“¿Quién debe hacer frente a los costes del desamiantado en domicilios y en otras instalaciones privadas en campos y ciudades?”.
“No puede ser que el coste lo cubran los ciudadanos que instalaron un material con avales de la administración como material seguro. Porque cada vecino que no pueda cubrir los gastos de una retirada segura podría hacerlo como sea, y dejar los restos en cualquier vertedero con más riesgos de contaminación para las personas”.
El periodista Antonio Somoza escribe sobre la retirada del amianto: “La familia March, una de las más ricas de España, debería hacer frente a los gastos derivados de la retirada de un material sobre el que cimentaron parte de su riqueza cuando ya se conocían los riesgos, sin tener en cuenta la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Pero si no es la familia March, debe ser la administración la que corra con los gastos extraordinarios del desamiantado”.
Jueves, 18 de noviembre de 2021. ¿Quién debe hacer frente a los costes del desamiantado en domicilios y en otras instalaciones privadas en campos y ciudades?
Hace pocos días recibí una llamada de Juan, un ciudadano muy preocupado porque no sabía como proceder para retirar unas planchas de Uralita que hay instaladas en un cobertizo de su propiedad y muy próximo a su casa. Me llamaba para pedirme consejo toda vez que mi móvil es uno de los que aparece en la página Malaga Amianto 0. La Uralita -marca comercial con la que se designa en nuestro país a productos para la construcción fabricados con fibrocemento (piezas en las que se combinan fibras de amianto compactadas con cemento)- está presente en toda España, tanto en el campo como en las ciudades y se ha convertido en una bomba de relojería que sería bueno desactivar antes de que el deterioro del cemento facilite la liberación de fibras de amianto a gran escala.
En su llamada, Juan me explicó que había visto un video en el que el experto en amianto recientemente fallecido, Paco Puche (¡cómo se te echa de menos, compañero!), explicaba los riesgos del amianto y de su desinstalación si no se realizaba de forma segura con personal especializado y siguiendo los protocolos de seguridad. El caso es que el preocupado ciudadano había solicitado dos presupuestos para la retirada de las planchas, uno a un albañil y otro a una de las empresas autorizadas para manipular piezas de amianto. El albañil le retiraba las planchas por 100 euros, mientras que la empresa le pasó un presupuesto diez veces superior, 1.000 euros, que incluía la retirada segura de las piezas para operarios y vecinos y su traslado a uno de los dos únicos vertederos habilitados en Andalucía para residuos de amianto, uno en Córdoba y otro en Jerez. Ninguna de estas condiciones estaban incluidas en la propuesta de 100 euros.
“Yo quiero hacer las cosas bien, entre otros motivos porque tengo niños en casa y no quiero exponerlos al riesgo de crecer en un entorno con amianto, ni al de una retirada del material mal realizada, pero no puedo permitirme pagar 1.000 euros y menos ahora en mi situación laboral”. “Además –concluyó- he intentado averiguar si hay ayudas de las administraciones para este fin y después de numerosas gestiones aún no tengo claro ni a quién pedir la ayuda, ni los trámites a seguir. ¿Qué puedo hacer?”.
Le pregunté si se observaba que las planchas de uralita estaban agujereadas o rotas por los bordes y me aseguró que no, así que le aconsejé que no retirara el amianto por libre y que trataríamos de indagar qué administración puede hacerse cargo de los gastos extras que conlleva retirar las placas con seguridad, desde el desmontaje hasta el almacenamiento, para evitar derivar el problema a las inmediaciones de un vertedero incontrolado. Aún no he conseguido información sobre los trámites de las ayudas, pero Juan parece que ha optado por dejar todo como está, al menos mientras las piezas de fibrocemento estén consistentes. Me parece una decisión sensata.
Pero no es una solución definitiva, ya que la uralita de Juan sigue deteriorándose y tarde o temprano tendrá que cambiarla. Y tampoco es una solución para todos los vecinos que tienen elementos de amianto en sus casas. Desde mi azotea en la zona de calle Lagunillas, por ejemplo, se ven más de 20 depósitos de agua de este material en distintos edificios y me consta que hay bajantes, tejas y planchas de uralita en aparcamientos, graneros, talleres… y en muchos casos con evidentes muestras de deterioro.
La retirada del amianto con seguridad es cara porque el proceso de desmontaje es complicado, necesita de una tecnología y unos equipos de protección individual para los trabajadores, igualmente caros, e incluye el transporte de todo el material retirado a alguno de los vertederos autorizados que, como ya dije, se encuentran sólo en las provincias de Córdoba y Cádiz. El resultado final es que el ciudadano que se encuentra con amianto instalado en su domicilio o en su negocio tiene que decidir si hace las cosas bien, asegurando la seguridad de trabajadores y vecinos, a un precio que puede no poder afrontar o si se lía la manta a la cabeza y se decide a retirarlo de manera irregular depositando el material en vertederos incontrolados. A pesar de que esta opción conlleve la comisión de un delito ecológico y, lo que es más importante, ponga en riesgo la salud de su propia familia y de sus vecinos, muchos ciudadanos, como Juan, no pueden afrontar el costo de hacer las cosas bien.
Las administraciones, desde la local a la europea, si han detectado que el amianto es un problema de salud pública importante deberían habilitar ayudas claras y de fácil acceso para que los ciudadanos pudieran retirar los elementos peligrosos en condiciones de seguridad y, en todo caso, imputar esos costes a las personas concretas que se lucraron con la instalación masiva de amianto, en unos momentos en los que las autoridades sanitarias ya habían alertado de los riesgos de este elemento.
En 1906 se conoció en Inglaterra el primer caso de muerte por inhalación de fibras de amianto y en los años 30 y 40 del siglo pasado ya se publicaron los primeros estudios científicos que relacionaban las muertes por cáncer pulmonar, mesotelioma o asbestosis con la inhalación de fibras de amianto. A pesar de estas alarmas, las empresas dedicadas a su producción (en España, Uralita) siguieron produciendo a gran escala estos materiales y, lo que es más sangrante, incluso hoy en día, cuando los riesgos son incontestables, se sigue produciendo e instalando amianto en muchos países del mundo (solo 67 de los 195 que hay en el mundo lo han prohibido) y algunos, como Canadá, en los que está prohibida su instalación se sigue extrayendo para exportarlo a terceros países.
En España, la empresa Uralita fue propiedad de la familia March hasta el año 1993 cuando se deprendieron de la mayoría de las acciones por más de 7.000 millones de pesetas, aunque mantuvieron el control bancario compartido por los bancos Urquijo y March. En enero de 2020 la empresa solicitó concurso voluntario de acreedores, al no contar con liquidez para hacer frente a las reclamaciones de trabajadores afectados por la fabricación de fibrocemento con amianto, pese a que se trata de una actividad que el grupo había abandonado hace casi veinte años.
Y ese es precisamente otro de los problemas del amianto, el periodo de latencia de la enfermedad que puede dar la cara 20 o 30 años después de la exposición. De momento, las personas más afectadas son los trabajadores que estuvieron directamente expuestos, pero ya han aparecido casos de personas que no trabajaron en factorías de Uralita o de otras empresas que utilizaban este material y han desarrollado las enfermedades típicas del asbesto. Tras los trabajadores industriales se han comprobado casos en sus familias porque llevaban a casa a limpiar la ropa de trabajo y también en personas que ni eran trabajadores, ni familiares de empleados de empresas que utilizaban este material. El filósofo Jesús Mosterín y el presentador de TV José María Íñigo han fallecido en los últimos años por exposición a las fibras mortales en sus puestos de trabajo.
Y no podemos olvidar que el amianto instalado en nuestros hogares tenía un riesgo limitado mientras estuviera bien conservado y dentro de su vida útil, ya que el cemento no permitía que se liberaran las fibras. A partir de ahora, con la vida útil de todo ese material ya caducada, el riesgo de liberación de fibras se multiplica y nos pone en una situación de riesgo que, dado el mecanismo de contagio y desarrollo de la enfermedad, nos puede poner ante un estallido de casos de mesotelioma, asbestosis o cáncer de pulmón dentro de 20 o 30 años.
La familia March, una de las más ricas de España, debería hacer frente a los gastos derivados de la retirada de un material sobre el que cimentaron parte de su riqueza cuando ya se conocían los riesgos, sin tener en cuenta la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Pero si no es la familia March, debe ser la administración la que corra con los gastos extraordinarios del desamiantado. Lo que no puede ser es que el sobrecoste lo tengan que cubrir los ciudadanos que instalaron un material que tenía todos los avales de la administración como material seguro, a pesar de las alertas médicas de los años 30 y 40 del siglo pasado. De lo contrario, corremos el riesgo de que cada vecino, si no puede hacer frente a los costes de una retirada segura, lo haga de cualquier manera y deposite los restos en cualquier vertedero multiplicando los riesgos de contaminación para las personas.
Antonio Somoza Barcenilla es periodista
Sea el primero en desahogarse, comentando