Taburete Nacional

Al mirar con gafas de cerca los tres grandes poderes clásicos del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, resulta sorprendente el desequilibrio entre ellos. El Gobierno, monocolor, aparcado en un quiero y no puedo, se debate entre ser y no ser. Está aquejado de debilidad congénita no solo por haber nacido de  una moción de censura constructiva votada a lo Frankenstein, sino también por la flojedad de su soporte parlamentario, de solo 84 diputados de los 350 que componen el Congreso.  Eso explica las frecuentes rectificaciones que se ve obligado a hacer, así como su impredecible volatilidad. Lo mismo puede ir tirando varios meses más, que arrojar la toalla (con permiso de Susana Díaz) la semana que viene. Parece un Gobierno a la deriva tratando de sobrevivirse a si mismo.

El legislativo tampoco está muy boyante. El congreso de los diputados se mueve mayormente en lo superficial, sin capacidad real de construir mayorías estables que controlen y sostengan una acción legislativa solvente en apoyo a las políticas del Gobierno.

Además, el gran desequilibrio entre Congreso y Senado (donde el PP goza de mayoría absoluta) ―algo normal en otras democracias― es percibido como bloqueante. De ahí, por ejemplo, la actual pretensión del PSOE de impedir la intervención de la cámara alta en la aprobación de una nueva senda del déficit y techo de gasto, previos a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El legislativo, en síntesis, se encuentra en un permanente modo “rifirrafe”, que no se compadece con la idea de la estabilidad esperable en un país europeo.

El judicial es el más sólido de los tres poderes. Con sus imperfecciones y las excepciones que uno quiera, es el único que está mostrandose capaz de afrontar solventemente el grave problema español en Cataluña. Es el que más se aproxima al mandato constitucional cuando “juzgados y tribunales ejercen la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo cumplir lo juzgado”, a través de “jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Por ello es objeto de todo tipo de ataques del independentismo profesionalizado, bien que éste afortunadamente no logre hacer mella en la solvencia judicial.

Esa visión quizás algo pesimista de los poderes clásicos, se ve compensada al mirar, con gafas de lejos, el conjunto de las potencias en presencia en el presente escenario político español. El Estado se podría así valorar como una suerte de taburete sostenido por tres firmes patas: la jefatura del estado, la judicatura y las Fuerzas Armadas (FAS). El Jefe del Estado, SM El Rey Felipe VI, viene siendo, especialmente desde su oportuno, insustituible y refrescante discurso del 3-O de 2017, un permanente objetivo sobre el que han apuntado las bocas de fuego secesionistas. Se le ha disparado de todo, incluso tratado de ningunearlo, ridiculizarlo  y ofenderle cuantas veces, que no son pocas, ha visitado Cataluña. Pero don Felipe constituye una referencia fundamental no solo para los no independentistas, que se sentían desamparados en Cataluña, sino para la estabilidad de España. Él siempre está en el lugar que le corresponde y, con eso, ya dice y hace bastante.

Y, aparte de la judicatura de la que ya se ha mencionado su fortaleza, quedan las FAS. Éstas, como institución al servicio de los españoles y su Estado, permanecen desarrollando sus cometidos en la posición callada pero vigilante que les corresponde.

Ellas no pueden olvidar, en ningún caso, la misión y cometidos que les asigna el artículo 8 de la Constitución (CE), así como el 15 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Todos ellos a desarrollar bajo la dirección del Gobierno (art 97 de la CE). A pesar del  creciente desorden institucional y callejero que se está apoderando últimamente de Cataluña, resultado principalmente de la incapacidad del ejecutivo catalán de gestionar la frustración creada por el fracaso del “procés”, nadie vistiendo un uniforme castrense ha sacado los pies del tiesto; y así debería continuar.

Pero empiezan a preocupar algunas informaciones ―falsas de toda falsedad― sobre potenciales movimientos militares para intervenir en Cataluña. En un ambiente trufado de brotes violentos, no sería descartable que algunos pretendieran motivar  a la llamada “kale borroca catalana” ―“apretad, hacéis bien en apretar”, jalea Torra a los CDR―, para que apuntara sus bocas de fuego sobre la institución militar en Cataluña y testar su solidez. Si así se confirmara, se levantaría el telón del escenario de la “ultima ratio regis”. De esa formidable tercera pata del taburete nacional. Hoy nada puede descartarse.

Pedro Pitarch

Teniente General de Ejército de Tierra (r)