  en las ayudas destinadas los municipios de Galaroza, Cumbres Mayores, Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Alosno, Beas, Calañas, Campofrío, Cartaya o Nerva.

La cabecera sevillana también asegura que “el denunciante es muy explícito” en el relato de las irregularidades: «Se pretendía contentar a los ayuntamientos facilitándoles gastar el dinero en lo que prioricen en lugar de velar por la legalidad de los procedimientos y la consecución de los fines comprometidos en los proyectos aprobados. Y para ello debían contar con un aparato muy comprensivo y tolerante, sensible a los graves momentos coyunturales que pasan las corporaciones locales, con el objeto de que pudieran atender otras necesidades». Es decir, la Diputación daba la ayuda para un proyecto determinado, el Ayuntamiento se gastaba el dinero en otras cuestiones que le interesaban más a los alcaldes —pudieron incluso pagarse nóminas con ese dinero— y lo justificaba con documentos a los que los técnicos afines contratados por la propia Diputación daban el visto bueno”.

Entre los investigados por el juzgado de Valverde del Camino se encuentran  el director provincial de Empleo Estatal en Huelva; el diputado de Personal de la Diputación de Huelva, José Martín; el director de área de Infraestructura de la Diputación, Julio Sánchez; la jefa de Recursos Humanos, Silvia Pérez; y una técnico de selección de personal, además de 14 trabajadores contratados de forma supuestamente irregular, entre ellos, el propio denunciante, y varios alcaldes.  Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y exacciones ilegales.

En el sumario se indica que todas estas subvenciones fueron firmadas por el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y que la persona que se encargó de contratar al grupo de técnicos “afines” (entre ellos,  el hijo del director provincial de Empleo Estatal)  que validaba las justificaciones, fue el diputado José Martín.

El escándalo salta en un muy mal momento para el PSOE de Huelva, cuyo secretario general, Ignacio Caraballo, está pendiente de que se le notifique la fecha de apertura del juicio con jurado por el denominado caso Aljaraque, en el que el también presidente de la Diputación Provincial está acusado de prevaricación y cohecho por la presunta compra de dos concejales de la localidad onubense. El soborno habría evitado que los socialistas perdieran la alcaldía aljaraqueña mediante una moción de censura presentada por el PP e inicialmente firmada también por los dos ediles de Sí se Puede, que habrían retirado su apoyo tras los acuerdos secretos bendecidos por Caraballo.

PP y Ciudadanos exigen a Susana Díaz el cese de Caraballo
Tras conocerse ayer la investigación llevada a acabo por el Juzgado de Valverde del Camino, el PP ha solicitado la marcha del presidente de la Diputación de Huelva y secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo. «La Diputación y su presidente están bajo sospecha», ha lamentado el secretario general del PP de Huelva, David Toscano, situación que ha calificado de «muy grave» para la imagen de la provincia. «¿Qué más hace falta para que Caraballo se vaya o Susana Díaz, máxima responsable del partido en Andalucía, lo cese».

Por su parte, la cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Parlamento de Andalucía por Huelva, Rocío Ruiz, también ha exigido este martes la dimisión del líder de los socialistas onubenses. “Hace mucho tiempo que Ciudadanos sostiene que el señor Caraballo tiene que dimitir, que no soportamos más casos de corrupción”, ha dicho Ruiz en una nota de prensa, en la que además afirma que “ya va siendo hora de que la señora Susana Díaz, que se vanagloria diciendo que desde que dirige su partido en Andalucía y la Junta no han saltado casos de corrupción, tome cartas en el asunto y obligue al señor Caraballo a dejar su cargo de inmediato”

En la sede provincial de PSOE se guarda silencio, y han rechazado comentar este nuevo caso, al traterse de un asunto que judicializado.

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