La elaboración del presupuesto de un país está condicionada tanto por la coyuntura económica como por la coyuntura política. Y en estos momentos ninguna es favorable para España.
La coyuntura económica
La pandemia ha supuesto un giro de 180 grados respecto a la situación previa que, sin que fuese extraordinariamente boyante, no resultaba tan negativa como la actual. La covid-19 ha sumido a la economía española en una recesión sin precedentes.
Como se sabe, cuando la economía no crece, se reduce la recaudación impositiva y, si además aumentan los gastos –como está sucediendo–, el déficit fiscal es inevitable. De ahí que la deuda pública aumente, pues para los países de la eurozona la única posibilidad de financiar su déficit es la emisión de deuda.
Por ahora, el Banco Central Europeo facilita la financiación de la deuda a través de compras a un 0,5% de interés. Pero esta opción está limitada por la necesidad de respetar la proporcionalidad en relación con la participación de cada país en el capital del BCE. Tampoco hay que olvidar el importante stock de deuda española, que supera el 100% del PIB.
En todo caso, el cuadro de mando de cualquier presupuesto –el cuadro de estimaciones macroeconómicas– es especialmente incierto este año y ha ido empeorando con el paso de los meses.
El último escenario dibujado por el Banco de España comportaría tener que recuperarse de una caída del PIB superior al 15% en 2020.
El FMI muestra también peores previsiones para España, colocándonos en el furgón de cola de la Unión Europea también en la fase de recuperación.
Parece alejarse la esperanza de la recuperación en V.
La coyuntura política
En la parte política no hay mejores perspectivas. De hecho, el Gobierno trabaja con presupuestos prorrogados por este motivo. Es difícil aventurar los acuerdos, pero parece que el PSOE volverá a recurrir a Ciudadanos y mantener el apoyo del PNV, como hizo para aprobar el estado de alarma.
Estos votos, junto a los de los partidos con uno o dos diputados (Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, Teruel Existe…) pueden garantizar la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Pero hay un elemento adicional que puede complicar la consecución de tal acuerdo: ¿qué sacrifica la actual coalición gubernamental para conseguir el voto de formaciones políticas moderadas? O lo que es igual: ¿puede mantenerse una política de izquierdas efectista con el apoyo de estos interlocutores?
No es fácil encontrar una respuesta a estos interrogantes, porque no basta con pequeñas concesiones. No se trata solo de la exigencia de 1,5 en vez de dos metros de distancia social en el decreto de “nueva normalidad”.
Está en juego la aprobación del documento que debe garantizar la viabilidad de la salida a una recesión económica sin precedentes, que difícilmente podrá corregirse con una política económica expansiva durante solo un ejercicio.
Será indispensable negociar con una perspectiva temporal mayor, lo que seguramente dificulte los acuerdos y provoque tensiones en el propio gobierno de coalición.
Ningún dinero sale gratis
La esperanza de que Europa insufle el suficiente empuje para cuadrar unos presupuestos expansivos (por necesidad pero también para cumplir con el programa electoral del principal partido del Gobierno) también está sometida a interrogantes.
La buena disposición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Van der Layen, se ha visto frenada por las numerosas pegas que están poniendo los países del centro y el norte de Europa, con Holanda como principal fustigador de los “manirrotos países del sur”.
Las transferencias que se reciban tendrán que devolverse en el futuro (con el propio presupuesto de la UE), y el resto de las ayudas europeas requerirán de la formulación de planes de crecimiento y reformas.
Esta vez no habrá “hombres de negro” pero es importante para España formular una estrategia de crecimiento a largo plazo creíble en Europa y efectiva para nuestra economía.
Los que ven el dinero de Europa como un dinero adicional para hacer sus propias políticas se equivocan. Es un dinero pensado para “la próxima generación” y, por tanto, sometido a condicionalidad. Y aquí aparecen en escena, la necesidad de las ya conocidas “reformas estructurales”.
Plan de recuperación propuesto por la Comisión Europea según la asignación a cada país
Uno de los retos más importantes de la aprobación del presupuesto de 2021 será cómo financiar las reformas estructurales necesarias para conseguir una mayor recuperación a largo plazo.
También habrá que mitigar los efectos económicos de la pandemia, desescalar las medidas de apoyo urgente, determinar qué políticas sociales se tendrán que posponer y cómo plantear un verdadero plan de recuperación. Todo esto con el fin de conseguir efectos multiplicadores de los fondos europeos.
Una oportunidad para la economía verde
Para España esta podría ser una oportunidad irrepetible de modificar su modelo de crecimiento, instaurando políticas que mejoren su productividad a largo plazo. En este sentido, la clásica dicotomía entre austeridad y expansión podría superarse por la vía de estimular actividades como la economía verde, o la digitalización y modernización del sector público.
No se trata de discutir el tamaño del estímulo sino de hacer cirugía con el gasto. Probablemente esto será una dificultad añadida para conseguir los votos necesarios para aprobar los PGE de 2021.
Unos pueden preferir priorizar el corto plazo, con ayudas indiscriminadas para salvar sectores y empleos, mientras que otros van a defender que los gobiernos tienen que pedir a las empresas un claro compromiso a cambio de las ayudas, que conllevan un mayor gasto.
Habría que establecer programas de ayudas para los sectores o empresas que quieran aceptar o comprometerse con ese compromiso social. Esta opción está en la línea del defendido en Italia por un buen número de economistas, que proponen construir una economía verde como palanca de cambio.
El apoyo público debería ser compatible con salvar la actividad y los empleos pero también con reconocer que se debe aspirar a no seguir haciendo lo mismo. Los reproches sobre la condicionalidad de las ayudas las ponen en entredicho y podría perderse una oportunidad de oro para el acuerdo, salvando las diferencias de cara al electorado de cada uno.
De momento, lo único verde es cómo se ponen sus señorías desde la tribuna de oradores del Congreso.
Rubén Garrido-Yserte, Director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá y Tomás Mancha Navarro, Catedrático de Economía Aplicada e investigador del Instituto de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá
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