“La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anunció el despido de los 20.000 trabajadores sanitarios de refuerzo. 8.000 de forma inmediata y 12.000 en los próximos seis meses”
“Como en sus países referentes, la derecha quiere que las familias trabajadoras se vean abocadas a hipotecar sus bienes para poder financiar una sencilla operación de apendicitis”.
Jueves, 21 de octubre de 2021. Cuando estalló la Covid-19 y nos confinaron, no tardó tiempo en advertirme un buen amigo de que lo de asomarse para aplaudir cada tarde comenzaba a parecerse más a un acto de delirio colectivo que a uno de solidaridad con un personal sanitario que se jugó (y en ese juego, algunas personas la perdieron) la vida por todos y cada uno de los enfermos que atendió. Entonces los llamaron “héroes”, aunque no tenían ni una capa con la que cubrirse para protegerse de lo que por entonces era un virus del que se desconocía todo: su capacidad de transmisión, su tratamiento y su letalidad.
La sanidad pública enfrentó una pandemia tras más de diez años de recortes. A la que un día fue “la joya de la corona” de nuestra democracia (y aún más de Andalucía), le saltaron todas las costuras y remiendos con las que a fuerza de sobrecargar y precarizar a sus trabajadores se había logrado mantener un sistema cada vez más mermado. Ante la gravedad de la situación, la Junta, que tiene transferidas las competencias sanitarias como el resto de comunidades autónomas, decidió contratar a 20.000 trabajadores de refuerzo.
Ayer despertamos con un día soleado, ya sin apenas restricciones desde hace meses, vacunados y con el anuncio presente que lanzó la consultora Bloomberg hace unas semanas, donde aseguraba que España era el segundo país del mundo que mejor manejo había realizado de la situación de pandemia. Pero pronto nos desvelamos y volvimos a tocar suelo: la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anunció el despido de los 20.000 trabajadores sanitarios de refuerzo. 8.000 de forma inmediata y 12.000 en los próximos seis meses. No hacía ni una semana que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, había asegurado en sede parlamentaria que en ningún caso ese personal sería despedido. Hasta aquí, su credibilidad. La escasez de recursos sanitarios en la región andaluza es manifiesta: la Atención Primaria continúa completamente saturada tal y como denuncian los sindicatos, y como podemos constatar pacientes y trabajadores.
Durante la última semana, se ha hecho viral en los medios de comunicación la historia de Sergio, un entrenador profesional que ejerce, además, el arduo trabajo no remunerado de cuidador de sus progenitores. Asegura Sergio en su cuenta de Twitter AQUÍ, donde narra el calvario que vive, que su padre ha pasado hasta 30 veces por consulta telefónica durante meses sin un diagnóstico. La pasada semana, la situación se complicó y su padre no era capaz de ingerir alimentos. Finalmente, lo ingresaron, le realizaron pruebas y el diagnóstico fue “un cáncer grave”. Sergio lo hubiese tenido fácil para demonizar al sistema de Salud Pública. Lejos de ello, ha criticado con dureza los recortes a los que éste se ha visto sometido y no ha tenido miedo en señalar a los representantes políticos responsables del desmantelamiento de la Sanidad. Se llama conciencia de clase y compromiso.
Ya sabemos qué es lo que piensa la derecha española sobre lo público: hay que liberalizarlo ‘ad infinitum’. Hasta que ya no quede nada del Estado. Y qué mejor forma que desarticulando los servicios que presta, aunque atañan a derechos fundamentales como lo es el de la Salud. Ante historias como la de Sergio, hasta el más ferviente defensor de lo público se siente tentado a hacer números con la conciencia intranquila para ver si puede permitirse un seguro privado, y tener al menos un diagnóstico lo antes posible. Es la estrategia de la derecha española, para la que nunca va a finalizar el proceso de liberalización de la economía iniciado en la década de los ochenta. Nos inculcan miedo y nos maltratan. ¿Y qué herramienta más potente existe que el miedo? Es así como surge la cultura de la nostalgia por tiempos pasados.
Como en sus países referentes, la derecha quiere que las familias trabajadoras se vean abocadas a hipotecar sus bienes para poder financiar una sencilla operación de apendicitis. Qué decir para el tratamiento más costoso de otro tipo de enfermedades, al que directamente la mayoría de la población no tendría acceso si no fuese a través de lo público. El favor que está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla a la sanidad privada es grosero en Andalucía. Hay hospitales privados subvencionados en forma de concierto para derivaciones de pruebas diagnósticas e intervenciones menores. Ayuso levanta hospitales sin contratar personal, sino reubicando profesionales. No podemos pasarnos la vida aplaudiendo y llamando héroes a trabajadores y trabajadoras cuando vienen mal dadas. No son héroes. Son trabajadores y trabajadoras en una condición de precariedad y vulnerabilidad que les afecta a ellos y nos afecta a todos porque todos vivimos en sociedad, en comunidad, en colectivo.
Mejor que aplaudir desde el balcón, ahora que no estamos confinados, sería más productivo apoyar a la Marea Blanca, que ha vuelto a salir a la calle en la región andaluza y se está movilizando. Nuestros médicos, enfermeros, celadores, personal administrativo, de limpieza y de seguridad que trabajan en la Salud Pública están soportando la presión de los gerentes y las agresiones verbales y físicas de los pacientes ante el colapso de Atención Primaria. Cada día. No se me ocurre una profesión más digna que aquella destinada al cuidado de la vida, y a la vez tan injustamente castigada. Basta de tocar palmas; marchemos junto a ellos. Su lucha es la nuestra y la de los nuestros. No permitamos que después de una pandemia sean ellos quienes peleen a solas por lo que es de todos. Basta de aplausos: más que un delirio colectivo, esto comienza a adquirir tintes de altas dosis de cinismo y de mirar hacia otro lado.
Porque no es el personal de Salud Pública el único al que Moreno Bonilla y sus secuaces, como el portavoz Elías Bendodo, han llamado “héroes”. Aún queda cerca en la memoria y en la cicatriz el incendio de Sierra Bermeja, donde un trabajador perdió la vida durante las tareas de extinción. El gobierno de la Junta, una vez terminada la temporada de mayor riesgo de incendios y después de haberles dedicado palabras de agradecimiento y llamarles también “héroes”, está dispuesto a despedir a entre 600 y 700 bomberos forestales, como ayer informó EL OBSERVADOR. Sus planes estaban claros desde antes: encargó una auditoría que concluyó a primeros de septiembre que lo mejor para el INFOCA era pasar a un modelo mixto público y privado con externalización de servicios. Héroes no, trabajadores precarios y familias trabajadoras pobres y sobreexpuestas a la incertidumbre.
Como les sucede a las personas encargadas de la atención a menores con necesidades especiales. El pasado día 8 se convalidó en San Telmo el Decreto para dar cobertura legal a la precarización de un servicio imprescindible para muchas familias por cuya gestión la Administración Andaluza ha sido condenada en varias ocasiones: concretamente por contratar de forma fraudulenta. La privatización total de un servicio hasta ahora mixto ya tiene sus consecuencias. Sus trabajadores denuncian retrasos en los cobros y contratos cada dos meses con los consecuentes cambios de destinos, como recoge Néstor Cenizo en su reportaje para Eldiario.es. Así se van rompiendo los vínculos entre los usuarios y los trabajadores, fundamentales para el desempeño correcto de la profesión. El maltrato continuado del gobierno andaluz hacia lo público no afecta sólo al cuerpo del funcionariado, sino a todas y cada una de las personas que vivimos en esta tierra y tenemos una renta media o baja. Es decir: a la inmensa mayoría.
Estos son sólo algunos de los problemas causados por pura ideología que surgen cuando una de las comunidades más pobres del Estado queda en manos de la derecha y la derecha extrema. Todo este desmantelamiento generará mayor exclusión, problemas de salud y pérdida sustancial de la calidad y la esperanza de vida. Y hay que remarcar lo de “ideológico”, porque lo que está realizando el gobierno andaluz es aplicar las tesis ideológicas del neoliberalismo, del desfasadísimo ‘Tea Party’ de la Administración Bush Jr. y la más reciente Administración Trump. A pesar de ir ya en contra de las recomendaciones de la propia UE e, incluso, de unos Estados Unidos cuyo actual gobierno aspira a reforzar y universalizar la sanidad, y cuyo presidente espeta a los empresarios a que paguen más a sus trabajadores tras desplegar unas inversiones públicas de protección social inéditas hasta ahora en un país donde la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha popularizado el lema ‘Tax the rich’ (Impuestos a los ricos).
Lo ideológico no se entiende sin lo propagandístico y lo lejos que se sitúan Moreno Bonilla y los suyos de la realidad del pueblo andaluz. La semana pasada, el presidente anunció una medida estrella y estrellada: exenciones fiscales para matrimonios cuya renta sea de hasta 80.000 euros para las clases de inglés de sus hijos. Con eso y con el bono turístico del que nunca más se supo, todo arreglado. ¿Se puede vivir tan lejos del día a día de cualquier barrio de Málaga que no sean El Limonar, Paseo de Sancha o Cerrado de Calderón? Es el mundo de las clases más altas, incapaces de empatizar con el dolor que padecemos quienes sufrimos sus políticas.
España es un país que, según Eurostat, mantiene una presión fiscal siete puntos inferior a la media de la UE y de Europa. A pesar de las evidencias, el director del conservador Diario SUR, Manuel Castillo, afirmó el pasado domingo sin sonrojo que el “Estado es insaciable y exprime al ciudadano y las empresas con su presión fiscal”. Olvida Castillo los datos citados y que la empresa para la que trabaja se acogió hasta dos veces a los ERTE durante la pandemia. Olvidó también que recibe SUR (él sabrá cuánto, porque por lo que sea no lo quiere hacer público a diferencia de otros medios, como Eldiario.es) financiación del erario público en forma de publicidad institucional, ayudas a la prensa, subvenciones, incentivos fiscales y patrocinios. Sin todos esos mecanismos del insaciable Estado, ¿sería no ya rentable, sino simplemente sostenibles la editora y la matriz de la empresa (Vocento) para la que trabaja en el más corto de los plazos sin continuar con su política de despidos y congelación salarial, como viene denunciando públicamente la asamblea de trabajadores desde 2013 en su cuenta de Twitter @comiteSUR?
Fue en el propio Diario SUR donde se hizo lo que se llama ‘la cuenta de la vieja’ hace unas semanas. Por lo visto, Málaga es un polo de atracción para la industria tecnológica porque así lo proclamó un gurú en una entrevista, donde asegura que por cada ingeniero, las empresas de este sector necesitan diez técnicos superiores de FP. Así, a vuelapluma. Ya está calculado. Supongamos que este dato fuese cien por cien veraz, cero especulador y tras él hubiese un consenso científico que lo avalase. Como siempre, los intereses particulares van sacar tajada de lo que es un derecho de todos, como buitres carroñeros al acecho. El Medac, empresa privada líder de Formación Profesional cuyo socio fundador fue el actual consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda, ha abierto dos nuevos centros en Málaga capital después de ser vendida a un fondo estadounidense. EADE y Cesur, ambas también privadas, no han querido ser menos y están invirtiendo en aumentar su oferta de FP privada.
Todo un negocio que puede ser ruinoso ante mensajes confusos amplificados por un medio de masas: una familia trabajadora cuyo hijo o hija no haya podido tener acceso a un centro público de FP, bien porque su nota de corte no le llega o bien porque el grado al que aspira no está recogido en la oferta pública, deberá hipotecarse o gastar sus ahorros, sus pensiones, para pagar a entidades con intereses lucrativos unos estudios de FP en centros privados por una cuestionable promesa de empleo que la puede llevar a la ruina, la escasez y la frustración ante el incierto mundo del trabajo de un Estado donde el paro es crónico y en el que cuanto más se han liberalizado los contratos y los despidos (es decir, los derechos de los trabajadores) el número de parados ha ido alcanzando sus cotas más altas.
Lo insaciable no es el escueto Estado. Los insaciables son los ricos, los millonarios y milmillonarios a los que cuando les tocan el bolsillo para cumplir con el precepto constitucional de una redistribución fiscal progresiva y justa para mejorar la vida de la mayoría de la sociedad, para sostener el Estado de Bienestar sin actos caritativos, y a pesar de que muchos cuenten con riqueza suficiente en paraísos fiscales para que vivan apaciblemente herederos de generaciones futuras a los que ni siquiera van a tener el disgusto de conocer, echan mano de los oligopolios (mediático, eléctrico) y poderes (políticos, económicos) para violentar y confundir a una sociedad huérfana en 2021 de los más elementales instrumentos democráticos para poder configurar un proyecto de vida digno en igualdad de condiciones.
Si un día te llaman héroe, que sea como en la canción homónima de David Bowie. “Podemos ser héroes sólo por un día”. Porque aunque esto se parezca cada vez más a Gotham, no va a venir Batman atraído por los espectáculos de luces y sonidos que tanto gustan a la concejala Teresa Porras para salvarnos. Somos trabajadores, somos pacientes, somos estudiantes, somos ciudadanos, somos seres humanos, somos habitantes, somos personas y reivindicamos nuestros derechos constitucionales y humanos porque sin ellos la democracia no existe. Llevamos décadas rompiéndonos en soledad. Como decía mi buen amigo: en esta especie de delirio colectivo a la que asistimos cada día, aunque ya no aplaudamos.
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