Procesado un policía y su novia abogada por regularizar ilegalmente a trabajadores extranjeros que luego eran explotados en el campo

La red creada por el policía cobraba 900 € por cada regularización.

Hay otros doce procesados por esta trama que captaba víctimas con anuncios en Internet garantizando un trabajo en España y la regularización inmediata de su situación.

Viernes, 19 de febrero de 2021.Un agente de la Policía Nacional que estaba destinado en la oficina de Documentación de Extranjeros de la comisaría deAlzira y su pareja sentimental, abogada y propietaria de una gestoría, han sido procesados como presuntos cabecillas de una red que regularizaba a ciudadanos de países de Europa del Este con documentación falsa previo pago. Los investigadores han detectado pagos por valor de unos 30.000 euros y al menos 476 extranjeros que habrían sido regularizados de forma ilegal haciéndose pasar por ciudadanos de países comunitarios, aunque la cifra de personas registradas de forma fraudulenta por el policía podría ser mucho mayor, ya que en un solo mes podía llegar a registrar a unas 800 personas.

Fruto de las investigaciones realizadas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) se ha imputado a otras doce personas por su pertenencia a esta organización criminal que captaba a víctimas mediante la inserción de anuncios en internet ofreciendo empleo en España y garantizando la rápida tramitación de los documentos oficiales para poder trabajar en el país.

El policía procesado, de 62 años, era el encargado de dar de alta a estas personas con la obtención del certificado de asignación del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) para ciudadanos de países comunitarios, a sabiendas de que la documentación aportada, enviada previamente a la gestoría de su pareja, era falsa. Por su parte, la abogada colegiada en Alzira trataba directamente con los interesados, que acudían de distintas partes de la península a regularizar su situación —en la mayoría de casos le enviaban los documentos y no era necesaria ni su presencia física— y que cobraba por esta eficaz y rápida tramitación garantizada por su compañero sentimental.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Alzira, encargado del caso, ha levantado el secreto de las actuaciones y, en base a las pruebas aportadas sobre «la participación imprescindible del funcionario público en el entramado delictivo de la organización», procesa al policía nacional por los delitos de dirección y pertenencia a organización criminal, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, así como delitos continuados de falsificación de documentos públicos, prevaricación y cohecho. El juzgado ha fijado una fianza de 14.120 euros para garantizar el pago de la responsabilidad civil.

Entraban como turistas

La organización captaba a las víctimas en sus países de origen; Ucrania, Armenia y Georgia principalmente, y les hacían creer que tenían un trabajo asegurado en España, que les facilitarían todos los trámites para su regularización —lo cual era cierto pero con documentación falsa— e incluso se encargaban de su transporte. Así, entraban en el país en calidad de turistas con su documentación real. Una vez en España algunos de los doce procesados se encargaban de buscarles alojamiento, aunque en condiciones precarias e insalubres, y los explotaban en el campo. Otros de los detenidos eran precisamente los que vigilaban que éstos cumplieran en su trabajo, no dudando en usar la violencia y la intimidación para que ninguno de ellos acudiera a las autoridades.

La segunda parte de esta trama de inmigración ilegal y contra el derecho de los trabajadores era la de regularizar su situación con documentación falsa. Es ahí donde entraba en juego el policía y su pareja abogada, quienes tramitaban los certificados de asignación de NIE como si fueran extranjeros comunitarios. En las diligencias aportadas al juzgado constan ingresos en cuenta y transferencias realizadas a lo largo de 2017 por estos ciudadanos de países del Este que van desde los 30 a los 1.500 euros.

Más certificados que toda la oficina de Extranjería de Valéncia

Las sospechas sobre la actividad ilícita del policía saltaron cuando se comprobó que la comisaría de Alzira estaba registrando más certificados de NIE, con un solo agente destinado a ese cometido, que toda la oficina de Extranjería de València, donde son cuatro funcionarios de la policía. Además los registros se hacían siempre fuera del horario de atención al ciudadano, antes de las siete de la mañana. Asimismo, cuando el policía en cuestión fue trasladado a Seguridad Ciudadana los registros cayeron, de 800 en un mes a ninguno en el semestre siguiente.

900 € por regularización

FUENTE: levante-emv-com
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