Save the Children denuncia las nuevas trabas administrativas que impiden a los niños y niñas migrantes no acompañados renovar su permiso de residencia al cumplir 18 años

Un reciente cambio de interpretación de la Ley de Extranjería exige a los menores migrantes acreditar que cuentan con medios de vida propios para actualizar su permiso de residencia: unos 540 euros al mes al cumplir los 18 años y más 2.100 euros mensuales los años siguientes.

Save the Children alerta del endurecimiento de los criterios exigidos a los niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares para renovar su permiso de residencia en España al cumplir la mayoría de edad. Un reciente cambio de interpretación de la Ley de Extranjería, dictado por el Tribunal Supremo, exige a los menores migrantes acreditar que cuentan con medios de vida propios para su permiso de residencia no lucrativo (sin autorización a trabajar). Concretamente, se les pide disponer del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 540 euros al mes, al cumplir los 18 años.

A partir de ahora, con esta interpretación de la Ley de Extranjería el dinero necesario para cumplir el requisito no puede proceder de prestaciones públicas. Antes, aquellos niños y niñas que tenían la suerte de acceder a algún tipo de recurso (para ex tutelados o para personas migrantes) y contar con el apoyo de determinadas entidades podían acreditar la cantidad mensual correspondiente al IPREM.

Save the Children explica que el Tribunal Supremo además ha establecido para estos menores el “régimen general” de condiciones que se pide a las personas extranjeras para obtener el permiso de residencia, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de este colectivo. Eso es, el 400% del IPREM, más de 2.100 euros mensuales para poder renovar su permiso de residencia tras el cumplimiento de la mayoría de edad. La ONG denuncia que, con impedimentos económicos tan altos, estos jóvenes acabarán estando, inevitablemente, en situación de irregularidad y de aguda exclusión social y laboral.

“Las administraciones tutelan y atienden a estos jóvenes mientras son menores de edad y cuando cumplen 18 erradican cualquier posibilidad de inclusión. Debemos ser coherentes para no frustrar el esfuerzo y la inversión realizada hasta ese momento, que además condiciona enormemente la vida de estos jóvenes. La sentencia del Tribunal Supremo contraviene lo que exige la Convención de Derechos del Niño y nuestra propia Ley de Protección Jurídica del Menor, que establece específicamente la obligación de proteger a los jóvenes ex tutelados”, afirma Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

“Tener papeles es la principal condición de partida para que estos jóvenes tengan una posibilidad de inclusión. Es necesario que se eliminen todos los obstáculos existentes y se les otorgue de manera automática un permiso de residencia y trabajo -este último a partir de los 16 años-, cuya renovación se ajuste a sus circunstancias para que puedan seguir adelante con su proyecto vital al cumplir los 18 años”, añade Perazzo. La ONG pide que no se criminalice a los menores migrantes y que se permita la renovación del permiso de residencia cuando perciben prestaciones públicas. “Debemos además introducir nuevas fórmulas de permisos de residencia como, por ejemplo, un permiso por estar en acogimiento familiar tras la mayoría de edad, un permiso para seguir con su formación y estudios o un permiso por haber cumplido un mínimo de tiempo bajo tutela pública”, concluye.

Save the Children trabaja con niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares en Melilla, Andalucía y Catalunya. En coordinación con otras organizaciones y las administraciones públicas, la organización centra sus esfuerzos en los niños y las niñas que viajan solos, en los que son víctimas de abusos o de trata y en los que huyen de guerras y otras situaciones extremas.


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