«Se está cometiendo un latrocinio al pueblo de Huelva»: PAGMAS reta a la dirección de Giahsa a un debate público sobre la situación financiera de la empresa pública

«Giahsa miente descaradamente, esto es un despropósito tan grande que tenemos que acabar con ello», asevera Francisco Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS.

La Mancomunidad de Servicios MAS «aprieta» a sus municipios para aceptar el plan de refinanciación antes del 15 de octubre.

«Es una empresa que está funcionando de una manera más que mediocre, no consigue salir a flote y lo que hace es pedir préstamos», denuncia PAGMAS.
El recibo mensual del agua de la empresa pública sigue siendo uno de los más elevados de España.

Jueves, 30 de septiembre de 2021. PAGMAS (Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS), el colectivo de usuarios descontentos de la gran empresa pública del agua de la provincia onubense, ha retado a la dirección de la misma a mantener en cualquier medio de comunicación una debate público sobre la gestión, situación financiera y el plan de refinanciación que Giahsa espera sea aprobado por una mayoría suficiente de los pueblos que conforman la Mancomunidad Servicios (MAS) antes del próximo 15 de octubre. El desafío ha sido realizado a través de un vídeo publicado este martes en la página de la plataforma en la red social Facebook, seguida por 5.996 personas.

Extracto documento interno de Giahsa Resumen Parámetros principales y techo de gasto del presupuesto 2021 (clic en la imagen para ampliar)

La refinanciación de la deuda de la empresa pública de gestión de aguas y residuos (que a finales de 2019 superaba los 150 millones de euros, según cálculos realizados con datos de los informes de la auditora Price Waterhouse a los que ha tenido acceso La Mar de Onuba) conlleva una nueva «reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales», una estrategia diseñada por el gerente de Giahsa, Juan Ignacio Tomico, y su director administrativo, Manuel Domínguez Limón, para que los ayuntamientos de la MAS puedan volver a adelantar -por segunda vez en apenas 11 años- el cobro del canon por las concesiones demaniales hasta 2037. Así, los municipios que ya han capitalizado (y gastado) los cánones correspondientes al tramo 2010-2025, podrán ingresar -si así lo solicitan- las cuotas del periodo 2026-2037 a partir del año que viene. Disponer de esos fondos llevará aparejado, como en la vez anterior, una penalización, equivalente al  43 % del valor total de la concesión demanial. En aquella ocasión, un ayuntamiento como el de Isla Cristina, al que correspondían en torno a 16 millones y medio de 2026 a 2037 (más de un millón de euros anuales), vio reducido su ingreso en caja a 9 millones y medio, con una pérdida de más de 7 millones de euros. Casi medio millón por cada año de canon adelantado.

La operación, además, supondría una «inversión masiva» en la mejora de las redes de suministro, que serían sufragadas por los municipios con un tercio del adelanto del canon y gestionadas por Giahsa. Por último, el plan contempla una rebaja del 5 % en los recibos que pagan los usuarios, que en la actualidad, según denuncia reiteradamente PAGMAS, son de los más elevadas de España.

La operación implica -“necesariamente”- la refinanciación de los préstamos pedidos para la primera capitalización de las concesiones (2010-2025, cuya amortización total estaba inicialmente prevista para 2025) hasta el año 2037.

La plataforma de afectados cuestiona abiertamente esta plan de refinanciación. Considera que tras la lluvia de millones a los ayuntamientos que proponen Tomico y Domínguez Limón se esconde la crítica situación financiera de Giahsa, ahogada por las deudas con los bancos como consecuencia de su mala gestión.

«Estamos en completo desacuerdo con la política de Giahsa y, sobre todo, con esta última operación», afirma en el vídeo publicado en Facebook Francisco Rodríguez, uno de los portavoces de la plataforma, que lleva más de tres años estudiando la situación de la empresa pública. Rodríguez denuncia que «está habiendo presiones a los municipios» para que aprueben el plan de refinanciación y acepten el nuevo cobro adelantado de las concesiones demaniales, contra el que hasta el pasado agosto se habían posicionado los plenos municipales de Almonte, Galaroza, Cumbre Mayores y Rosal de la Frontera, mientras que Cañaveral de León lo hará este jueves.lTodos ellos con alcaldes de Ciudadanos o Independientes, menos en el caso de Almonte, cuyo Pleno votó en contra de la propuesta del equipo de gobierno. A favor del plan han votado ya, entre otros, los plenos de Aroche, Ayamonte, Beas, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, La Zarza-Perrunal, Manzanilla, Niebla, Paterna del Campo, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, Santa Olalla del Cala, Tharsis y Trigueros, gobernados por alcaldes de PSOE y PP.

«Desde PAGMAS nos ofrecemos a cualquier medio de difusión para debatir con quien quiera Giahsa. Nos da igual que sean alcaldes o personal técnico de la empresa», añade Rodríguez.  «Estamos dispuestos a someter nuestras opiniones con los representantes de la empresa o con los partidos políticos, porque vemos perfectamente que esto es un latrocinio que se está cometiendo contra el pueblo de Huelva, contra 67 municipios de la provincia, y queremos que esto se pare», asevera el portavoz de la plataforma. «Hay informes en contra de secretarios de ayuntamientos que están siendo obviados, y hay informes sacados de la manga de la mancomunidad que van a ayuntamientos y que son un despropósito tan grande que tenemos que acabar con ello».

«Giahsa miente descaradamente y lo vamos a poder demostrar»

La forma de acabar con la situación actual de la empresa pública es «diciendo la verdad», continúa Rodríguez. «Y la verdad no es la que está diciendo Giahsa. Giahsa miente, y además miente descaradamente. Y lo vamos a poder demostrar», añade.

«El tema de los préstamos en importantísimo, y aquí se piden préstamos hasta para ir al baño», cuestiona el portavoz de PAGMAS respecto del modelo de gestión de la empresa pública. «Esto tiene que acabar. Tiene que haber una política de medios propios. Date cuenta de que las acciones de Giahsa son derechos (por las concesiones demaniales), ni siquiera tiene capital propio y esto tiene que cambiar. Y desde luego un cambio profundo de la dirección de la empresa. La idea de Giahsa no es mala, pero la organización es fatal. Es una empresa que está funcionando de una manera más que mediocre, que no consigue salir a flote y que lo que hace es pedir préstamos».

«Estamos dispuestos a demostrar a la sociedad onubense que esto tiene solución y que están cayendo en un pozo sin fondo, y que por eso aquí pagamos el agua a precio de leche», finaliza Rodríguez, reiterando su ofrecimiento a protagonizar un debate público «con quien quiera defender la gestión de Giahsa, sea técnico o sea político, con la presidenta o con Domínguez Limón, quien sea. En cualquier medio y con un moderador que acordemos ambas partes. Si no tenemos razón, que lo demuestren, y si la tenemos, que nos sea reconocido», finaliza el portavoz de PAGMAS.

Silencio de Giahsa

La Mar de Onuba ha intentado este miércoles recabar una respuesta de Giahsa al reto lanzado por la Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS, sin que la empresa pública hay respondido. Esta revista se ha ofrecido a acoger el debate público propuesto por PAGMAS.

Dudas y oposición de los ayuntamientos críticos

La propuesta de nueva refinanciación de la deuda acumulada por Giahsa en los últimos ha sido rechazada por algunos de los 67 ayuntamientos que conforman la Mancomunidad de Servicios MAS, que no ven oportuno un nuevo adelanto del canon demanial hasta 2037 cuando aún no se han terminado de amortizar los préstamos solicitados para el adelanto 2010-2025. «Es una operación que ata a los ayuntamientos a la gestión de Giahsa durante los próximos 25 años, e impide explorar otras fórmulas de gestión de las que se han beneficiado municipios que no forman parte de la MAS y pagan un recibo mucho más barato», sostiene fuentes de estos municipios consultadas por esta revista.

Además, los alcaldes críticos con la propuesta (incluidos los de algunos municipios gobernados por el PSOE que expresaron sus reticencias en una reunión mantenida el pasado lunes) ven en la operación una forma de tratar de ocultar «el fracaso» en la gestión de Juan Ignacio Tomico y Manuel Domínguez Limón, protagonizado por la fuerte dependencia de los créditos y el desmesurado gasto en intereses bancarios. En el periodo 2012-2020, los gastos financieros (sin amortización) generados por la deuda total acumulada (superior a 154 millones a 31 de diciembre de 2019), sumaron mas de 85 millones de euros.

Una opinión que comparten los tres alcaldes de Ciudadanos (Rosal de la Frontera, Galaroza y Cumbres de San Bartolomé) cuyos municipios ya han rechazado adherirse al plan. Desde la formación naranja se muestran muy críticos con la gestión de la empresa pública Giahsa, que uno de sus alcaldes también define como un «auténtico despropósito». Este edil considera que el canon demanial es una fuente de ingresos fija y necesaria para los ayuntamientos, y que estos deberían de poder hacer sus propios planes de financiación con este concepto. «Por ejemplo, si un municipio tiene necesidad de liquidez, siempre podría pedir como administración pública un crédito a bajo interés avalado por las cuotas anuales del canon, sin embarcarse sí o sí en este sistema, que supone que los alcaldes puedan disponer de un dinero que, en realidad, tocaría presupuestar de forma anual a las corporaciones que estén gobernando en cada momento. Lo que se nos propone es acceder ahora un dinero que no nos corresponde con una penalización muy grande. Algunos alcaldes que no estábamos ni en política cuando se aprobó el primer adelanto sabemos muy bien cómo nos vendría cobrar anualmente ese dinero ya gastado por alcaldes anteriores. Y ni siquiera sabemos en qué se ha gastado o cómo ha beneficiado a nuestros pueblos».


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