Trump y la sombra del impeachment

por Trajan Shipley

El orden mundial


El proceso de destitución o impeachment es el único medio por el que se puede cesar al presidente de Estados Unidos. Sin embargo, se trata de un proceso complejo y por el que nunca se ha removido a un inquilino de la Casa Blanca, algo que parece condenado a repetirse.

En el ensayo número 65 de El Federalista, Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, no duda en tildar el proceso de impeachment de “político”, afirmando que “raras veces dejará de agitar las pasiones de la comunidad, dividiéndola en partidos más o menos propicios o adversos al acusado”, y señalando el peligro de que “la decisión esté determinada por la fuerza comparativa de los partidos, en mayor grado que por las pruebas efectivas de inocencia o culpabilidad”. Este proceso típico de sistemas presidencialistas esconde, detrás de su dificultad legislativa, un considerable peligro político no sólo para quien se vea sometido a él, sino para la comunidad política que lo soporte.

En Estados Unidos, escándalos políticos de gran magnitud han protagonizado procesos de destitución. Es el caso de Richard Nixon y el Watergate o Bill Clinton y Monica Lewinsky. Sin embargo, en contra de lo que se suele pensar, ningún presidente ha sido destituido en la historia de Estados Unidos, ya que ningún impeachment ha llegado a completarse. De hecho, solo se llegó a iniciar en los casos de Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton. La dificultad y la magnitud política de dicho proceso hacen muy difícil que logre su objetivo, un patrón que es probable que continúe en el caso de que Donald Trump sea objeto de él en el futuro.

Cómo funciona

La Constitución estadounidense señala que el presidente, el vicepresidente y todos los altos cargos federales pueden ser cesados de su cargo mediante un proceso de destitución tras haber sido condenados por traición, soborno u otros crímenes y delitos. No sólo se debe probar que los delitos se cometieron, sino que el acusado ha de ser juzgado con todas las garantías. Sin embargo, al tratarse de un mecanismo de control del poder más del sistema político estadounidense, es el poder legislativo quien asume la tarea de juzgar y condenar, encargándose la Cámara de Representantes de promover el proceso y haciendo el equivalente de acusación, mientras que es el Senado quien juzga y mantiene o destituye al cargo.

En el caso de que se quiera cesar al presidente, proceso comienza en la Cámara cuando un representante presenta una o varias mociones de impeachment, o cuando un tercero cualificado, como un fiscal especial, remite a la Cámara un informe recomendando dicho proceso. Antes de efectuar ningún voto, la comisión jurídica u otra creada ad hoc estudia el caso y emite una recomendación no vinculante para el resto de la Cámara, que, en base a los hechos presentados, vota si acepta la moción o mociones para que sean juzgados en el Senado. Se trata de un voto que requiere solo una mayoría simple y que equivaldría a la admisión a trámite de una denuncia.

Si se vota el impeachment, el proceso pasa al Senado, que actúa como jurado bajo la supervisión del presidente de la Corte Suprema. Un equipo de representantes de la Cámara actúa de acusación, mientras que el presidente dispone de su propia defensa. Una de las peculiaridades del proceso es que no existen unas reglas procedimentales fijas para como se tenga que desarrollar el juicio, sino que es el propio Senado quien las decide antes de proceder, lo que puede jugar a favor o en contra del Presidente en virtud de qué partido controle la cámara. El Senado vota a favor o en contra de los delitos que la Cámara ha imputado, y en caso de que el voto sea afirmativo, el presidente queda cesado, asumiendo el cargo el vicepresidente.

Este desenlace, que nunca ha ocurrido en la historia de EE. UU., resulta muy improbable, dado que la longitud del proceso normalmente lleva a la dimisión del presidente en caso de que no tenga los números suficientes para ganar una votación en el Senado, como sucedió con Nixon, lo que muestra una vez más la suerte de juicio político que supone. Aunque es verdad que la destitución requiere una mayoría simple en la Cámara y una mayoría de dos tercios en el Senado, algo muy difícil de conseguir, el voto de los senadores es completamente libre y no requiere justificarlo jurídicamente. Por ponerlo de forma más evidente: el Senado puede decidir que un presidente siga en su cargo incluso cuando se ha probado que cometió un delito.


Para ampliarAn Overview of the Impeachment Process; T.J. Halstead para el Senado de Estados Unidos.

Qué escenarios hay

La investigación que dirige el fiscal Robert Mueller puede suponer el mayor reto al que se enfrente la Administración Trump. Si concluye que hubo colusión entre el equipo de Trump y la campaña rusa de interferencia en las elecciones de 2016, la presión de la oposición y la opinión pública le auguraría un mandato más que complicado. Si además de llegar a dicha conclusión, el fiscal imputa delitos a personas como Donald Trump hijo o Jared Kushner, su yerno, la magnitud sería aún mayor. Y si Mueller también concluye que el presidente cometió algún delito —obstrucción a la justicia, lo más probablemente— entonces Trump sí que podría temer por su presidencia y su futuro.

Sin embargo, deben darse más cosas antes de llegar a ese escenario. Ahora mismo, el Partido Republicano, a pesar de la enorme división en sus filas, ostenta un cuasi-monopolio del Gobierno federal. Además de la Casa Blanca, los republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, y en apenas dos años han conseguido una mayoría de jueces conservadores en la Corte Suprema. El apoyo a Trump entre los votantes republicanos es notablemente alto, al igual que por parte de los medios de comunicación y grupos de poder conservadores como Fox News o la Asociación Nacional del Rifle, que ven en Trump una oportunidad única de avanzar su agenda.

Las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar en noviembre de este año revelarán el estado del país en la era Trump y el futuro de su administración. Las primeras predicciones señalan que lo más probable es que los demócratas recuperen la Cámara y que los republicanos mantengan el control del Senado, pero todos los escenarios, incluido el de un triunfo aplastante de los demócratas, siguen abiertos. Sólo si se diera este caso, la Administración Trump podría empezar a rezar por su futuro en los supuestos descritos en relación con la investigación de Mueller.

Si realmente, al concluir la investigación, la presidencia de Trump se hallara en peligro de sobrevivir y los demócratas iniciasen un proceso de destitución, su éxito sería muy improbable. Ya sea para que la Cámara vote a favor del impeachment o el Senado decida condenar a Trump y destituirle del cargo, los demócratas necesitarían sí o sí los votos del Partido Republicano, dos tercios en el caso del Senado. Si los republicanos aceptaran dejar caer a su presidente, es más probable, al igual que con Nixon, que se produzca en forma de dimisión. No obstante, también sería plausible un escenario en el que Trump decidiera ir hasta el final, obligando a su propio partido a despojarle del cargo. Dicho escenario puede que ya esté en la mente de Trump, cuya estrategia de defensa consiste en hacer creer a su base electoral que la investigación es una caza de brujas.

Que la presidencia de Trump termine por un impeachment es poco probable y, como avanzó Madison, implicaría un precio político enorme para un país tan polarizado como Estados Unidos. Sin embargo, por lo expuesto en los cuatro artículos que componen este especial, la trama rusa parece avanzar hacia el mayor escándalo político en décadas en Estados Unidos y el mundo.


Trajan Shipley

Madrid, 1997. Estudiante de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Con nacionalidad española y estadounidense. Interesado en geopolítica e Historia mundial.

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