Tauromaquia, ¡privatización ya!

El sector de la barbarie taurina recibe anualmente de las arcas públicas del orden de 600 millones de euros.

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por Juan Ignacio Cabrera

 

En España la tauromaquia es una empresa pública estatal más. Es algo así como Correos, solo que, en vez de repartir cartas, el ente público de la tauromaquia reparte a discreción tortura, sangre y muerte. Eso sí, lo hace con gracia y con garbo, que así la barbarie entra mejor. Pero, sobre todo, lo hace apadrinada por papá Estado, que lleva siglos surtiendo de dinero público a esta salvajada que tanto nos avergüenza ante el mundo civilizado.

 
Estas últimas semanas se ha sabido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, ultra de la barbarie taurina y gran adalid de la españolidad —ja, ja—, ha regalado cuatro millones y medio de euros a la tauromaquia. Y ese no es dinero de su bolsillo, sino del nuestro. Es dinero público. Así es muy fácil regalar, cuando lo que regalas no es tuyo. El caso es que esta señora no es la única en ser tan generosa con la tauromaquia. Diputaciones, ayuntamientos y gobiernos autonómicos, con mayor o menor transparencia, llevan años sosteniendo a la tauromaquia con dinero público. Últimamente, en estos tiempos de crisis sanitaria y económica, las ayudas son tan cuantiosas que hacen que la tauromaquia, de facto, pueda ser considerada como una empresa pública más.

Lo más indignante es que los que más dinero están regalando a la tauromaquia son gobernantes que, luego, se definen como liberales. Es decir, los mismos que defienden que el mercado se debe autorregular por sí solito son los que interceden públicamente para salvar a los empresarios taurinos. Los mismos que aseveran que la administración pública no debe inmiscuirse en las cosas de la economía, que hay que dejarlo todo al albur de la mano invisible del mercado, son los primeros en intervenir la tauromaquia hasta convertirla en un verdadero ente público. Resulta vergonzante que ese liberalismo del que tanto alardean lo apliquen solo cuando les interesa. No se gastan nuestro dinero en evitar desahucios, que el mercado es muy  libre de dejar a una familia en la calle. Si la mano invisible te quita la casa, allá tú, que yo no intervengo, que soy mucho liberal y mucho español. Pero, si esa misma mano invisible amenaza la supervivencia de la aberrante tauromaquia, entonces no hay mano que valga, invisible o no, que ahí estoy yo con el dinero de tus impuestos para intervenir. Al final, más que mano invisible, es una mano manchada de sangre.

Otra cuestión que también nos debe indignar es que la cosa no es nueva. En absoluto lo es. De hecho, la tauromaquia lleva siglos siendo sostenida con dinero público. Es, por tanto, una empresa pública con solera. Esto ya lo decía a mediados del siglo XVI el historiador jesuita Pedro de Guzmán. Este religioso ya denuncia que la Corona española —ay la Corona, siempre la Corona— destine tanto dinero al fomento de espectáculos tauromáquicos. Y no solo la Corona. Pedro de Guzmán también lamenta que los municipios —ciudades y villas, escribe este religioso abulense—, gasten dinero comunitario en corridas de toros, dejando de lado las necesidades más básicas de la población. Porque, ¿qué más puede necesitar el pueblo más allá de vino y toros? ¿Educación, salubridad, sanidad, infraestructuras…?, quita, quita, que en habiendo toros no queremos más de ná.

Si seguimos escalando en nuestra pirámide de indignación, el siguiente estamento con el que nos topamos es el de la total ausencia de transparencia en lo que se refiere a los datos y las cifras que rodean al patrocinio público de los espectáculos tauromáquicos. Este auténtico despilfarro de nuestro dinero se lleva a cabo de una manera opaca. Esto tampoco es nuevo. A finales del siglo XVIII, el militar ilustrado José Vargas Ponce se queja, y con razón, de haber pedido «en vano» datos acerca de los efectos negativos que la tauromaquia genera en las arcas públicas y en la economía española. Por pedir que no quede. El ilustre capitán de Fragata gaditano se hartó de pedir cifras, y se topó con el oscurantismo que, tradicionalmente, rodea al binomio tauromaquia-dinero público. 

No son casos aislados. La historia de España está plagada de autores y autoras que, cada uno en su tiempo, denuncian esta misma cuestión. El Estado, la Administración Pública, no debe sostener económicamente unas prácticas crueles y bárbaras, y que, incluso hoy en día, nos dejan como salvajes ante los ojos del mundo más civilizado. Así, a lo largo del siglo XIX, nos encontramos con numerosos ejemplos: el político y jurista valenciano Antonio Guerola —que fue Gobernador Civil de Zamora, Oviedo, Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada y Barcelona—, denuncia que en España se destine dinero público a la construcción de nuevas plazas de toros,  mientras se tienen desatendidas las necesidades más básicas de la ciudadanía. En fin, habían pasado 300 años desde Pedro de Guzmán y España a lo suyo, no hay dinero na más que pa toros. En este sentido, el intelectual cántabro Ricardo Macías Picavea, también del XIX, no lo puede decir más claro. Este insigne representante del Regeneracionismo escribe: «En España […] ni un real gastamos en el cultivo de las ciencias. ¡Tontería! Es mejor gastarlo en otros cultos; en la fiesta nacional de las corridas de toros […]». Pues eso, como Ayuso, que se gasta nuestro dinero en corridas de toros en vez de en rastreadores y en atención primaria.

Personajes como el periodista, escritor y político republicano Antonio Luis Carrión o el senador y ministro de Guerra Alejandro Oliván y Borruel también denunciaron, durante el siglo XIX, el fomento de la tauromaquia con dinero público. 

Cómo habrá llegado a ser la cosa que, en 1882, una Real Orden prohíbe a aquellos ayuntamientos «que no tengan cubiertas todas sus obligaciones, y muy particularmente las de instrucción pública», destinar ni una sola peseta procedente de los fondos municipales a sufragar, en todo o en parte, espectáculos taurinos. Ni una sola peseta, imagínense cuatro millones y medio de euros. Esta misma ley también impedía gastar dinero público en la construcción de nuevas plazas de toros. Por una vez, España se puso firme, y se subió al tren de la modernidad, pero no duró mucho. La todopoderosa tauromaquia impuso su propia ley y, sobre el terreno, esta Real Orden apenas tuvo impacto alguno. 

En la actualidad resulta incalculable el dinero público que la tauromaquia recibe de las instituciones españolas y europeas. La última estimación fiable la hizo el profesor Jesús Mosterín, quien, hace ya varios años, tasó que el sector de la barbarie taurina recibe anualmente de las arcas públicas del orden de 600 millones de euros. Ahí es nada. Olé y olé, 600 milloncejos de ná. Con el mundo por montera, que aquí los españoles nos pagan nuestros vicios.

Así que, visto lo visto, no queda otra cosa que reclamar que se privatice la tauromaquia. Que se la deje en manos del mercado. A ver si esa mano invisible de la que tanto se habla le da un mandoble y la pone en su sitio, que no es otro que el olvido. Pero háganlo ya. La cosa está muy clara: si quieren disfrutar viendo cómo un hombre se pone en peligro, si desean deleitarse con la brutal e inmisericorde tortura de unos inocentes herbívoros, al menos que no tengamos que pagarlo todas y todos los españoles. Privaticen la violencia, señores y señoras, privaticen la sangre. Háganlo ya. Veremos entonces cuánto les dura la fiesta. Y, si los toreros protestan, recuérdenles lo que dijo aquel otro: es el mercado, amigo.


Dr. Juan Ignacio Codina. Subdirector y cofundador del Observatorio Justicia y Defensa Animal. Autor de PAN Y TOROS. Breve historia del pensamiento antitaurino español

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