Otra vez el fuego y la devastación: el «día de la marmota» en los asentamientos chabolistas de trabajadores agrícolas

Personas afectadas por el incendio hacen cola para recibir asistencia de las ONG

Los trabajadores afectados por el incendio son acogidos en las chabolas que no sucumbieron al fuego.

Carmelo Romero insta a los propietarios de los terrenos a acudir «a los juzgados o cualquier otro sitio para estas personas se puedan erradicar de esta zona».

Rafael Sánchez Rufo (IU): «Es una vergüenza intolerable que ni la administración central, ni la andaluza, ni las locales hayan puesto hasta ahora soluciones a este grave problema de falta de derechos humanos enquistado desde hace decenas de años”.
por Perico Echevarría

 

Huelva, 20 de febrero de 2021. Desde que a las seis de la mañana de ayer viernes comenzara a arder, otra vez, el asentamiento ubicado a escasos metros del polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva), no pararon de repetirse, como en un déjà vu, las escenas, denuncias, declaraciones de intenciones, ausencia de soluciones y hasta desafortunados exabruptos oportunistas que, normalmente, se han visto y escuchado con anterioridad. Es el día de la marmota del chabolismo afianzado y estratégicamente tolerado en la provincia de Huelva. Varios miles de personas trabajadoras con y sin papeles, magrebíes y subsaharianas en su mayoría, malviven en los asentamientos de infraviviendas durante la temporada de frutos rojos. Porque hay trabajo para todas ellas en el sector agrícola onubense; pero no hay viviendas. Un problema secularizado que todas las administraciones, partidos, sindicatos y organizaciones sociales llevan más de veinte años pensando cómo resolver.

Imagen del asentamiento de Palos de la Frontera devastado ayer por las llamas

Izquierda Unida recordaba ayer en un comunicado que en la provincia de Huelva se han llegado a contabilizar cerca de 40 asentamientos chabolistas de trabajadores agrícolas, ubicados en los municipios de Lucena del Puerto, Moguer, Lepe, Almonte, Bonares e incluso en la capital onubense, aunque la proliferación de estos campamentos y la falta de intervención de las administraciones para remediar sus condiciones de vida, hace que el número real de los asentamientos existentes sea mayor.

Voluntarios de las ONG ofreciendo alimentos ayer a personas afectadas por el incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera

Como todos los demás, el del polígono San Jorge de Palos de la Frontera que ardió la madrugada del viernes ya había sufrido incendios con anterioridad. En abril del año pasado, en pleno confinamiento por la pandemia, resultaron totalmente destruidas unas 50 chabolas y hubo que desalojar a más de 100 personas. En diciembre de 2019, Toufik Alasal, un joven trabajador marroquí de apenas 23 años, murió asfixiado por el humo y su cuerpo quedó calcinado por el fuego. Aunque esta vez no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal, el incendio ha vuelto a ser devastador. Han ardido en torno a seis hectáreas de terreno, prácticamente la mitad del espacio que ocupa el asentamiento. Alrededor de 400 personas han perdido sus chabolas de cartón y plástico y sus escasos enseres personales.

Como en ocasiones anteriores, ayer volvieron a ser precisas y eficaces las rápidas intervenciones de los cuerpos de Bomberos , Guardia Civil, policías Nacional y Local y Protección Civil. Una vez más, evitaron que el fuego arrasara la totalidad de un asentamiento. Organizaciones como Accem, Cepaim o Cruz Roja, ya repartían agua, desayunos calientes, ropa y mantas a las personas afectadas antes de que el incendio fuera totalmente sofocado. También estuvieron colaborando integrantes de la Asociación Multicutural de Mazagón, del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, y la Unión de Pequeños Agricultores UPA Huelva, la única organización patronal que ayer mostró interés y ofreció su ayuda, a pesar de que, como destacan, ninguna de las personas afectadas trabajan en sus empresas asociadas.

Algunos de los enseres rescatados ayer en el incendio se acumulaba junto a una empresa del polígono San Jorge

No fueron necesarios traslados a hospitales o centros de salud. En las improvisadas oficinas de campaña, personal voluntario de las ONG anotaban los datos de los afectados y las pérdidas. Sobre todo de documentos. Más que el dinero, la ropa u otras propiedades personales, para los trabajadores extranjeros que aún no tienen regularizada su situación en España, perder los «papeles para el arraigo» es lo peor de los incendios. Volver a poner en marcha un reloj que acumula años de precariedad en una economía sumergida que casi nadie ve, se sanciona con desgana, y raramente se juzga. A los otros, los legales, las ONG tratarán de agilizarles las citas para obtener nueva documentación.

En torno a las seis de la tarde, apenas unas 70 de las 400 personas afectadas por el incendio habían pasado aún por los puntos de asistencia habilitados por las ONG. “Es algo habitual en estos casos”, explicaba a La Mar de Onuba el responsable de una de estas organizaciones. “Muchos han ido a trabajar por miedo a perder el empleo”. En el imaginario de los trabajadores chabolistas está instalada esa posibilidad. Perder el empleo por no ir a trabajar el día en que te has quedado sin casa y sin pertenencias personales a causa del fuego. “Otros esperan a que no haya policías o guardias civiles”. Los indocumentados. Las ONG, que conocen bien estas situaciones, los esperaban a unos y a otros. Había ropa, mantas y bebidas calientes para cuando llegaran.

Lo que ninguna de las personas consultadas podía responder casi entrada la noche era dónde iban dormir esas 400 personas. “El ayuntamiento no contempla en este momento habilitar ningún espacio municipal para las personas afectadas”, aseguraba por la mañana a esta revista el alcalde popular de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, minutos antes de entrar a una reunión de coordinación con su equipo en el consistorio palermo. “Hay que tener en cuenta que entre ellos [los trabajadores chabolistas] hay una solidaridad grande, y los mismos que están en las viviendas que no les ha pasado nada, pues normalmente suelen alojar a que los que no disponen de vivienda en este momento”, añadía el también parlamentario por Huelva en el Congreso delos Diputados. A las nueve de la noche, la periodista Mariló Montero confirmaba en Canal Sur Noticias el augurio de Romero. “Los temporeros inmigrantes a los que anoche se les incendió el asentamiento chabolista en el que residen ya están realojados. De momento, están en casas de amigos y en las fincas en las que trabajan habitualmente”.

“Tras cada incendio”, destacaba ayer Izquierda Unida, “los trabajadores migrantes se ven obligados a levantar nuevas chabolas en estos asentamientos por no disponer de alternativas habitacionales en las que vivir dignamente”. Rafael Sánchez Rufo, Coordinador Provincial de IU en Huelva, califica de “vergüenza intolerable” que los incendios en los asentamientos chabolistas de Huelva se sigan produciendo continuamente, mientras ninguna administración, ni la central, la andaluza, ni las locales, hayan puesto hasta ahora soluciones a este grave problema de falta de derechos humanos que se ha enquistado en la provincia onubense desde hace decenas de años”.

Valoraciones de partidos, sindicatos y el popular Carmelo Romero

Tras conocerse el incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera, el director general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Francisco Vidal, acompañado por el delegado territorial en Huelva, Manuel Antonio Conde, y la Asesora de Programa del Instituto de la Mujer en la provincia, María Martín, manifestó en el lugar de los hechos el apoyo de la consejera Rocío Ruiz a las organizaciones que se encontraban ayudando a las personas afectadas por el fuego. La propia Ruiz recordó desde Cartaya que su Consejería financia a todas estas entidades programas de atención a personas migrantes, y que su departamento ha destinado a ello este año una partida de cinco millones de euros.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, lamentó ayer el incendio, y aseguró que, «aún no teniendo competencias sobre este asunto, siempre va a colaborar en todo lo que esté a su alcance». En este sentido, Limón indicó que desde la institución supramunicipal están trabajando con el tejido asociativo y colabora con una asociación en un proyecto del albergue para temporeros que se está finalizando en Lepe.

Desde los sindicatos, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, criticó que «se vuelve a visualizar algo que se arrastra desde hace muchos años», al tiempo que apuntó que «ya es hora de que las administraciones pongan remedio a una situación tan denigrante como es que malvivan cientos de personas en los asentamientos de la provincia de Huelva». Donaire reiteró que «las administraciones tienen que ponerse a trabajar y dar solución a esta situación y dar habitabilidad en donde se establezcan estos cientos de personas».

Por su parte, el responsable de migraciones de CCOO Huelva, José Miguel Pino, recordó que su sindicato lleva alertando desde hace años «que algún día puede ocurrir una catástrofe humana sin precedentes y será tarde para las lamentaciones», por lo que es «fundamental» que las administraciones «busquen una solución urgente a este grave problema». «Es el momento de abordar de una vez por todas esta situación de infravivienda extendida por algunos pueblos de la provincia, con carencias higiénicas, de seguridad y de habitabilidad y que con el estado de alerta debido a la pandemia del Covid-19 se agravan de tal manera que estas miles de personas, en su inmensa mayoría hombres, no pueden cumplir ni el, confinamiento ni cumplir con el mínimo de higiene recomendado por las autoridades sanitarias», añadía CCOO en un comunicado.

Desde el PSOE, el parlamentario andaluz Mario Jiménez también mostró su pesar por el incendio y remarcó la importancia de «una actuación firme del conjunto de las administraciones, liderada por la Junta, que es quien tiene las competencias en materia de vivienda y lucha contra la exclusión social».

Rafael Sánchez Rufo, de IU, también recordó que “las administraciones tienen la obligación inmediata de intervenir ante esta grave situación para impedir que esta misma noche haya cientos de personas que no tengan absolutamente ningún sitio donde cobijarse, con lo que se agravan las penosas condiciones de vida que tienen que afrontar cuando llegan a los municipios agrícolas de nuestra provincia”. Sánchez Rufo añadió que los poderes públicos “no pueden limitarse a mirar sin hacer nada”, mientras son las ONGs las únicas que toman medidas para ayudar a la población migrante que vive en condiciones de total vulnerabilidad cuando llegan a los municipios onubenses.

Desde el ámbito patronal, Manuel Piedra, de UPA Huelva, lamentó profundamente los hechos ocurridos y coincidió en pedir la intervención de «todas las administraciones para la erradicación definitiva del problema de los asentamientos». Piedra se personó a primera hora de la mañana en local de la asociación Accem para ofrecer la colaboración de UPA en el dispositivo de ayuda a los chabolistas afectados por el incendio. Otras organizaciones consultadas ayer por esta revista declinaron hacer valoraciones sobre lo sucedido. En este sentido, José Luis García Palacios, presidente de Asaja Huelva y del lobby patronal Intefresa ha manifestado en más de una ocasión que «no es justo que se le achaque al sector agrario de Huelva la naturaleza y el origen de los asentamientos».

Finalmente, el alcalde Carmelo Romero situó ayer el foco del problema de los asentamientos en la «inmigración ilegal», obviando que buena parte de los residentes de las chabolas, más de la mitad según estudios algunos realizados,  son personas trabajadoras sin vivienda pero con su documentación en regla. Desde su sesgado análisis del problema, el también diputado popular pidió al Gobierno central que asuma sus competencias para que los asentamientos «puedan erradicarse». En este sentido, Romero informó ayer de que «también hemos instado a los propietarios de los terrenos a que insten a su vez a los juzgados o cualquier otro sitio para estas personas se puedan erradicar de esta zona. Es una zona peligrosa, es una zona de arboleda y es peligrosa».

Hace unos días, al Ayuntamiento de Lepe presentó su propio Plan de Erradicación del Chabolismo consensuado con los grupos políticos del municipio. Se trata de un proyecto para realojar a unas 500 personas en una zona de albergues para la que el Consistorio ofrece el terreno, y que requiere, según los cálculos del propio Ayuntamiento, una inversión de entre 600.000 y un millón de euros que deberían  salir de las arcas de otras administraciones o grupos empresariales. La propuesta ha sido criticada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), ya que la parcela destinada a la construcción del albergue está ubicada a 2,5 kilómetros del casco urbano, «ignorando que estas personas tendrán que desplazarse hasta los comercios del municipio andando por la carretera o en bicicleta, en el mejor de los casos». Hace unos años, el mismo ayuntamiento puso un marcha el llamado Plan Hábitat, con ayudas municipales para estimular el alquiler de las viviendas vacías de la localidad, pero obtuvo una muy escasa respuesta por parte de los propietarios.

«Los temporeros inmigrantes a los que anoche se les incendió el asentamiento chabolista en el que residen ya están realojados», decía ayer la segunda edición de Canal Sur Noticias. «De momento, están en casas de amigos y en las fincas en las que trabajan habitualmente». Superado un nuevo día de la marmota de fuego, devastación y pérdidas. Cuando despertemos, los asentamientos todavía estarán allí.


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