Turquia: diez años de cárcel para el magistrado Murat Arslan

En 2017 recibió el Premio Vaclav-Havel a los Derechos Humanos que concede la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Un  tribunal de Ankara ha condenado al juez turco Murat Arslan, en detención preventiva desde 2016, a diez años de cárcel por «pertenencia a organización terrorista».

A Murat Arsla, de 44 años y exrelator del Tribunal Constitucional turco, quien recibió en 2017 el Premio Vaclav-Havel que concede la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se le acusa de pertenecer a la comunidad de Fethullah Gülen, el predicador islamista exiliado en Estados Unidos a quien las autoridades consideran el cerebro del fallido golpe de estado contra el régimen de Erdogan del 15 de julio de 2016.

Sin embargo, explican hoy las agencias internacionales, no se le ha probado ningún hecho terrorista y todo el caso se ha montado sobre la base de algunas aplicaciones encontradas en su teléfono móvil, entre ellas un servicio de mensajería instantánea llamado Bylock, que las autoridades de Ankara describen como “la principal forma de comunicación de los conjurados”.

Murat Arslan niega haberse descargado esa aplicación y la Asociación de magistrados europeos para la democracia y las libertades (Medel), que ha seguido el asunto con interés, asegura en un comunicado publicado tras conocerse la sentencia que “todo el procedimiento judicial carece de trasparencia y no tiene nada de procedimiento legal regular”.

El proceso ha estado lleno de irregularidades: el principal testigo de cargo de la acusación es anónimo y otros muchos testigos se han desdicho de sus primeras declaraciones; el juez se ha cambiado cuatro veces, y tres de ellas sin ninguna razón ni explicación; se han rechazado las propuestas de la defensa de escuchar a algunos testigos, así como las múltiples veces que se ha pedido la libertad del acusado.

Murat Arslan, prestigioso magistrado turco, «no tiene el perfil de un adorador religioso, ni mucho menos el de un terrorista», escriben hoy en las páginas del diario francés Le Monde.

“Nunca ha llamado a la insurrección, ni jamás ha llevado un arma. Cree en el estado de derecho, y lo repitió varias veces en la sala mientras esperaba conocer su  sentencia”.

Sus males comenzaron cuando presidió la Asociación de magistrados independientes Yarsav, la única organización turca que estableció lazos con sus homólogos de otros países.

La carrera de Murat Arslan se interrumpió en 2015 cuando le trasladaron del Tribunal Constitucional al Tribunal de Cuentas.

El 20 de julio de 2016, cinco días después del fallido intento de golpe de estado, Murat Arslan declaraba que presentía que se iban a llevar a cabo purgas en la institución judicial, como en otros sectores de la sociedad turca, entre ellos los medios de comunicación. Y, en efecto. En los días siguientes fueron puestos en arresto domiciliario 2745 magistrados, sospechosos de apoyar el movimiento “terrorista”. Pocos días más tarde fue disuelta la asociación Yarsav y el 19 de octubre de 2016 detenían a su presidente, encarcelado desde entonces  en la prisión de Sincan, en Ankara, donde comparte celda con otros dieciséis detenidos, que se turnan para dormir sobre las colchonetas, ya que solamente disponen de ocho.

Cuando el 10 de octubre de 2017, la Asamblea del Consejo de Europa concedió el Premio Vaclav-Havel al magistrado Murat Arslan por su encarnizada defensa de los derechos humanos, “la respuesta de las autoridades turcas, furiosas porque un ‘terrorista’ fuera galardonado, no se hizo esperar. Poniendo en duda la credibilidad de la Asamblea, el gobierno de Ankara decidió cancelar su participación en el presupuesto de la entidad”, escribe Marie Jégo, corresponsal de Le Monde en Estambul.

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