PP y Ciudadanos «traicionan» al Condado

Los alcaldes de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana creen que la solicitud de ambos partidos de ampliar el plazo de enmiendas a la Ley de Trasvase es un “mazazo” para el sector agrícola

Los alcaldes de los municipios afectados por la futura ley de trasvase de agua al Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, han manifestado su “indignación y decepción” por la decisión del Partido Popular y Ciudadanos de pedir en el Congreso de los Diputados la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la citada norma, lo que, según han advertido estos regidores, puede suponer que la ley no vea la luz en la presente Legislatura.

Nos sentimos traicionados institucionalmente” por ambas formaciones políticas, han indicado los alcaldes de los municipios citados, Rocío Espinosa, Juan Antonio García, David Vivas, Gustavo Cuéllar y Diego Pichardo, al tiempo que han considerado que esta decisión de PP y Cs supone un “mazazo” para los agricultores de estas poblaciones, a quienes han “dejado en la estacada” en un momento “crucial, a pie de los caballos, cuando están a punto de iniciar la campaña agrícola”, han añadido.

Los cinco alcaldes quieren que ambas formaciones políticas “nos den una explicación” por una decisión que “no nos esperábamos”, pues entienden que los ponentes de la ley ya la habían hecho suya con sus alegaciones y aportaciones en el Parlamento de Andalucía, de ahí que no tuviese que “sufrir ninguna modificación en el Congreso de los Diputados”, han explicado.

Asimismo, Rocío Espinosa, Juan Antonio García, David Vivas, Gustavo Cuéllar y Diego Pichardo han recordado que “el trasvase no sólo es necesario para garantizar la economía de nuestros pueblos, sino también para equilibrar el territorio y garantizar el futuro de Doñana”.

Por ello, los regidores citados consideran que PP y Ciudadanos no han estado a la altura, con esta decisión, de las instituciones que están trabajando para que la ley vea la luz cuanto antes, como la Junta de Andalucía, el Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y los cinco ayuntamientos de los municipios afectados. “Ha sido un mazazo al trabajo de los últimos cinco años en los que se había avanzado muchísimo y una muy mala noticia para el sector”, han conluido.

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