¿Saldan las infraestructuras reclamadas la deuda histórica con Huelva? (II)

por Rafael Gavilán Fernández


A mediados de 1979, siendo alcalde Carmelo Romero Núñez (UCD), el primer Plan General de Ordenación Urbana en periodo democrático aprobado por el Ayuntamiento de Huelva eliminaba las fábricas de la Punta del Sebo impuestas durante la dictadura Franquista. Dicho plan consideraba “absolutamente inadecuado el emplazamiento actual del Polo Químico”. De ésta manera, Huelva contemplaba, frente a la contaminación y daños a la salud, la recuperación de una Francisco Montenegro sin industrias químicas.

Este gran alcalde, muy recordado por los ciudadanos pero olvidado por la historia, que declaró ilegales las industrias del Polo, presentó su dimisión el 16 de diciembre de 1979 invocando una enorme “falta de colaboración del Gobierno Central”. Ese mismo día transcendió una reunión del Gobierno con las industrias que anunciaba un “Plan de acciones urgentes en la Punta del Sebo para reducir la contaminación», una suerte de enormes inversiones, 2 mil millones de pesetas destinadas a las industrias y a los daños que ellas mismas provocaron. Se trataba de un Plan que, según el Gobierno, “haría innecesaria esa modificación del plan general aprobada por el Ayuntamiento de Huelva”. Unos meses después, a los onubenses se nos impuso la Orden Ministerial de 12 de julio de 1980, que aprobaba el Plan General (PGOU) con excepción de lo previsto por nuestro consistorio para Francisco Montenegro. El gobierno había dejado en suspenso la recuperación de la Punta del Sebo, dando la espalda una vez más a la ciudad de Huelva e imponiendo a la ciudad seguir siendo una colonia del capital químico.

La redacción del siguiente PGOU de nuestra ciudad se aprobó en 1999. Fue impulsado por un gobierno en minoría del PP apoyado por IU. Este nuevo plan legalizó las industrias en base a los “Acuerdos para la recuperación de la Avenida Francisco Montenegro de 1991”, promovidos por un PSOE beligerante, solo los primeros años, con la presencia de las industrias en la Punta de Sebo. Los acuerdos del 91, vestidos falsamente como un documento de participación ciudadana, fueron unos acuerdos de instituciones, administraciones y de la propia industria que a la larga supusieron el mayor engaño y traición que la clase política ha realizado a Huelva, pues quienes lo firmaron, lo hicieron a sabiendas de que los iban a incumplir. Legalizaron las industrias, dándole estabilidad hasta el final de su vida útil.

“Recuperar progresiva y escalonadamente la Punta del Sebo sin instalar más industrias pesadas” era la parte de esos acuerdos que beneficiaba los intereses de la ciudad, lo que se incluyó en el Plan General. Un plan que se incumplió pocos años después, pues fueron llegando a la Punta del Sebo nuevas industrias, las responsables del atentado ambiental y sanitario que, sin dejar desarrollar otros sectores productivos, deprimen la economía y el empleo onubense que nos conducen a la cola de las estadísticas del país. En 1993-95 se implantan Atlantic Copper y Fertiberia con sus vertidos de fosfoyesos autorizados por la Junta, una empresa adquirida por Villar Mir a una peseta la acción en todo un pelotazo, pues el Gobierno de la Nación la acababa de sanear con una subvención encubierta fraudulentamente en un préstamo de más de 51 millones de euros de dinero público. Después, en 2004 se construye cautelarmente la nueva central térmica de Endesa, pese a la denegación de la licencia de obras y la contestación de toda Huelva. En 2012 aterrizó Fertinagro en los terrenos cedidos por Rhodia a NILEFOS, empresa afincada en un paraíso fiscal que huyó una vez recibió de la Junta de Andalucía una subvención de 2,3 millones de euros, auspiciado por un gobierno de PSOE e IU.

Hoy sigue vigente el desfasado el PGOU del 99, pero su revisión, donde los ciudadanos podamos diseñar y decidir nuestra ciudad y, especialmente, una Punta del Sebo como eje de un nuevo modelo, se retrasa constantemente. Mientras, el alcalde y el resto de grupos municipales apoyan el ‘Plan Estratégico -2025’, que propone el mantenimiento de la actual ciudad química industrial y el Puerto prepara por su cuenta una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que vulnera nuevamente el Plan General y sirve como barrera de protección de esa industria contaminante. Un mantenimiento industrial o una ZAL que el alcalde rechaza cuestionar en referéndum.

La editorial de un medio de comunicación señalaba el 23 de febrero de 2017 “el plan estratégico no es un texto parido por un partido, sino que cuenta con el respaldo de todos, menos Mesa de la Ría, y, por tanto, sus conclusiones han de ser tomadas como ley fundamental”, lo que es totalmente inexacto, pues la participación ciudadana no está regulada en los planes estratégicos que nunca adquieren el ‘rango de ley’ que si se obtiene por el planeamiento urbanístico.

En conclusión, Huelva tiene un enorme problema ambiental, sanitario, de contaminación de suelos, así como deficiencias clamorosas en infraestructuras. Pero la mejora de las comunicaciones no podrá solucionar, por si sola, la enorme ruina que relega a Huelva a la cola de España. Tampoco podremos fijar qué infraestructuras necesitamos si no definimos qué ciudad queremos, una ciudad muerta o una ciudad viva. Huelva debe tener capacidad para decidir por qué modelo productivo apuesta y, sobre todo, solventar el principal déficit, el déficit democrático, para que, desde ahora, no sean otros quienes decidan por nosotros y seamos los onubenses quienes diseñemos nuestro futuro.

La deuda histórica de España con Huelva es enorme, pero la primordial consiste en restablecer la democracia. Y desde Mesa de la Ría la vamos a exigir.

#ImaginaHuelva #HuelvaEnTusManos


Rafael Gavilán Fernández

Concejal de Mesa de la Ría de Huelva

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