Trabajadores chabolistas de cuatro nacionalidades sortean las habituales trabas para solicitar su empadronamiento al personarse con representantes de la sociedad civil y partidos de izquierda

Pepa Suárez, presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón, muestra las solicitudes registradas este viernes en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

🗞️ Organizaciones pro derechos fundamentales denuncian la negativa fuera de la ley de los ayuntamientos a empadronar a ciudadanos migrantes residentes en asentamientos chabolistas.

🗞️ La presencia como testigos de la diputada de Adelante Andalucía, María Gracia, el coordinador provincial de IU, Marcos Toti y representantes de Alianza para la Solidaridad, Mujeres 24 H y Ecologistas en Acción, entre otros colectivos sociales, logra que el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) acceda al registro de las solicitudes.

📢 La Asociación Multicultural de Mazagón, promotora del «piquete cívico» de acompañamiento, anuncia acciones similares en los próximos meses.
por Perico Echevarría
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Sábado, 21 de mayo de 2022. No está claro si lo sucedido a primera hora de la tarde de este viernes en el registro del municipio onubense de Lucena del Puerto es un éxito de la sociedad civil cuando se organiza para defender los derechos básicos de la ciudadanía en un Estado Social y de Derecho, léase España, o si estamos ante la constatación de lo que falla en dicho Estado.

Lo cierto es que, de forma inédita, seis personas migrantes, cuatro mujeres y dos hombre de cuatro nacionalidades, han logrado este viernes salir de la sede de un registro municipal con el documento sellado que acredita haber solicitado formalmente, como exige la Ley española, su inscripción como vecinos de la localidad en la que residen. En un asentamiento de infraviviendas y en condiciones miserables, sí, pero vecinos.

Los ayuntamientos y cabildos están obligados a inscribir en sus respectivos padrones a todas las personas que residan de forma habitual en los municipios que administran, sea cual sea la situación administrativa que describa su permanencia en suelo español, o el espacio el que se levante su domicilio.

Representantes de formaciones de la izquierda andaluza y varios colectivos ciudadanos, este viernes, durante el «acompañamiento civil» a las personas migrantes solicitantes de empadronamiento en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

El de cada una de las seis personas que este viernes han logrado registrar -por fin- su solicitud de empadronamiento, se ubica en uno los asentamiento chabolistas de trabajadores agrícolas diseminados por los términos municipales de Lucena del Puerto, como en estos seis casos, Palos de la Frontera, Moguer y Lepe, principalmente.

Tres mujeres marroquíes, dos de ellas hermanas llegadas «en patera» hace más de tres años, y una tercera con más de diez años acreditables de residencia en España. Junto a ellas, un hombre de Ghana, vecino de la localidad desde hace más de 15 años, y otro nacido en Argelia con más de tres años de antigüedad en los asentamientos luceneros. La sexta persona solicitante es una mujer rumana quien, asimismo, lleva más de 12 años viviendo en España en condiciones miserables, aunque al contrario de las otras cinco, sí tiene regularizada su estancia en nuestro país y dispone de NIE (número de «identificación fiscal» que el Estado asigna a las personas residentes no españolas). Todas ellas subsisten, esencialmente, como trabajadoras agrícolas

El empadronamiento de ‘sin papeles

«En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior».

El artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local obliga a «toda persona que viva en España» a inscribirse en el padrón de la localidad en la que resida. El artículo 6 de la ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros recoge «la obligación de los ayuntamientos a incorporar en el padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio».

El problema, denuncian desde la Asociación Multicultural de Mazagón y otros colectivos pro derechos fundamentales de las personas migrantes, es que los ayuntamientos vienen rechazando sistemáticamente dar entrada en sus registros municipales a las solicitudes de empadronamiento, impidiendo así que muchas personas puedan siquiera comenzar los trámites administrativos para regularizar su situación sociolaboral como residentes y cotizantes en España. O para solicitar ayudas y prestaciones a las que tienen derecho, entre otras, las relacionadas con el acceso a la sanidad, la educación, y una vivienda digna. Un Estado Social y de Derecho incapaz de garantizar de forma contundente el empadronamiento, obligación y derecho de todas las personas, es un estado social y de derecho fallido.

¿Qué ha cambiado entonces para que este viernes la secular negativa a recoger y dar entrada en sus registros a las solicitudes de empadronamiento pareciera no haber existido nunca?

Pues que, por primera vez (y no última, advierten), las personas solicitantes de empadronamiento no han acudido solas a ejercer su derecho de depositar sus documentos en el correspondiente registro municipal e iniciar sus propios procesos administrativos. Este viernes lo han hecho acompañadas por un visible «piquete humano», conformado, entre otras personas, por la parlamentaria onubense de Adelante Andalucía María Gracia, el coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva y el secretario provincial del PCA, Marcos Toti y Rafael Sánchez Velo, además de un nutrido grupo de representantes de organizaciones como Ecologistas en Acción, Secretariado de la Diócesis de Huelva, colectivo Mujeres 24 H, Alianza por la Solidaridad, periodistas y «otras personas amigas» convocadas por la Asociación Multicultural de Mazagón.

Se trata de un primer acto de «acompañamiento cívico» para velar, testimoniar o exigir (de haberse repetido la negativa de anteriores intentos) que ninguna entidad municipal, alcalde o alcaldesa, impida el empadronamiento a personas residentes en España. Sea cual sea su situación legal. Con o sin papeles. El Ayuntamiento de Lucena del Puerto, y otros más pronto que tarde, dispondrán de tres meses para resolver, a favor o en contra, los empadronamientos solicitados.

La pregunta tras lo sucedido este viernes es qué hubiera ocurrido si no hubiesen acudido todas esas organizaciones y representantes políticos. Que en las mismas ventanillas donde otras veces se negaron a hacerlo, hayan recogido y sellado este viernes la correspondiente copia a las personas solicitantes de empadronamiento muestra -demuestra- la fuerza de la «sociedad civil». Pero que haya resultado necesario visibilizar esta fuerza para que seis personas logren ejercer su derecho a registrar una simple solicitud… ¿es éxito de la sociedad civil o fracaso del Estado Social y de Derecho?

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