Sin garantías para las temporeras en la nueva campaña de la fresa en Huelva

Trabajadoras marroquíes guardan cola para embarcar de regreso a su país tras la campaña 2020
La profesora de la Universidad de Huelva y doctora en sociología Angels Escrivà reflexiona en esta tribuna escrita para La Mar de Onuba sobre la situación de las mujeres temporeras en el entorno agrícola onubense y las amenazas que se ciernen, un año más, sobre sus derechos laborales e integración social. «A lo largo de los años, tanto de recesión como de bonanza, en la prensa, informes de organizaciones y trabajos académicos se han aportado evidencias de violaciones a los derechos de las trabajadoras en los campos de Huelva. Cabe enumerar: los contratos por obra y servicio, en vez de temporales, en las personas reclutadas en el país de origen; los despidos sistemáticos mucho antes de expirarse el visado o lo prometido; las horas trabajadas no pagadas; el cobro abusivo de gastos por alojamiento y servicios básicos o la ausencia total de vivienda; la falta de transporte adecuado de las fincas a los pueblos; las omisiones en la atención a la salud de mujeres y hombres que a menudo no hablan (bien) castellano; el acoso laboral y el chantaje sexual, y un largo y funesto etcétera».
La agroindustria onubense insiste en su opción por traer del exterior trabajadoras cada año, o ahora desde otras provincias españolas incluso geográficamente distantes y, sin embargo, siguen sin corregirse las faltas y omisiones en el trato a quienes literalmente se parten la espalda en el campo para que “no pare la fiesta”.
por Angels Escrivà

 

El negocio de los frutos rojos ha proporcionado pingües beneficios globalmente al sector y a sus protagonistas, grandes y pequeños desde hace años. Solo en la campaña de 2020, y a pesar de las restricciones a la movilidad en Europa, la provincia de Huelva siguió encabezando las ventas de fresas al exterior con 428 millones de euros. Su internacionalización no sólo se refiere a los mercados de productos sino también a los de trabajadoras, puesto que miles de las que se necesitan para la recogida y manipulación de la fruta llegan o se buscan del país que mejor convenga. Desde hace unos quince años, el principal país para la contratación en origen ha sido Marruecos. Con los países del Este como Rumanía se opera crecientemente a través de ETT, mecanismo habitual no sólo de inter-mediación sino de infra-regulación laboral utilizado profusamente para la captación de jornaleras agrícolas en toda Europa.

La campaña 2021 comienza con la recolección de la temprana y cotizada fresa de diciembre. A partir de entonces y hasta el verano se comercializará miles de toneladas de frutilla y en menor medida arándanos o frambuesas. Hay que recordar que ya en la primera ola de la pandemia por covid-19, allá por los meses de marzo y abril de 2020, los productores de la fresa reivindicaban que la suya era una actividad  esencial y que por tanto no debía quedar paralizada. Sin embargo, las economías nacionales y las familiares se han frenado o están en retroceso y los frutos rojos en este contexto más que un alimento esencial, se convierten en un producto de consumo puntual o sustituible.

En el actual contexto de persistencia de las condiciones de emergencia sanitaria y de estancamiento o retroceso en los niveles de ingresos y consumo, se abren interrogantes con respecto a cómo será la campaña agrícola este año y cómo se afrontarán los retos que se le presentan. Unos tienen que ver con los aspectos económicos y técnicos de la producción. Otros con el manejo de la mano de obra necesaria para mantener la campaña en funcionamiento, que como vimos en 2020, salió adelante aún con menor número de contrataciones.

La labor regulatoria o inspectora de la administración, así como la prestación de servicios, o incluso la denuncia pública que desde hace décadas realizan asociaciones, ong o sindicatos, resulta a todas luces insuficiente y no contrarresta el poder que el empresariado agroindustrial onubense tiene para marcar en este mercado sus propias reglas.

A lo largo de los años, tanto de recesión como de bonanza, en la prensa, informes de organizaciones y trabajos académicos, en los que hemos particpado diferentes colectivos, entre ellos Mujeres 24H (ver artículo), se han aportado evidencias de violaciones a los derechos de las trabajadoras en los campos de Huelva. Cabe enumerar: los contratos por obra y servicio, en vez de temporales, en las personas reclutadas en el país de origen; los despidos sistemáticos mucho antes de expirarse el visado o lo prometido; las horas trabajadas no pagadas; el cobro abusivo de gastos por alojamiento y servicios básicos o la ausencia total de vivienda; la falta de transporte adecuado de las fincas a los pueblos; las omisiones en la atención a la salud de mujeres y hombres que a menudo no hablan (bien) castellano; el acoso laboral y el chantaje sexual, y un largo y funesto etcétera (ver informe WLW 2020).

No hay nada nuevo, nada que nos sorprenda. Pero el daño continuado a la dignidad y la economía de las trabajadoras ha oscurecido una lesión no menos importante a los valores éticos y la justicia social de nuestra sociedad. También ha sustraído dinero a las arcas públicas que no recaudan lo que debieran pero a quienes se apela para que arreglen los desperfectos (ver en esta misma revista). La labor regulatoria o inspectora de la administración así como la prestación de servicios o incluso la denuncia pública que desde hace décadas realizan asociaciones, ong o sindicatos, resulta a todas luces insuficiente y no contrarresta el poder que el empresariado agroindustrial onubense tiene para marcar en este mercado sus propias reglas. 

Demasiadas empresas siguen aprovechándose de la vulnerabilidad de trabajadoras nativas y extranjeras para hacer valer sus derechos, así como de la renuencia de las instituciones a facilitar la regularización de todos aquellos extranjeros indocumentados que trabajan continua o intermitentemente en el campo

Este 2021, más aún, los precios de venta a la baja, que seguirán marcados por el volumen de oferta-demanda en un contexto sumamente incierto, podrán justificar las peores prácticas empresariales de contención de gasto a través sobre todo de relaciones laborales precarias y abaratamiento en salarios de jornaleras. En este sentido, caben malos augurios para la nueva campaña en Huelva de la que no se conocen cambios sustantivos. Se prevé retrasos en la firma de un nuevo convenio colectivo del campo que represente un verdadero avance hacia alcanzar en la categoría de recolectoras al menos el nivel del salario mínimo interprofesional. Y aún si éste se da a tiempo, es de esperar la continuación de numerosas irregularidades en el sector, todo y el autobombo en que consiste el “PRELSI”, las subvenciones a organizaciones asistenciales así como el incremento en las inspecciones laborales. Demasiadas empresas siguen aprovechándose de la vulnerabilidad de trabajadoras nativas y extranjeras para hacer valer sus derechos, así como de la renuencia de las instituciones a facilitar la regularización de todos aquellos extranjeros indocumentados que trabajan continua o intermitentemente en el campo. Es de esperar, asimismo, la generación de tensiones en un contexto de aumento del desempleo, cuyo chivo expiatorio para la población local serán “los forasteros”, tal y como el informe CIDOB de diciembre y otros organismos advierten.

Una vez más, la voz que domina es la del empresariado manifestando su preocupación por que las mujeres no lleguen en el momento preciso y directamente al puerto de Huelva, como paquete pedido hoy y en rápida entrega mañana a la puerta.

Con todo, se anuncia en los medios el atraque este año de un numeroso contingente de temporeras, que se asegura llegará con sus PCR negativos desde Marruecos. Es este un dispositivo pagado en buena parte con subvenciones, es decir, con nuestros impuestos, que transportará del norte de África a Andalucía hasta un total de 14.000 mujeres en tres meses. A pesar de lo que sabemos, se echan de menos voces llamando a la prudencia sobre el número y naturaleza de las contrataciones afuera dada la situación de pandemia, las restricciones a la movilidad que tan traumáticamente se vivieron el año pasado y las altas tasas de desempleo local. Una vez más, la voz que domina es la del empresariado manifestando su preocupación por que las mujeres no lleguen en el momento preciso y directamente al puerto de Huelva, como paquete pedido hoy y en rápida entrega mañana a la puerta.

Tales pretensiones reflejan la temeridad con que se le permite actuar a la patronal de la fresa en Huelva, anteponiendo siempre la economía de unos a la salud de todos y a los destrozos continuados al medio.

Igualmente temeraria resultó la “amenaza” de la patronal con ir sustituyendo las contrataciones en origen en Marruecos por las de hondureñas o de otras nacionalidades, tras el rifirrafe que desde Andalucía se mantuvo con los alauitas al término de la campaña pasada. Debería advertirse que la apertura de mercados de reclutamiento en territorios tan lejanos es una empresa de alto riesgo, tanto en la asunción de costes de formación y traslado como en el cumplimiento de las expectativas de unas y otros, incluido el retorno. En realidad, la propuesta de buscar nuevos yacimientos de jornaleras, más que a la mejora de la calidad o a política de codesarrollo, suena a preocupación por controlar las condiciones y los tiempos de los acuerdos de movilidad de mano de obra, que se convierten en moneda de cambio por parte de unos u otros gobiernos. Veamos este 2021 qué papel juegan además de las sempiternas negociaciones sobre la pesca, los fondos para el control migratorio de fronteras o las tensiones con respecto a la soberanía del Sáhara occidental, por añadir un renovado tema.

Serán conscientes de que, si no es que la virgen del Rocío obra un milagro, la campaña agrícola contribuirá a una escalada en los contagios, que obligará a hospitalizaciones y confinamientos continuados. Se cuece en Huelva una convulsión social y repercusión en los medios, similar a la ocurrida el pasado verano en Lleida

Poco conocemos todavía sobre el dispositivo sanitario durante la campaña 2021 y cuál será el esfuerzo agro-empresarial a este respecto. Los testimonios a la fecha indican que, cuando no hay cámaras ni inspectores, no se están tomando medidas. Digo yo que serán conscientes de que, si no es que la virgen del Rocío obra un milagro, la campaña agrícola contribuirá a una escalada en los contagios, que obligará a hospitalizaciones y confinamientos continuados. Se cuece en Huelva una convulsión social y repercusión en los medios, similar a la ocurrida el pasado verano en Lleida. No porque, como las voces más reaccionarias rápidamente señalen, la culpa sea de los apestados extranjeros, sino por cómo está diseñado el sistema de trabajo intensivo, que conlleva un exponencial incremento en la actividad y densidad demográfica en poco tiempo. Son cerca de 100.000 contrataciones en el campo en un periodo de hasta 6 meses, con picos, dentro de una provincia de apenas medio millón de habitantes. Muchas de estas personas sabemos que vivirán hacinadas en los barracones prefabricados en las fincas, a menudo mal acondicionados, otras viajarán cada día hombro con hombro en los coches y autobuses, no pocas dormirán en los asentamientos de chabolas bajo plásticos o en las calles y caminos al raso. Alguna medida, sí. La tentación estará en mantener confinadas especialmente a las mujeres, encerradas en las fincas privándolas de libertad de movimiento, con amenazas de castigo, incluso físico, como ya vimos en algún caso en 2020 (ver artículo). A buen seguro que ya estarán siendo instruidas para que se coloquen un doble velo y rehúyan contacto humano no autorizado.  

Los servicios sanitarios en Huelva no están preparados, ni antes ni ahora en tiempos de pandemia, para asistir adecuadamente a estas miles de trabajadoras que no conocen bien el funcionamiento ni los códigos culturales y lingüísticos del sistema

Como vimos en la anterior campaña, el radical aislamiento de paso evita filtraciones hacia las organizaciones y la prensa. También beneficia a compatriotas y otros elementos que ganan dinero y favores de los servicios que les prestan. Llevándolas en sus “taxis” y acompañándolas a las urgencias, buhoneros que les venden la comida, ropa y otros enseres en las fincas hasta al doble de precio que en la tienda, encargados y manijeros que les cobran la nómina o la envían al país de origen y piden su parte, entre otras artimañas conocidas.  

El negocio de los intermediaros en el mundo agrícola no se limita pues al abuso en la cadena de la comercialización y distribución, como tantos productores se quejan, sino que se amplía con los servicios a las trabajadoras no cubiertos ni por los propios empresarios ni las administraciones públicas, excusándose en el sobrecoste, la dispersión geográfica y la complejidad que entrañan por la diversidad étnica. Si no los dispensan entonces quienes tendrían la obligación de hacerlo, se suplen con redes extraoficiales que deberían perseguirse como delito, por la extorsión y chantaje a la que a menudo someten a su clientela. 

Ciertamente, por mucho que se quiere demostrar una cara amable hacia afuera, ni las instituciones ni la ciudadanía conciben que en la era de los recortes se financien servicios hacia personas que pasan por un territorio determinado temporalmente y no constituye un cuerpo de votantes. Los servicios sanitarios en Huelva no están preparados, ni antes ni ahora en tiempos de pandemia, para asistir adecuadamente a estas miles de trabajadoras que no conocen bien el funcionamiento ni los códigos culturales y lingüísticos del sistema. Los profesionales de la salud lo reconocen y por eso las dolencias y enfermedades, que si no se generan del trabajo en Huelva al menos aquí se empeoran, quedan sin tratar y “billetito de vuelta a casa”. Por el contrario, de hacer algún uso de los servicios médicos durante la campaña se las acusa inmediatamente de sobre-aprovechamiento. 

La agroindustria onubense insiste en su opción por traer del exterior trabajadoras cada año, o ahora desde otras provincias españolas incluso geográficamente distantes y, sin embargo, siguen sin corregirse las faltas y omisiones en el trato a quienes literalmente se parten la espalda en el campo para que “no pare la fiesta”.


Angels Escrivà es profesora en el Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad de Huelva. Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre la inserción laboral y los cambios en el estatus social de las mujeres peruanas emigradas a Barcelona, las investigaciones relacionadas con migraciones en las que ha participado abordan aspectos tales como las lenguas utilizadas por los migrantes, inserción laboral y discriminación, trabajo doméstico, familias y cadenas globales del cuidado, mantenimiento de vínculos con el país de origen, impacto en el desarrollo o transformaciones de los lugares de salida y recepción, las creencias y prácticas religiosas, la participación cívica y política, envejecimiento y migración. Además de su labor con docente e investigadora, Escrivà es integrante del colectivo feminista onubense Mujeres 24 H.
Acerca de La Mar de Onuba 3915 Artículos
Revista onubense de Actualidad, Cultura y Ocio, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X

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