Un mes de estado de alarma en España: Cuatro áreas de atención que debe tener en cuenta el Gobierno

Protección adecuada para las mujeres víctimas de violencia de género, respeto a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, refuerzo de las medidas de protección para personal sanitario y una vigilancia online acorde con las normas internacionales son los puntos que subraya Amnistía Internacional para el pleno del Congreso de este miércoles.

COMUNICADO AMNISTÍA INTERNACIONAL

Hoy se celebra el pleno en el Congreso, el primero después de que se cumpla un mes desde el inicio del estado de alarma en España como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Por ello, Amnistía Internacional señala cuatro áreas de atención que el Gobierno debe tener en cuenta en estos momentos para poder superar esta crisis ocupándose de todas las personas: el refuerzo en la protección del personal sanitario; la situación en la que se encuentran las personas migrantes y refugiadas, especialmente las que están en el CETI hacinado de Melilla y las que necesitan asistencia letrada, que en estos momentos puede verse mermada; las garantías de seguridad para mujeres víctimas de violencia de género; y la certeza de que las medidas sobre vigilancia que se aprueben sean usadas con el único fin de vencer a esta pandemia.

“Si algo ha dejado claro esta crisis es que el trabajo colectivo de todas las personas es fundamental. No nos podemos permitir olvidarnos de nadie durante esta pandemia, ni mucho menos de quienes corren mayores riesgos económicos o sociales como consecuencia del coronavirus”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Víctimas de violencia de género
Son importantes las medidas adoptadas por el gobierno para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género que en estos momentos pueden además estar confinadas con sus agresores y por lo tanto viendo reducida su capacidad de comunicación con el exterior ante el riesgo de un aumento de la violencia vinculado a la propia situación. De hecho, del 14 al 29 de marzo aumentaron, respecto al mes anterior, un 18,21% las llamadas al 0,16 y un 269% las consultas on-line. En lo que se refiere al servicio de atención emocional y psicológica vía Whatsapp, desde que se puso en funcionamiento el servicio (del 21 al 29 de marzo) se han recibido un total de 168 consultas pertinentes.

Estos datos, sin embargo, contrastan con el preocupante descenso que, desde la declaración del estado de alarma, se ha producido en el número de asuntos en los juzgados de violencia contra la mujer, a pesar del esfuerzo que se está haciendo para garantizar la cobertura de servicios esenciales de la administración de justicia en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. Los juzgados de Sevilla, por ejemplo, calculan ese descenso en un 60% y los de Madrid lo sitúan entre un 30 y un 70%, según información del propio Consejo General del Poder Judicial.  

Amnistía Internacional señala que es urgente que se dé información más detallada sobre el funcionamiento del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la Crisis de la COVID-19, así como de la coordinación entre las distintas administraciones públicas y las medidas que efectivamente se están adoptando para garantizar tanto la seguridad como la adecuada atención de las mujeres y sus hijos e hijas. Algunos gobiernos autonómicos han informado a AI de las medidas específicas que están adoptando en tiempos de pandemia para garantizar los derechos y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Así, Andalucía va a aplicar un plan de acción personalizado para las mujeres víctimas de violencia de género. En las Islas Baleares se ha reforzado el servicio de atención telefónica y se ha mantenido el servicio de acompañamiento a las víctimas, además de otro destinado a no saturar los procedimientos judiciales en casos urgentes. En la Comunidad Valenciana se mantiene el servicio que prestan las oficinas de atención a las víctimas del delito para garantizar en todo momento la plena protección de las personas que pueden estar en situación de mayor vulnerabilidad a causa del estado de alarma, especialmente las víctimas de violencia de género.

«Desgraciadamente, durante este periodo de confinamiento al menos dos mujeres (y una tercera en investigación) han sido asesinadas a manos de sus parejas, un total de 18 en lo que va de año. Y muchas pueden estar viviendo un auténtico infierno. Necesitamos hacer todo lo posible por protegerlas», asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.

Personas migrantes y refugiadas
La pandemia ha provocado una importante bajada en el número de llegadas de personas migrantes y posibles refugiadas a las costas españolas del Estrecho, aunque han aumentado las llegadas a las islas Canarias. Amnistía Internacional recuerda que todas las personas tienen derecho a a la salud, también los migrantes y refugiados, cuyos derechos no quedan paralizados como consecuencia de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Siguen teniendo que tener acceso a información sobre sus derechos, acceso a asistencia legal y a procedimientos de asilo y extranjería con todas las garantías. La organización pide que no se incoe ningún procedimiento sancionador o devolución si no puede garantizarse una adecuada asistencia letrada, y que deben adoptarse las garantías pertinentes para asegurar esta asistencia, especialmente cuando los y las abogadas se nieguen a prestarla si no se les proporciona las adecuadas y necesarias medidas de seguridad. “Nos preocupa que, debido a las medidas de confinamiento que implican un menor número de abogados disponibles, las personas migrantes y refugiadas puedan estar teniendo un menor acceso a una asistencia letrada a la que tienen derecho”, lamenta Virginia Álvarez.  

“La realidad es que ni siquiera la pandemia y el cierre de fronteras pueden frenar el que miles de personas sigan huyendo de sus países y de violaciones de derechos humanos. La falta de rutas legales y seguras provoca que muchas personas arriesguen sus vidas con rutas más largas y más peligrosas. Y, cuando consiguen llegar, tienen que enfrentarse a condiciones duras, como lo hemos denunciado en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, ahora mismo hacinado y sin las condiciones necesarias para garantizar las salud de las personas que están en él”, declara Álvarez. La organización valora las medidas de higiene y protección que se han tomado con los y las profesionales del CETI, pero lamenta que los y las residentes del centro puedan no estar teniendo acceso a esos mismos materiales y a las medidas de distanciamiento necesarias en un espacio que se encuentra ahora mismo lleno con el doble de personas de su capacidad. Un total de 1.655 personas se encuentran en un centro que normalmente tiene una capacidad para 580 personas, aunque ahora Interior asegura que tras los últimos acontecimientos las plazas se han ampliado mediante la instalación de unas carpas hasta llegar a una capacidad de 782. Por eso, Amnistía Internacional lleva varias semanas pidiendo que se agilicen los traslados a la península. Además, a la organización también le preocupa que el protocolo de actuación para prepararse ante la situación generada por la COVID-19 no se haya validado aún con las autoridades sanitarias estatales.

Vigilancia solo para garantizar la salud
Por otro lado, y tras los anuncios del Gobierno español sobre la posibilidad de usar aplicaciones tecnológicas a través de los teléfonos móviles para hacer seguimiento de las personas afectadas por el coronavirus, Amnistía Internacional advierte de que la recopilación y el uso de datos personales durante la pandemia de COVID-19 deben utilizarse con el único fin de responder y vencer a esta crisis.

«La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones para salvar vidas y contener la pandemia, además de ayudar a difundir mensajes de salud pública o aumentar el acceso a los servicios de salud. Pero todas las medidas de seguimiento o vigilancia que se adopten deben ser establecidas previamente por ley, estar sometidas a mecanismos externos de supervisión independientes y al control judicial, y deben ser necesarias, proporcionales y justificadas para objetivos legítimos de salud pública», indica Virginia Álvarez.

Amnistía Internacional insiste en que, en caso de que se lleguen a ampliar las medidas de seguimiento y vigilancia, dichas medidas deben aplicarse con transparencia y supervisión adecuada, deben ser lo menos intrusivas posible y deben estar limitadas en el tiempo, solo hasta que sea estrictamente necesario para contribuir a acabar con la expansión del virus. «En ningún caso la pandemia puede convertirse en una carta blanca para que los Gobiernos extiendan la vigilancia masiva sobre la población», advierte la responsable de Política Interior de Amnistía Internacional.

Además, la organización exige que la manera en que se recopile la información en estas aplicaciones móviles, y cómo sea procesada, analizada, utilizada y compartida eventualmente con terceros sea totalmente transparente, tanto durante la pandemia como posteriormente. «El uso de tecnologías de vigilancia como la inteligencia artificial en la respuesta al coronavirus no debe incrementar las posibilidades de discriminación ilícita y puede perjudicar de forma desproporcionada a determinadas comunidades o grupos ya de por sí marginados«, recuerda Álvarez.

Por último, aunque la colaboración entre el sector público y el privado puede ofrecer soluciones creativas necesarias para hacer frente a esta crisis de salud, algunos Gobiernos recurren a empresas expertas en tecnología de vigilancia que presentan historiales profundamente preocupantes en materia de derechos humanos. Un ejemplo es la compañía israelí NSO Group, que ya tiene un historial de venta de información a gobiernos que cometen abusos. Es esencial que las compañías que intervienen en la lucha contra la COVID-19 no tengan un historial de vulneración de los derechos humanos y se comprometan a respetarlos en cualquier desarrollo tecnológico que pongan en marcha.

El personal sanitario, sin protección suficiente

Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la situación en la que se encuentra el personal sanitario, con más de 25.000 contagiados y 31 fallecidos. Un mes después de la declaración del estado de alarma, las y los profesionales de la salud siguen sin contar con materiales de protección en cantidad y calidad suficiente. Todas las personas del sector sanitario que trabajen en hospitales, centros médicos, centros socio-sanitarios, residencias de mayores u hoteles medicalizados necesitan protección. “Nos preocupa que, por ejemplo, los y las médicos de atención primaria están realizando visitas a domicilios, que son zonas de alta contagiosidad, sin materiales adecuados que los protejan”, denuncia Esteban Beltrán.

La organización denuncia además que el personal sanitario no está teniendo acceso de manera generalizada a test de detección, a pesar de que éste es un sector prioritario que debería acceder a una prueba que confirme si están contagiados o no. En el caso de contagio, los y las trabajadoras deben ser retiradas del servicio que efectúan. Ningún profesional sanitario debe incorporarse a su puesto de trabajo sin hacerse el test y una vez que las pruebas confirmen la negatividad, ya que supone un riesgo elevado para la población, los y las pacientes atendidas, el resto de compañeros/as de personal sanitario e incluso su propia salud. “La realización de tests al personal sanitario tiene que ser una prioridad para las autoridades ahora mismo”, señala Beltrán.

Más información

Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña, en la que han participado cerca de 25.000 personas en poco más de dos semanas, para exigir un mayor refuerzo de la protección del personal sanitario. Además, también ha lanzado una ciberacción sobre la situación en los centros para migrantes y extranjeros pidiendo que se aceleren los traslados a la península, especialmente de las personas más vulnerables.

Aquí puedes encontrar toda la información que hemos publicado sobre coronavirus.

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