Riaumbría pagó 4.000 euros por el informe que «avala» su estrategia jurídica contra la paralización judicial del proyecto William Martin

Copia de la factura aportada por Riaumbría. Los reslatados en rojo son esta redacción; los tachones en negro de la propia empresa promotora.

La promotora muestra su “perplejidad” por el comunicado que desmiente que el documento sea un dictamen de la Universidad.

La sociedad Riaumbría pagó 4.000 euros brutos por el informe que ratifica la estrategia jurídica de la empresa frente al criterio del nuevo Ministerio de Transición Ecológica (que considera que el macroproyecto residencial William Martin es incompatible con la Ley de Costas), elaborado dos profesores de Derecho Administrativo de la Universidad e Huelva (UHU). Así se desprende de la documentación distribuida este martes a los medios de comunicación, que incluye una copia de la factura del segundo pago por valor de 2.000 € (el 50 % del total).

Como informaba ayer La Mar de Onuba, la empresa difundió a bombo y platillo el “dictamen” emitido por los profesores, al que quiso presentar como una posición institucional de la Onubense, y que viene ratificar la estrategia de la empresa frente a la decisión judicial de paralizar las obras, basada, principalmente, en que la Ley de Costas de 1988 es posterior al planeamiento que calificó como suelo urbano el terreno donde pretendía edificar el residencial.

Este martes, como adelantó a primera en exclusiva esta revista, la UHU emitía un comunicado en el que negaba taxativamente que el informe de los dos profesores representara una posición de la Universidad en este asunto.El comunicado de la UHU, ha causado «perplejidad» en Riaumbria, según nota de prensa emitida esta misma tarde por la promotora, que no entiende que la Onubense se haya “desmarcado” del contenido del dictamen realizado por dos profesores de esta institución.

RIAUMBRÍA, que asegura que “no desea entrar en un debate con la Universidad de Huelva sobre la forma en la que se contextualiza la autoría de un informe emitido por dos profesores de la Universidad de Huelva”, ha expresado que “se siente en la obligación de certificar y aportar documentación acreditativa al respecto”.

Así, la promotora sostiene que “la decisión de RÍAUMBRÍA de someterse al pronunciamiento de una institución independiente como es la Universidad de Huelva para poder disponer de un dictamen jurídico y urbanístico externo a esta empresa y a la propia Dirección General de Costas que determine si la actual Ley de Costas es aplicable o no a determinados suelos del municipio de Punta Umbría ha dado lugar a un Contrato de Investigación firmado entre RIAUMBRÍA y la Universidad de Huelva en el que aparece recogido la Autorización de la propia Universidad de Huelva para el desarrollo de este trabajo.

En realidad, y según la propia documentación aportada por Riaumbría, el contrato está suscrito directamente entre los dos profesores y la promotora, si bien, cumpliendo con los requisitos legales exigido al personal docente e investigador universitario, el acuerdo se suscribe bajo autorización de la UHU, que emite y valida la facturación pertinente por labores externas realizadas por su personal, Dentro de esta misma normativa, y como refleja la propia empresa en su comunicado, la cláusula Sexta se establece que los derechos de autor del Dictamen y de inventor, así como la explotación de patentes y marcas, quedará a beneficio de la Universidad de Huelva. Esta es una práctica habitual y conocida de todas las universidades, públicas y privadas.

Asimismo, la promotora destaca que “en el Contrato firmado entre RÍAUMBRÍA y la Universidad de Huelva hay un capítulo específico centrado en la Legislación y Regulación del Contrato de Investigación que en su cláusula segunda establece que el plazo señalado para la ejecución del trabajo contará a partir de la fecha en que el presente contrato sea autorizado por la Universidad de Huelva. Efectivamente, antes de ejecutar este tipo de trabajos de investigación o asesoramiento externo, el personal universitario debe contar con la autorización de la propia institución, sin que ello otorgue al trabajo realizado ni a las conclusiones del mismo carácter “oficial”.

Por último, la promotora destaca que “la factura correspondiente al desarrollo de los trabajos de investigación ha sido emitida por la Universidad de Huelva a la sociedad RÍAUMBRÍA con sus datos fiscales, dirección, CIF y demás datos legales para el pago de los derechos referidos”. Como en el caso anterior, se trata del procedimiento establecido, y en nada cambia lo expuesto anteriormente.


La Onubense no avala el informe de dos de sus profesores esgrimido por Ríaumbría sobre la decisión del Gobierno contra el proyecto William Martin

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