Técnico o político

Para mí, un buen político es el que, a la hora de tomar decisiones, y además de tener sentido común y otras virtudes, las toma basadas en informes técnicos.

por Rafael Martínez Agar

 

 

Se ha suscitado, y reiterado por “los mismos”, una demanda furibunda sobre el querer conocer los nombres del Comité de expertos del COVID-19.

Cuando a alguno de estos demandantes le pregunto que para qué quieren conocerlos, solo me dice que “quiero saber los que están decidiendo por mí”, y otras “chorradas” por el estilo. Yo, viendo como denigran injustamente al gran doctor Don Fernando Simón, quienes no le llegan ni a la altura de la suela de sus zapatos, me malicio (aunque está feo hacer juicio de intenciones) en pensar que probablemente querrán lapidarlos (independientemente de sus, muy probablemente, brillantes curriculums).

Pero voy a intentar responderles: las decisiones que se toman son POLÍTICAS, siempre políticas, basadas en informes técnicos.

Por mi experiencia (he estado en numerosas ocasiones en ese gozne que hay entre el nivel puramente político y el nivel puramente técnico), puedo hacer las siguientes reflexiones:

Para mí, un buen político es el que, a la hora de tomar decisiones, y además de tener sentido común y otras virtudes, las toma basadas en informes técnicos. Aunque, probablemente, la decisión final no coincida con la literalidad de ninguno de los informes, pues deberá ponderar también numerosas cuestiones, como demandas sociales, oportunidad de cambios normativos, aspectos jurídicos, aspectos económicos, equilibrio y coherencia con otros informes y con otras políticas, restricciones y criterios externos (por ejemplo de la Unión Europea), programa o proyecto político etc.

En el caso que nos ocupa el Gobierno ha decidido, creo que con buen sentido, que prime esencialmente el criterio técnico-sanitario, considerando como segundos factores los sin duda importantes aspectos económicos y aspectos sociales.

A diferencia de lo anterior un político mediocre, y conozco muchos, es el que ignora los informes técnicos e incluso jurídicos (y ya en la cárcel tenemos algunos por estos motivos),

O peor aún, el político que hace diametralmente lo contrario de lo que dicen dichos informes,

O quizás aún peor: el que no pide ningún informe.

O, rizando el rizo, el político que fuerza a algún técnico mediocre, para que haga el informe que él quiere que haga para “justificar” sus pre-criterios políticos. (También hay técnicos mediocres que se prestan a esto).

Y yo me pregunto y os pregunto, como reflexión final:

¿Acaso alguien pidió los informes o los nombres de sus firmantes cuando Mariano Rajoy nos hablaba de los hilitos de plastilina, en la mayor catástrofe ecológica española?.

O cuando Celia Villalobos nos hablaba de los calditos hechos con hueso de caña o de cerdo en vez de huesos de vaca (¡)?.

O cuando  el ministerio de Federico Trillo decidió alquilar el Yak-42 en el que murieron 75 personas, entre ellos 62 militares españoles?.

O cuando Acebes insistía una y otra vez en que los terribles atentados del 11 de marzo los había efectuado un comando de ETA?.

O cuando José Mª Aznar decía que «los que idearon los atentados terroristas del 11 de marzo no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas»

O cuando el mismo José Mª Aznar nos llevó a participar activamente en la guerra de Irak, con cientos de miles de muertos?.

O los informes que le hacen a Díaz Ayuso decir que Madrid está preparada para cambiar de fase?.

O cuando Pablo Casado nos dice ahora que no es necesario apoyar la prórroga del estado de alarma, cuando tenemos el mismo marco legal que cuando él sí la apoyó?.

Que cada uno saque sus conclusiones de porqué antes no y ahora sí hay que conocer el nombre de los informantes/expertos y, si quiere, que califique a los políticos conforme a sus criterios. Los míos ya los he dado…

Por cierto, a los que decís que este Gobierno no tiene transparencia, os recuerdo que el ministro Illa ha comprometido que todos los informes se harán públicos en su día. Espero que no sea una demanda urgente el tenerlos hoy y sí que se tengan (¡los de todos los gobiernos!, central y autonómicos…) con la antelación suficiente para poder exigir a cada cual la responsabilidades oportunas.


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